Columnista:
Jesús Antonio Córdoba
En lo que llevamos del Gobierno del presidente Iván Duque, se han dado varios nombramientos que tienen una gran influencia suya; casos como el de Rubén Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) o el más reciente y criticado nombramiento de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, debido a la terna enviada por el mandatario, responden al exacerbado presidencialismo que nos dejó la Constitución de 1991.
Estos son 2 cargos de mucha trascendencia, ya que Darío Acevedo tiene bajo su responsabilidad, la tarea de mantener viva la memoria histórica de este país, aún cuando es de público conocimiento su torpe intento por desconocer la existencia del conflicto armado no internacional que padece Colombia hace varias décadas; y Francisco Barbosa, que es ahora la cabeza visible de la política criminal dentro del Estado colombiano, debiendo ejercer sus funciones de manera independiente, pero que a raíz de su cercanía con el Ejecutivo y, su manera de proceder, deja muchas dudas sobre la posibilidad de cumplir a cabalidad con dicha característica como fiscal.
Por la importancia de estos cargos y otro tipo de elecciones en las que también está presente el jefe de Estado, es necesario que se abra la discusión sobre la urgencia de una reforma al desproporcionado presidencialismo, en donde no existe ningún tipo de respeto por la división de poderes y, se ponen al arbitrio del dirigente de turno, aspectos trascendentales como la memoria y la política criminal del país, es decir, desde la Presidencia se hace evidente la influencia para imponer su propia versión de lo que ha padecido el país durante las últimas décadas y, también, el influjo en los casos que le conviene investigar o no al presidente (o a su partido de Gobierno). Mientras que persista la figura presidencial como filtro para acceder a estos cargos, seguiremos sufriendo este tipo de elecciones, básicamente fichas que responden a los deseos del partido de Gobierno, en donde ni siquiera el jefe es Iván Duque, sino el eterno sub judice, Álvaro Uribe Vélez.
Ese es el aspecto formal del asunto, porque el presupuesto material responde inmediatamente a dicho formalismo, entregándonos a un director del CNMH que, como ya mencioné (responde a la misma opinión de Uribe sobre el conflicto interno), es conocido por mantener una postura negacionista del conflicto armado colombiano, aspecto que es contrario a la tarea que debería estar ejecutando y, que en días recientes, ya tuvo enormes consecuencias para el centro que dirige: la suspensión de la membresía del CNMH por parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (la Red Colombiana de Lugares de Memoria, también procedió a expulsar al centro) por no responder a la pregunta de si reconocía la existencia del conflicto armado interno de Colombia. Las descaradas explicaciones poco importan, ¿qué más se podía esperar si el director Acevedo no cree en el punto fundamental del centro que dirige?
Por otro lado está Francisco Barbosa, personaje que en épocas del plebiscito por la paz era uno de los destacados defensores de la tarea iniciada en la pasada Presidencia, además, se mostraba como el gran defensor de la JEP, incluso escribió el libro ‘¿Justicia transicional o impunidad? La encrucijada de la paz en Colombia, donde habla a favor del proceso; su nombre rondaba en la opinión pública para ser magistrado de dicha jurisdicción, pero luego de conocerse la lista oficial de los elegidos, en donde no figuraba, sufrió un cambio en la forma de ver todos esos temas. Con Duque en el poder, Barbosa fue el artífice de las objeciones al acuerdo del Teatro Colón y, como consejero presidencial para los Derechos Humanos, se dedicó a maquillar las cifras sobre los líderes sociales asesinados, con la única finalidad de presentar ante la opinión pública un descenso en estas, intentando mejorar la pobre imagen proyectada por el actual Gobierno; ahora como fiscal, sabiendo su innegable cercanía a este y, a Iván Duque, es muy poca la credibilidad que genera para Colombia, su nombramiento no produce el ambiente de confianza necesario para la debida investigación y acusación desde la Fiscalía, no se observa la más mínima posibilidad de independencia del Ejecutivo.
Ya habíamos tenido un precedente fatal con Néstor Humberto Martínez, ficha del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, respondiendo a la lógica insertada en la figura del presidencialismo, los dos con serios cuestionamientos referentes al tema de Odebrecht y ahora con lo narrado por Aída Merlano en el show de Vicky en Semana. Estamos en mora de iniciar una discusión sobre lo problemático que está resultando para nuestra democracia el seguir sosteniendo este absurdo presidencialismo que va dejando a su paso una significativa restricción de independencia en los cargos en los que tiene directa injerencia para su elección el presidente de la República.
Fotografía: cortesía de El Espectador y Radio 360.
