Columnista:
Cristian Alejandro Córdoba Riaño
En Colombia el exceso de poder por parte de la Fuerza Pública, acolitado y legitimado por la institucionalidad, ha dejado como resultado, históricamente, un sin número de violaciones a los derechos humanos que, han sido invisibilidades y desconocidos, por parte de esa misma institucionalidad que los reproduce.
El país, que está en medio de la consecución de la paz, pero que pareciera querer revivir tiempos oscuros gracias al Gobierno de turno, no ha encontrado otra salida que la resistencia como forma de lucha a las políticas perjudiciales que quieren imponer los que gobiernan. No basta ir muy lejos para destacar a un movimiento que siempre ha alzado su voz y se ha abanderado de las justas causas que reclama, como lo es el estudiantil, quien luego de estar desarticulado durante años, en 2018 logró un histórico acuerdo con el Gobierno del presidente Duque, gracias a las grandes movilizaciones que llenaron las calles de dignidad para su consecución. No obstante, el mandatario y su bancada no han cumplido satisfactoriamente lo acordado para las universidades públicas, profundizando así, la crisis estructural que tiene la educación pública en Colombia.
Entre las diferentes formas de manifestación, existen dos que priman en las universidades y que, sin duda alguna, se han sostenido y ratificado en dichos campus; por un lado, se encuentra la manifestación expresada en las calles de acuerdo a marchas multitudinarias, donde el sector universitario sale con expresiones artísticas y cantando arengas para exigir sus derechos al Gobierno. Manifestación que es “bien vista” por la comunidad en general y, en la cual, se siguen suscribiendo la mayoría de organizaciones estudiantiles. Por otra parte, está la forma violenta de manifestarse, conocida como “acción directa”, y que recurre a enfrentamientos entre estudiantes y la Fuerza Pública, para demostrar el rechazo al Gobierno de turno. A pesar de que esta forma de expresión ha sido estigmatizada profundamente, también se dice que es funcional a la institucionalidad, ya que salir a tirar piedra al ESMAD solo genera caos y malestar en la sociedad, sin un cambio real de la misma.
Frente a la segunda manera de manifestarse, que ha causado un revuelo en los medios informativos y, ha abierto el debate de nuevo a la conservación o no de la autonomía universitaria, hay un punto que se debe dejar claro desde el principio, y es que la autonomía dentro de la academia es un principio constitucional, “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”, señala el artículo 69 de la Constitución Política de 1991.
Las universidades públicas, generadoras de conocimiento, debate y consciencia, de cara al país que se quiere transformar, viven una lucha incesante para que su autonomía se siga consagrando y defendiendo. No obstante, los hechos ocurridos, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia en días pasados, donde el mandatario de la ciudad de Medellín, por medio de una decisión autoriza el ingreso de la Fuerza Pública a los campus, son una muestra más de lo inquietante que es la academia para el poder político.
La violación de la figura autónoma que tiene cada universidad pública del país, nos vislumbra un futuro sin las suficientes garantías democráticas para seguir sustentando el debate por medio de las ideas y, así, sacar a Colombia de la guerra, la ignorancia y el odio que son fundados en supuestos que no dejan avanzar en el desarrollo de la paz. De aquí que no solo se deba reforzar este principio constitucional, sino que también se refuerce la idea de un país educado y sentipensante.
