Pandemia y solidaridad

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez

A partir de la Constitución de 1991 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Artículo 1 de la Constitución Política).

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 95 de la misma carta, es un deber de toda persona y ciudadano, “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

La Corte Constitucional define el principio de solidaridad como “un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o interés colectivo”. “La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”. (Ver entre otras la sentencia C-767 de 2014).

Pues bien, la solidaridad social es valor, principio y deber constitucional de toda persona y ciudadano, y luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó el COVID-19 y lo caracterizó como una pandemia (enfermedad epidémica que se extiende por varios países del mundo de manera simultánea) y esta tocó la puerta e ingresó a nuestro país, llegué a pensar que tanto las autoridades como la generalidad de los colombianos cumplirían con ese deber que nos impone la Constitución.

A pesar de la existencia de una regla de conducta (deber) impuesta por el ordenamiento jurídico que, como muchas otras obligaciones se quedan simplemente en la letra de las constituciones y las leyes, no sorprende que el comportamiento ciudadano no sea el esperado o el del deber ser, pues es evidente que las acciones del ser humano, por lo general, se orientan por el egoísmo y el interés individual o personal, olvidando que la solidaridad, como valor, constituye un límite al acto propio que impone orientar el comportamiento también hacia el bienestar colectivo o social.

Y esa manera de privilegiar el interés individual fue lo que pudimos observar una vez se impuso en Bogotá el simulacro por la vida y se conoció el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, que arranca el próximo 24 de marzo y se extiende hasta el 13 de abril siguiente.

En efecto, algunos habitantes de la capital, con ocasión del simulacro, salieron de puente a los municipios cercanos, sin importar el riesgo que tal comportamiento pudiera generar para las personas en los lugares a donde se movilizaron e incluso sin interesarles el propio y el de sus familias.

Otros se desbocaron y salieron a los supermercados a aprovisionarse, sobre todo, de elementos de aseo (papel higiénico, gel antibacterial y desinfectante), como si el mundo se fuera a acabar, impidiendo que los demás, por lo menos los que tienen para hacer un mercado al mes, pudieran también abastecerse. ¡Esa es la solidaridad del pueblo colombiano!

Por su parte, en los establecimientos de comercio, plazas de mercado, etc., en otro gesto de «apoyo» o respaldo a la comunidad, se aumentaron los precios, porque lo que realmente interesa es aprovechar la situación de calamidad y ganar dinero adicional.

Y qué decir del “altruismo” de algunos bancos que en lugar de congelar los pagos de los créditos, por el tiempo que dure el aislamiento, y reanudarlos luego como venían, informaron que no cobrarán las cuotas ni reportarán en las centrales de riesgo a quienes no puedan abonar a la deuda, pero bajo la condición de un refinanciamiento de las obligaciones, “beneficio” con el que, al final, los deudores terminarán pagando más de lo que debían.

Tampoco sorprende el “apoyo” de algunos grandes empresarios que, a diferencia de lo que hizo Arturo Calle o Cine Colombia, notificaron a sus empleados la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, sin siquiera proponer alguna medida transitoria o auxilio, así no les paguen el sueldo que corresponde, dejando a su suerte a bastantes personas que viven de ese salario y, que en muchos casos, son los únicas que trabajan en la familia.

Y la flor que le faltaba al ramo de la solidaridad la pone la Iglesia Cristiana Ríos de Vida que, a través de sus pastores y en pleno aislamiento por la pandemia, les pide a sus feligreses que sigan cumpliendo con el diezmo, con facilidades de pago y por Internet.

Si esa es la solidaridad frente a una amenaza que toca los hogares de todos los colombianos, que no distingue clase social, posición, raza, origen, edad, sexo, religión, filiación política, ideología, etc., qué se puede esperar de la sociedad frente a la situación de quienes viven en lugares apartados de las grandes capitales a donde no llega el Estado, que son víctimas de desplazamiento forzado y de confinamiento; que no pueden salir a determinadas horas, no por miedo al contagio de un virus, sino por temor a las balas, y donde asesinan todos los días líderes sociales.  

Queda por decir que en una situación como la actual, tan excepcional, a las autoridades del Estado les corresponde no solo proveer los recursos para el sistema de salud y garantizar la atención hospitalaria por la emergencia del COVID-19, sino también las condiciones mínimas de vida digna para todas las personas, no solo de aquellas que hacen parte del trabajo informal y que no podrán salir a trabajar por el aislamiento, sino de las que por la absoluta falta de consciencia y solidaridad ciudadana, van a quedar desamparadas.

Urgen entonces medidas a favor de la población que actualmente se encuentra y se encontrará, con el paso de los días, en circunstancias de debilidad manifiesta por razones económicas.