Columnista:
Kanábico Objetor
Hasta hace unos días escribía una columna en la que quise plasmar la experiencia vivida en una Visita Humanitaria al Bajo Cauca, a la que fui invitado por la Coordinación Colombia, Europa – Estados Unidos (Nodo Antioquia) y la Corporación Jurídica Libertad, que terminó siendo el cúmulo de «Ecos de una guerra silenciada en el Bajo Cauca», publicada el domingo anterior en este mismo medio; unos minutos después, recibí un par de mensajes por WhatsApp que anunciaban otra tragedia humanitaria.
La tragedia anunciada se vive en Ituango, Antioquia, una zona que no deja de ser noticia en Colombia ni territorio azotado por la violencia y las infamias de la guerra. El pasado 23 de febrero desde la cuenta en Twitter de la Fundación Sumapaz se denunció que a las 8:51 a.m., el Nodo Antioquia advertía a las autoridades locales, departamentales y, a la opinión pública, el inminente riesgo de DESPLAZAMIENTO de 12 veredas en ese municipio. Advertencia que no fue atendida oportunamente, lo cual generó que a las 9:58 p.m., no hubieran las mínimas condiciones para atender a las más de 800 personas que han sido revictimizadas, gracias a la histórica ausencia del Estado.
¿Tenían conocimiento las autoridades de que esta situación podría presentarse? Yesid Zapata, vocero del Nodo Antioquia, responde que, a pesar de que se hizo pública la alerta temprana No. 004-2020 de la Defensoría del Pueblo por la situación humanitaria y, se convocó a una reunión para el pasado sábado 22 de febrero en donde se definirían las acciones urgentes, sin embargo, no asistieron la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía, el Ejército, la Personería ni el Concejo municipal.
Resalta, ademas, que siendo Ituango una de las zonas priorizadas para la paz, la implementación de los Acuerdos no ha llegado, no ha habido voluntad política por parte del Gobierno de Iván Duque para brindarle garantías a la sociedad civil y, en especial, a quienes decidieron dejar las armas de la antes guerrilla, hoy convertida en Partido Fuerza Alternativa del Común (FARC), lo cual ha generado una Crisis Humanitaria expresada en el aumento en cifras de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios de líderes, lideresas sociales y reincorporados.
La ubicación geográfica de Ituango hace que allí haya presencia de las AGC, disidencias de las FARC y grupos armados del Valle de Aburrá, quienes se están disputando principalmente la tenencia de la tierra, por lo que han venido despojando a campesinos de sus predios, en donde los intereses y actores minero-energéticos tienen gran injerencia. Ademas, el control de este municipio es clave para estas estructuras criminales, ya que es una zona de rutas hacia el Nudo del Paramillo, el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el Occidente de Antioquia, lo que les permite fácil maniobra por zonas rurales y selváticas.
Es evidente que esta situación no es algo fortuito, es un eslabón más en esa cadena de hechos que conectan intereses y responsabilidades de distintos actores que tienen puestos sus intereses monetarios en esa zona.
La idea de desarrollo que se ha llevado a esas zonas ha sido uno de los motores de la violencia armada que allí se vive, por eso no se puede reducir esta situación únicamente a los intereses del narcotráfico o, como ha hecho BluRadio, endilgando la crisis exclusivamente a la presencia de las «Disidencias de las FARC«, es negar de tajo que aquí hay intereses de empresarios, multinacionales y caciques políticos de la región que hoy se pasean por los pasillos del Senado y la Cámara de Representantes y, de muchos otros, que hoy se encuentran condenados e investigados por corrupción y parapolítica.
Y, por si tanta infamia no alcanzara, ahora Ituango no solo debe cargar con el lastre de las afectaciones que le ha generado el proyecto hidroeléctrico Hidroituango de EPM —que se impuso a sangre y fuego en uno de los capítulos más complejos de la historia política de Colombia y del cual Sergio Fajardo, Alfredo Ramos y Álvaro Uribe tienen mucho por explicar—, sino que además, tendrá que seguir cargando con la revictimización a cuestas y repetir escabrosos hechos de violencia.
Por ello, uno de los llamados que se hace desde el Nodo Antioquia —y al cual me sumo como defensor de Derechos Humanos— es al Gobierno de Iván Duque, pues si se sigue con demagogia y una retórica malversa frente al proceso de paz y su implementación, se van a continuar presentando estos fenómenos en otras zonas del país; y el otro, es a que el Gobierno Nacional ponga en marcha la voluntad necesaria que permita el desmantelamiento de las estructuras armadas y, a la vez, sacar adelante políticas públicas de sometimiento y desarticulación de dichas estructuras, y así se desvirtúe la idea de que hay una omisión por parte del Gobierno para fortalecer las estructuras de orden paramilitar, las disidencias y grupos armados.
Es urgente que las autoridades locales, departamentales y nacionales hagan la debida gestión de las necesidades básicas de quienes hoy se encuentran en el Coliseo Jaidukamá y en la Escuela Pio X, pero también es de vital importancia que los altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia que, han empezado ha llegar a la zona, habiliten un diálogo abierto y, no a puerta cerrada, como lo han hecho de ayer a hoy. Igualmente, que expliquen a las comunidades y las organizaciones de DD. HH., cuáles son los protocolos, pues no han sido claros y la intención de los mismos no atiende realmente a estas comunidades.
El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tiene la responsabilidad de saldar la deuda histórica de la falta de presencia interinstitucional en dicha zona y, por ello, lo exhorto para que construya estrategias que desde su Plan de Desarrollo permitan que se pueda evitar y prevenir el reclutamiento, los desplazamientos, el asesinato de líderes y lideresas sociales. En definitiva, un Plan de Desarrollo para la PAZ.
Es preocupante que a la fecha no hayan sido asignados desde la Defensoría del Pueblo los defensores comunitarios y regional para esta zona. No deja de llamar la atención que empiecen a llegar altos funcionarios del Gobierno Nacional, como Emilio Archila, a sostener reuniones cerradas, en las que no se está escuchando a las comunidades y a los defensores de DD. HH. que están acompañando esta situación.
La solución entonces NO es militarizar a Ituango ni a ningún otro territorio en el que se esté dando un escalonamiento de la violencia, la solución radica en la implementación de los acuerdos de paz, en sacar adelante proyectos productivos en las zonas que han sido victimizadas, llevando democracia y garantías para el ejercicio y vivencia de los derechos humanos, civiles y políticos de dichas poblaciones, porque aquí la ausencia del Estado tiene que ser solo un mal recuerdo de estas comunidades empobrecidas que llevan años esperando que la paz, la justicia social, la dignidad y el derecho a la vida se hagan costumbre.
Finalmente, después de todo lo que está pasando en Colombia, al presidente Iván Duque le exijo que deje de improvisar y que se ponga a gobernar.
