Columnista:
Germán Ayala Osorio
En el marco de la “Ñeñe Política” se vislumbran circunstancias institucionales que bien pueden servir para señalar, como hipótesis, que entre las acciones de allanamiento adelantadas por la Dijín, junto con fiscales, y las relaciones político-electorales de José Guillermo Hernández con Iván Duque, Uribe y otros políticos, ganaderos y militares, se percibe un enorme distanciamiento ético-político e institucional, que da para pensar en que en Colombia opera un “Doble Estado”.
No se trata de un problema de coordinación institucional entre un sector de la Policía Nacional y de la propia Fiscalía, con altos oficiales del Ejército y la campaña de Duque Presidente y el expresidente Uribe para que estos últimos supieran de las andanzas del fallecido testaferro de alias ‘Marquito’ Figueroa. No. Por el contrario, se puede colegir que el trabajo investigativo, conducente a extinguir del dominio varias propiedades de alias ‘Marquitos’ Figueroa y del ‘Ñeñe’ Hernández, obedece a una separación misional entre instituciones del Estado que, de tiempo atrás, devienen permeadas por mafiosos, testaferros y narcotraficantes, y además, distanciadas por las presiones políticas que sectores del Establecimiento, incluidos partidos políticos y jefes y líderes de dichas colectividades, suelen hacer con el fin de evitar las investigaciones y torpedear los operativos preparados y ejecutados por fiscales y policías dedicados a perseguir a narcotraficantes, testaferros y lavadores de dineros.
Así entonces, y más allá del escándalo político y mediático que generan ya las grabaciones que dan cuenta de la compra de votos para la campaña Duque Presidente, lo que más debería de preocupar es la operación de instituciones estatales bajo la presión de políticos que defienden a mafiosos, testaferros y narcotraficantes. Ello no solo confirma la existencia de un “Doble Estado”, sino la consolidación de un Estado mafioso y criminal.
Y es allí en donde los organismos de control deberían de poner sus objetivos y acciones investigativas para determinar el grado de penetración que los mafiosos, testaferros y narcotraficantes han logrado en la institucionalidad estatal y, por esa vía, medir el nivel de distanciamiento misional entre la Dijín-Fiscalía y el partido de gobierno y miembros de la cúpula militar.
Dejar que prosperen este tipo de rupturas institucionales significa no solo legitimar la ya consabida captura del Estado por parte de élites económicas y políticas (élites de Estado), sino permitir que derive esa sujeción del régimen hacia los intereses criminales de agentes ilegales encargados de borrar los límites entre lo legal y lo ilegal, con la anuencia de agentes políticos, empresarios del campo (ganaderos, por ejemplo) y militares fascinados con la vida ostentosa que suelen llevar personajes como el ‘Ñeñe’ Hernández.
Está muy bien que la Corte Suprema de Justicia abra investigación preliminar en contra del senador Uribe en virtud de lo que dicen las grabaciones legales que se le hicieron al fallecido testaferro. Pero lo que realmente se requiere es de una purga al interior de la Fiscalía, porque los audios se conocieron por la acción independiente del corajudo periodista, Gonzalo Guillén. De igual manera, se requiere una purga al interior de las Fuerzas Armadas y de la propia justicia, por cuanto es evidente que hay militares, policías y jueces que actúan en complicidad o, por lo menos, con simpatías hacia mafiosos y testaferros.
Preocupa, eso sí, los silencios de la Iglesia Católica, de la Academia y de otros agentes de la sociedad civil que parecen no dimensionar la gravedad del distanciamiento misional entre instituciones estatales, dada la penetración mafiosa en sus institucionalidades. Esa circunstancia motiva enfrentamientos policiales y militares, y las persecuciones contra aquellos funcionarios comprometidos, realmente, con la persecución de criminales.
Las fotografías y videos en los que aparecen, el entonces candidato a la Presidencia, Iván Duque Márquez, abrazado con el ‘Ñeñe’ Hernández y, las que registran la cercanía entre el fallecido testaferro y altos oficiales del Ejército que, derivó en un traslado en un avión militar y en la entrega de un reconocimiento, no pueden ser minimizadas por cuanto son claras expresiones de las coincidencias ideológicas y políticas entre narcos y agentes del Establecimiento, que terminan por confirmar que este es un régimen mafioso y corrupto, tanto o más como el régimen que funciona en Venezuela.
Adenda: está en mora la Corte Suprema de Justicia en adoptar una decisión en derecho en el proceso que lleva contra Uribe, por manipulación de testigos y fraude procesal. Viola los derechos del vinculado y, por esa vía, pierde credibilidad y legitimidad el alto tribunal. Ya es tiempo de fallar, a favor o en contra del procesado.
