Columnista:
Juan David Ramos Sierra
La situación de los exguerrilleros de las FARC en el territorio colombiano no parece detenerse, el asesinato de 188 excombatientes desde la firma en 2016 del acuerdo de paz preocupa no solo la base, sino también la estabilidad del proceso. El Partido FARC ha hecho eco a estas denuncias —que considera un “exterminio”— y a la indolencia por parte del Gobierno de Iván Duque que “obstaculiza y estigmatiza”.
Los hechos de violencia que, en su mayoría se han registrado en zonas rurales, dependen de las dinámicas del territorio y del comportamiento de los grupos armados que controlan o hacen presencia y, Antioquia, no es la salvedad. En el departamento han sido asesinados 21 de los 1200 excombatientes de las FARC, con el agravante de que doce de esos homicidios se ejecutaron en un mismo lugar, el municipio de Ituango.
Las problemáticas que se viven en el municipio y la región tienen un amplio recorrido en el conflicto armado y en la actualidad. Al ser una zona estratégica para el narcotráfico y la minería ilegal, hace que albergar a más de la mitad del Nudo de Paramillo en Ituango no sea un privilegio, sino una alerta ante la difícil situación de violencia e inseguridad por el incremento de grupos armados y el surgimiento de disidencias de las FARC. Un coctel que genera miedo e incertidumbre.
Miedo que se trasmite en la petición de 60 familias del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, en la zona veredal de Anda Lucía, que pretenden hacer tránsito a la vida civil en la búsqueda de un nuevo territorio para salir de los hostigamientos que padecen. El objetivo de los reincorporados es reinsertarse, pero exigen condiciones estableces que les permitan proteger sus proyectos productivos. La situación es tan crítica que en una iniciativa de la sociedad civil, en participación de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos de Medellín y Antioquia, viajaron a la zona para manifestar su apoyo a los excombatientes y la preocupación por la falta de garantías en el cumplimiento del acuerdo de paz del actual Gobierno.
El apoyo iba dirigido a crear un diagnóstico y una agenda para las condiciones de estabilidad y reincorporación, con el fin, de trasmitir algunas preocupaciones y recoger varias propuestas dirigidas a la Comisión de Paz del Congreso y, al Concejo Municipal, en una audiencia pública en compañía de excombatientes de las FARC y de las comunidades para encontrar una solución a la difícil situación de inseguridad y de una atropellada implementación.
Aunque dicha citación no se pudo desarrollar en compañía de los congresistas, sí hubo un llamado fuerte al legislativo para que ponga su mirada en esta zona, y al Gobierno Nacional para que interceda de manera oportuna, con el fin de evitar un nuevo hecho que lamentar. Es así como la comunidad le apuesta a sus proyectos productivos en una muestra de compromiso con el acuerdo firmado, igualmente, la sociedad civil que, por medio de iniciativas como la Caravana Humanitaria, permite abrazar la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.
