Columnista:
Juan David Ramos Sierra
En lo que va de la cuarentena en Colombia han sido asesinadas 12 mujeres. Las llamadas de auxilio se han disparado y en su mayoría corresponden a denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Es un tema que inquieta, porque al igual que el coronavirus, el feminicio es catalogado también como una pandemia.
El aislamiento obligatorio por la COVID-19 ha traído aspectos positivos para cuidar la salud de los colombianos, darle tiempo al sistema de salud para prepararse, y reducir el pico de contagios; pero las dinámicas sociales, económicas y financieras tan desiguales en los hogares, hacen que permanecer en el encierro se configure en un peligro.
La violencia de género, entre sus múltiples factores, se explica cuando la víctima vive con el victimario y no se puede desprender de la agresión. Para el experto en seguridad ciudadana Jerónimo Castillo, la razón es la falta de mecanismos efectivos para que el victimario pueda vivir una vida distinta alejada de su agresor.
Los apoyos para alcanzar una independencia económica, asistencia psicosocial sostenida, protección efectiva y la solución judicial, para el experto, tardan en llegar y, en época de cuarentena, esta tendencia se recrudece. Las dificultades institucionales para atender a los llamados de auxilio se reflejan en la angustia de mujeres por una atención efectiva.
Los representantes Adriana Matiz y José Daniel López en el primer debate de control político virtual en el Congreso, citaron a organismos, instituciones y judiciales para responder a la situación de violencia intrafamiliar de las mujeres, y entre las conclusiones más desalentadoras están la falta de garantías a las respuestas de denuncias por agresiones, y a lo que llama López “muertes anunciadas”.
Las barreras también están en acercarse a las Comisarías de Familia, encargadas de la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, pero que ven un peligro por la convivencia con el agresor que permanece en el hogar y porque salir implica enfrentarse al miedo de infectarse e infectar a los suyos; estar bajo la vigilancia de la autoridad para que no viole la cuarentena, y en los ojos de su victimario.
Otra de las conclusiones es el comportamiento individual que trabajan entidades como la Fiscalía, Medicina Legal y Policía en tema de víctimas de violencia intrafamiliar, por la desarticulación de cifras que no coinciden. Para los citantes, “el enfoque está en cumplir y no en la integración institucional para generar resultados y evitar que escale la violencia”.
Según la Policía Nacional, las llamadas a sus líneas de atención, entre el 20 de marzo y el 7 de abril, fueron 2054. Entre tanto, la Línea Púrpura, que brinda orientación y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia, registró en el mismo periodo 11 792 llamadas y mensajes que reflejan la radiografía de una parte de las realidades colombianas.
Para Castillo, las preguntas del aumento de las cifras son respuestas obvias en aspectos que se deben reconsiderar con preguntas de “si estamos dispuestos a desarrollar mecanismos efectivos que contribuyan a prevenir y sancionar esas violencias” o “si vamos a dejar de lado la insensibilidad y a concentrarnos en actuar”.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, se refirió a la necesidad de estrategias de educación en el cuerpo normativo para atacar las violencias simbólicas de género. A su vez, la alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, anunció una estrategia articuladora entre despachos del Gobierno para atacar la violencia en ejes temáticos como la prevención, atención, acceso a la justicia y sistema de estadísticas.
El representante López reconoce la sensibilidad y voluntad de las entidades, pero ve con preocupación la falta de liderazgo en la articulación y su futura superación. Las medidas para la atención de las víctimas parecen ser insuficientes en mecanismos individuales que, en la práctica, hacen muy poco para detener las violencias.
Tragedias como la de la joven Mery Eslein Ulabares Mosquera de 19 años, asesinada en Cali, lo que aparentemente sería un feminicidio por violencia de género de su pareja sentimental, o el llamado de una mujer que ha intentado denunciar bajo amenaza y que se escapa aprovechando que tiene que trabajar, son la radiografía de situaciones dramáticas que requieren de medidas excepcionales y diferenciales.
La especialista médica y representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes, advierte que la violencia de género es una pandemia silenciosa con altos niveles de impunidad, una tragedia que al igual que el coronavirus, deja a su paso fallecidos, con la diferencia de que este no distingue entre sexo, género o clase.
Güezmes se refiere también a los impactos diferenciales, es preciso, ante la respuesta a las pandemias, un enfoque de género por las desigualdades latentes y riesgo de violencia en el incremento de espacios de aislamiento.
