Columnista:
Andrés F. Benoit Lourido
Las revelaciones hechas por la Revista Semana recientemente, acerca de los seguimientos ilegales informáticos por parte del Ejército Nacional a periodistas, políticos, varias ONG, entre otros, abren nuevos cuestionamientos y recuerdan al país los diferentes casos que han sucedido desde hace décadas.
Específicamente en Colombia, las prácticas de las chuzadas, son una forma de intimidación política y social por parte de funcionarios públicos que tienen poder y representan al Estado. Y los casos evidenciados a lo largo de la historia demuestran algo en común: la intención de hacer operaciones sin órdenes judiciales sin límites éticos, morales o de derechos humanos.
Este es un viaje a la memoria de los mayores escándalos de espionaje y chuzadas en Colombia, contextualizado desde décadas atrás.
1994, expresidente Ernesto Samper y los ‘narcocasetes’
El tesorero presidencial, Santiago Medina, fue llamado a indagatoria por recibir dineros ilícitos para la campaña. Esta se vio directamente vinculada con la mafia del Cartel de Cali. Antes de las elecciones de 1994, el rival político de Samper, Andrés Pastrana, recibió grabaciones infiltradas en casetes; su contenido, ponía en evidencia que la campaña de Samper había sido financiada por los narcotraficantes. Sin embargo, las mismas cintas, comprometían la campaña de Pastrana.
En el libro Prohibido decir toda la verdad, del periodista Raúl Benoit, narra en detalle su experiencia con las mafias del país, y afirma que la Fiscalía cerró la investigación de los ‘narcocasetes’ porque las grabaciones se hicieron de forma clandestina y las consideraron ilegales por “espiar conversaciones privadas”.
Dice Raúl: “[…] pero los narcocasetes apenas sería la punta del iceberg. Las autoridades no corrompidas allanaron una sede administrativa del Cartel y hallaron más de 30 mil cheques girados a políticos, periodistas, militares, artistas, jugadores de fútbol, entre otras personalidades de la vida nacional e internacional”. Finalmente, sin importar todo el escándalo judicial del “proceso 8000”, Ernesto Samper asumió la Presidencia hasta 1998.
Andrés Pastrana y la desaparición de activistas
Durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002), no fueron desterradas del todo las chuzadas ilegales, como por ejemplo, la interceptación de comunicaciones a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a través de falsificaciones de órdenes de la Fiscalía. El caso fue asociado con la desaparición de activistas como: Ángel Quintero y Claudia Monsalve porque sus teléfonos fueron chuzados, y por esto fueron investigados varios policías como el coronel Mauricio Santoyo, quien terminó siendo luego, el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.
Las chuzadas del DAS
Álvaro Uribe Vélez (dos periodos presidenciales, de 2002 – 2010). El fenómeno de chuzadas ilegales detonó en su Gobierno. Según la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) espió a la Corte Suprema de Justicia durante dos años, aproximadamente.
A Alba Luz Flórez Gélvez le decían “la Mata Hari” y tenía un código secreto para una tarea puntual: poner una grabadora en una mesa principal de la Corte Suprema. La misión: seguimientos de inteligencia para lograr que personas muy cercanas a los magistrados traicionaran su confianza.
Además de la historia casi anecdótica de “la Mata Hari”, la administración de Uribe realizó seguimientos ilegales a periodistas, funcionarios públicos, estudiantes universitarios, sindicalistas, familias, activistas, etc., por practicantes del paramilitarismo y miembros vinculados a este grupo armado, y también por políticos simpatizantes.
Partiendo de las pruebas por la Fiscalía, la situación se calificó como “una empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe desde la Casa de Nariño”, y provocó la salida de generales de la Policía, varios funcionarios del Gobierno terminaron en la cárcel, como la directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el subdirector de Contrainteligencia, Jorge Lagos; y el subdirector José Miguel Narváez, involucrado también en el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón.
Finalmente, por iniciativa del expresidente Juan Manuel Santos, el DAS fue liquidado.
Hackers en el proceso de paz
Gobernando Juan Manuel Santos, en el 2014, fue allanado un local con fachada militar en Bogotá, en donde encontraron computadores y aparatos tecnológicos con chats de altos funcionarios y negociadores de la paz en La Habana. Dos generales fueron relevados de sus cargos y capturado el hacker Andrés Sepúlveda, asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, por traficar información del proceso de paz.
Las carpetas secretas
Llegamos al 2020, durante la administración de Iván Duque y caso por parte del actual Ejército Nacional. El espionaje informático ilegal continúa, y ya fue revelado por la Revista Semana como “Las carpetas secretas”. En el seguimiento, el blanco son profundos perfilamientos y descripciones precisas de las relaciones sociales de periodistas nacionales e internacionales, principalmente del diario The New York Times, luego de que al exgeneral Nicacio Martínez se le responsabilizara de aumentar el número de capturas, ataques y muertes en combate. Por esta situación del militar, discrepó el periodista Daniel Coronell a los directores de Semana, por no hacerlo público en su debido tiempo, mismo medio que, paradójicamente, está informando acerca de las chuzadas y espionaje.
¿Nos deja lecciones?
Sí. Varias instituciones del país han gastado miles de millones de pesos en ciberinteligencia para perseguir. Por otro lado, todo el sistema político y estatal está involucrado en asuntos de corrupción aterradores. Y por último, quienes asumen esta guerra contra las injusticias, la mafia y la codicia son perseguidos, intimidados, amenazados y asesinados. ¿Es válido? No. Pero es el escenario colombiano y su historia no recordada. Yo creo que merece mucha trascendencia.
