Columnista:
Juan David Ramos Sierra
Desde que Iván Duque le pidió a los funcionarios de cargos públicos no lavarse las manos en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia, existen motivos para pensar que el Gobierno también lo hace.
Todo empezó cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió a Migración Colombia que se hiciera cargo de los migrantes, esto porque estaban siendo desalojados en los “pagadiarios”, lo que implicaba que quedaran en la calle y, que exponiéndose y exponiendo a los demás, hubiese más posibilidades de contagio de coronavirus.
La petición, que no sentó bien porque Migración no podía hacerse cargo, generó la reacción de Duque al advertir que “políticamente nadie puede lavarse las manos”, en una clara referencia a López; y luego añadió que es responsabilidad de todos atender a los sectores más vulnerables, un comentario que es cierto, porque la crisis activó el sentido de solidaridad de los colombianos.
Pero el comentario desafortunado no solo reflejaba un choque con la alcaldesa, sino la evidente contradicción al mensaje de unidad y de trabajo en equipo que ha expresado el presidente.
Si bien este conflicto no pasó a mayores, y el Distrito prohibió desalojarlos, la Secretaría del Hábitat todavía no regula la entrega de ayudas a las familias venezolanas y colombianas que viven en estos lugares, porque están en la disyuntiva en si darle plata para que paguen o pagarle directamente a los dueños para que los hospeden. ¿Cuándo resolverán el entuerto? Lo único cierto es que cada minuto que se pierde es vital.
Otra realidad sucede en el municipio de Soacha con el anuncio del alcalde Juan Carlos Saldarriaga de negarse a que se construya un albergue, de 8 programados por la ministra del Interior, Alicia Arango, destinado a la atención de la población migrante venezolana y para que cumplan con las medidas de aislamiento.
La razón del alcalde fue darle tranquilidad a los ciudadanos de que no habría ningún albergue en una ciudad en la que habitan más de 30 000 mil, y que en redes sociales ya se mostraba el rechazo para su construcción, a pesar de que contrasta con los brotes de indisciplina y de delincuencia de personas extranjeras denunciadas por el mandatario.
Pero, lo que comenzó con un reclamo de responsabilidades, se traslada ahora en la solicitud del Ministerio de Salud para pedirle apoyo a la comunidad internacional para atender migrantes venezolanos, esto, porque insisten, es un costo financieramente muy alto y que es menester aumentar las fuentes de ingreso.
Para Felipe Muñoz, que atiende el tema de migrantes en frontera con Venezuela, la atención en salud de estos representa una presión sobre los recursos del Estado.
La administración de López fue enfática en aclarar que “sin un peso del gobierno nacional, por 3 años, los bogotanos con nuestros impuestos hemos cubierto la salud, jardín, escuela y alimentación a los niños y empleo a familias venezolanas. Pedimos ayuda del gobierno nacional por cuarentena y salimos a deber…”. ¿Acaso la reacción de Duque significa que no tenía el dinero suficiente para atender a la población?
No en vano, atender la población venezolana y colombiana que viven en similares condiciones, depende de la voluntad política y económica de los gobernadores. Y para ello el Gobierno Nacional ha pedido y ha recibido ayudas económicas internacionales, ahora bien, ¿en qué se han invertido?, ¿cuánta población han ayudado?
Esto se ha visto en los barrios del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, en zona de frontera; con la entrega de mercados y kits sanitarios de la Gobernación, la Alcaldía y agencias de cooperación internacional, pese a que sus necesidades van mucho más allá, pues viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
