Columnista
Juan David Ramos Sierra
Los magistrados de la Corte Constitucional, en un nuevo debate por despenalizar el aborto en las primeras 16 semanas de gestación, no se pronunciaron al respecto; con una votación de 6 contra 3, las causales que, en su momento la Corte falló en 2006, siguen intactas. Las intenciones, aunque claras, no generaron el efecto deseado, la discusión entra en una situación que adolece de inmediatez, producto de las movilizaciones y divisiones que generan en el país.
Dicho aplazamiento hace parte de la postergación de algunos retos sociales y humanos que atraviesa actualmente la sociedad colombiana. Las múltiples movilizaciones sociales a nivel territorial solo son una muestra de ello, la aclamación en discusiones de fondo únicamente demuestra y, reafirma, la necesidad y la urgencia de tomar medidas que estén a la altura de las transformaciones en tema de libertades y derechos que, exigen no solo un esfuerzo de los colombianos, sino del sistema judicial.
La actitud tomada por parte de los magistrados no refleja un avance, pero tampoco un retroceso, aunque sí abre la puerta a nuevas demandas para despenalizar el aborto, producto de algunas mujeres que buscan hacer velar sus derechos fundamentales. No obstante, encuentran trabas en la justicia, como queda comprobado en un estudio de la Fiscalía que demuestra la discriminación que padecen las mujeres jóvenes y, de estratos 2 y 3, para acceder a los servicios de atención en caso de que el embarazo esté enmarcado en las 3 causales.
La decisión de inhibirse frente al tema, da a entender, que no era el momento adecuado para una discusión de fondo, más aún cuando la demanda buscaba la inconstitucionalidad de las causales porque, de ser así, se abriría a nuevas demandas.
El hecho que reafirma esta decisión corresponde más a un asunto político y técnico, que social. La presión de movimientos provida, en conjunto con el presidente de la República y senadores de la bancada del Centro Democrático que defienden la vida de gestación en el vientre de la mujer y, que por tanto, no buscan despenalizar, esgrimen argumentos de índole ideológico sobre los magistrados, por lo cual sus decisiones quedan comprometidas.
La determinación tomada de, aplazar el tema hacia futuro, demuestra que no solo el Congreso de la República se abstiene a decidir sobre los derechos reproductivos de la mujer, sino que también en el sistema judicial se presentan trabas hacia ella. Dicha situación no solo conlleva a que se ponga en peligro la vida de la madre, sino que se siga comprometiendo a largo plazo.
La Corte, en conformidad a sus funciones de responder demandas de inconstitucionalidad contra las leyes presentadas por los ciudadanos, ha sentado precedente, tomando jurisdicción sobre sus facultades para decidir en el marco de la interpretación de la Constitución, ha obrado en conciencia a preservar y prevalecer los derechos de los colombianos, aunque genere divisiones y sensaciones de determinaciones más políticas que judiciales.
El papel que se demanda del sistema judicial es el pleno ajuste al dictamen de la Constitución, no obstante, han surgido inconvenientes que obstruyen la discusión enmarcada en proteger a las mujeres que están siendo perjudicadas por un sistema de salud que, se abstiene de proceder, argumentando diferentes razones como la objeción de conciencia. Por tanto y, como plena garantía en los derechos de las mujeres, la Corte desde sus competencias deberá dar una discusión de fondo para no relegarse de la sociedad y, de esta manera, ajustarse a las necesidades de una ciudadanía que está en completa transformación.
Referencias:
https://lasillavacia.com/su-inhibicion-corte-congela-avance-sobre-aborto-deja-puerta-abierta-75705
Fotografía: cortesía de Latinoamérica piensa.
