Las miserias que nos muestra la pandemia

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez

Situaciones difíciles que afectan a la sociedad colombiana y permanecen latentes en el mismo lugar, pero no las percibimos regularmente ni las reflexionamos, se manifiestan con nitidez en momentos en que el Estado y todos enfrentamos la COVID-19. Asimismo, otras crisis sociales que percibimos regularmente, de forma cotidiana, se exacerban y exponen de manera incomprensible, también en razón de la pandemia, y dejan ver la parte oscura de la naturaleza humana. Veamos:

Para nadie es un secreto el abandono en que se encuentran ciertas regiones o departamentos de Colombia, como La Guajira o Chocó, donde se presentan los mayores índices de pobreza extrema. Sin embargo, pudimos advertir con asombro, con ocasión de la adopción de medidas para enfrentar el coronavirus, que en Chocó no hay camas destinadas para unidades de cuidados intensivos en la red de salud pública, no se cuenta con implementos de bioseguridad para el personal médico, y nos enteramos de que el cuerpo sanitario del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, no recibe el pago de su salario u honorarios desde hace 5 meses. Así lo informó el diario El Espectador en su edición del pasado 14 de abril (investigación de María Paula Ardila), donde también se habla de la falta de agua potable.

Y qué decir de La Guajira, lugar en el que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, por la vulneración generalizada y masiva de los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y otros de su población y, especialmente, de los niños y niñas indígenas, sin que se advierta que la situación haya mejorado de manera satisfactoria. Nos enteramos que allí, con ocasión de la llegada del primer caso de COVID-19, se viene enfrentando una sequía de más de 5 meses y, por ende, una gran dificultad, por no decir imposibilidad, de cumplir con la recomendación general de lavado frecuente de manos con agua y jabón para prevenir la pandemia, debido a que en el 98 % de los territorios étnicos no hay servicio de acueducto ni alcantarillado.[1]

El Estado no puede permanecer impávido, indolente, ante esa terrible situación que se vive en varias regiones del país y solo acordarse de ellas con ocasión de la pandemia. Ahora, antes y, muy seguramente, después de la crisis sanitaria, se seguirá viviendo en estas zonas una tragedia humanitaria, debido a la falta de garantía de los derechos humanos, (especialmente los fundamentales y los sociales, económicos y culturales básicos).  

De conformidad con el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política, es un deber de las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y esa obligación debe cumplirse en cualquier tiempo y lugar, y no solo en épocas de pandemia.

Lastimosamente, en nuestro remedo de democracia, la atención a esa población vulnerable no es prioridad, como sí lo son las exenciones tributarias a los grandes empresarios e industriales (privilegiados en nuestro país), las que violan el principio de igualdad aumentando la carga para quienes no son beneficiarios de las mencionadas exenciones que, en últimas, tienen que pagar más para financiar a los que no están obligados a tributar, con flagrante violación de los principios de proporcionalidad, equidad y progresividad tributarios.

Y para continuar con el panorama desolador que nos muestra la pandemia, se evidencia que los casos de violencia de género se dispararon durante el confinamiento, debido a que las mujeres deben permanecer en aislamiento en el hogar con su maltratador, lo que a todas luces permite advertir que la violencia machista es recurrente en la propia casa, no se detiene, y que se necesitan medidas eficaces que permitan evitar que se siga produciendo ese fenómeno denominado “normalización” de la situación, no solo con ocasión del periodo excepcional que actualmente pasamos, sino en adelante, y que no se continúe, como sucede en la mayoría de los casos, revictimizando y culpando a la mujer por su comportamiento frente al hombre.

De otro lado, en una evidente conducta humana orientada por el egoísmo y el interés individual o personal, olvidando que la solidaridad no es solo compartir lo que se tiene materialmente, resulta que la ciudadanía aplaude como héroes en la noche a médicos y enfermeros, pero los discrimina y aísla en los conjuntos cerrados donde residen, en supermercados, en espacios públicos, en el transporte, etc. ¡Qué manera particular de aplicar la tolerancia y la gratitud tiene la ciudadanía! Todo de dientes para afuera. ¡Comportamientos dignos de imitación!   

Por último, produce bastante asombro que, en plena emergencia, los corruptos no se detengan. Parecía impensable que algunos gobernadores y alcaldes o sus delegados violaran la ley con ocasión de la celebración de los contratos, muchos relacionados con mercados de productos básicos de la canasta familiar, para atender a la población vulnerable y sacar tajada. Ni siquiera en una situación excepcional de carácter humanitario pararon de robar. En total 5198 contratos son objeto de investigación por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por corrupción. ¡Qué horror!

Frente a tan aberrante hecho, es hora de que la ciudadanía se concientice y advierta que su principal arma en contra de ese flagelo de la corrupción es el voto. La única forma de castigar a esa clase proterva, que se aprovecha hasta de la enfermedad de la mamá, es privarla del poder con el sufragio, para que no vuelva a hacer de las suyas y no pueda seguir robando el erario.

Esta es una simple muestra aleatoria de las miserias que padece nuestra sociedad, que brotan a flor de piel en épocas de pandemia, que el Estado no solucionará con pañitos de agua tibia y, que además, perdonen el pesimismo, se agudizarán, para nuestra desgracia, después de superada la emergencia.

Hechos para reflexionar en el tiempo que queda de aislamiento obligatorio.      

Adenda: El llamado obligatorio que hace el Estado al personal que presta sus servicios en el área de la salud, cuando no le responde con adecuadas condiciones laborales y de bioseguridad, es un total despropósito.

[1] Ver informe de El Espectador del 8 de abril de 2020. Blog El Río. Por Daniela Quintero Díaz.