Los especuladores de alimentos también están en las alcaldías y las gobernaciones

Columnista: 

Juan David Ramos 

Una vez declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la pandemia de COVID-19 y, posteriormente el aislamiento obligatorio en todo el país, el Gobierno Nacional anunció 14,8 billones de pesos para paliar los efectos del coronavirus, que aún no se giran a las alcaldías y gobernaciones que comienzan a hacer contratos con dineros propios, pero con serias sospechas.

Los alcaldes y gobernadores desde un principio empezaron a tomar medidas para enfrentar el virus; algunos restringieron la movilidad y el transporte en sus territorios; otros suspendieron el pago de los servicios públicos y, aunque la mayoría están en la carrera por la adquisición de camas UCI y de respiradores mecánicos, comienzan a preparar a las personas para que se queden en casa y no se expongan a este. 

Como el compromiso que asumió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de garantizar la alimentación de sus habitantes puerta a puerta para que no tengan que salir a rebuscársela en una ciudad que tiene la tasa de homicidios más alta del país; o en Medellín, que con inteligencia tecnológica cruzan las bases de datos para evitar que las entregas de mercados se repitan y la distribución equitativa se garantice.

No obstante, la entrega de alimentos en otras partes del país retrata una foto vista antes y que corresponde a 11 contratos que investigan la Fiscalía y la Contraloría por presunta corrupción e irregularidades en la contratación de alcaldías y gobernaciones para atender la emergencia generada por el coronavirus. La Procuraduría también anunció la vigilancia y control de los mercados hacia las familias más necesitadas.

Entre las denuncias están las del diputado Nicolás Petro a la administración de Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, por el contrato que adjudicó a la empresa TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S. para la entrega de mercados a las poblaciones más vulnerables del departamento, pero que al parecer, habría incurrido en un sobrecosto de precios estimados, actualmente, de menor cuantía en el mercado colombiano. Cada mercado habría sido facturado casi al doble del valor comercial. 

Una situación similar se evidencia en el presupuesto general del departamento de Arauca para la adquisición de kids al beneficio de 33 437 familias que, como se muestra, denuncian un aumento desbordado por el precio unitario de cada alimento. Habrían pagado lata de atún a 19 959. 

Precisamente, el Gobierno Nacional había garantizado el funcionamiento de la cadena de producción y adquisición de bienes de primera necesidad, como alimentos, bebidas y medicamentos para la cuarentena, una decisión que se tomó luego de que las personas entraran en pánico y empezaran a comprar excesivamente productos en los supermercados y centros de cadena.

Sin embargo y, como efecto colateral, el presiente Iván Duque había pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que reforzara los controles para frenar a los especuladores de precios, esto porque en el país comenzaron a circular denuncias contra personas y empresas que estaban incurriendo en dichas prácticas. Duque, pidió pues, que los lugares fueran identificados y que se tomaran medidas drásticas ante las difíciles circunstancias que vive actualmente el mundo por el coronavirus.

Así también lo hizo saber el Ministerio de Agricultura que hace poco habilitó un chat de WhatsApp para que los ciudadanos denuncien en caso de evidenciar sobrecostos de alimentos de primera necesidad e insumos agropecuarios. La línea que abrió el Ministerio corresponde al número 320 6717746 habilitado todos los días de la semana desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

En palabras del ministro Rodolfo Zea Navarro, se busca que con este servicio “se puedan presentar denuncias de especulación y así proteger su bienestar económico, especialmente de los consumidores más vulnerables, como lo son los pobladores rurales, los campesinos y todos los actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización”.

Entre los delitos que pueden incurrir los especuladores, van penas de 48 a 108 meses y multas que van desde los 26,66 hasta los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es así como el Gobierno Nacional, luego de haber ordenado a los gobernadores, y a los alcaldes del país a adoptar instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas en sus respectivos territorios, algunos lo estén cumpliendo o hacen el esfuerzo por hacerlo, pero por el contrario, hay otros que incurren en irregularidades, en un momento en el que sus ciudadanos presentan necesidades y, que históricamente, han sido regiones con brechas de pobreza y marginalidad.