Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Colombia es un país donde los hechos cotidianos no dejan de sorprender, pero asombra aún más, la forma como algunas autoridades y la mayoría de periodistas y líderes políticos los consideran y exteriorizan.
Basta mirar, por ejemplo, cómo el coronel del Ejército Nacional Santiago Herrera, en declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expone que al general Mario Montoya solo le interesaban las bajas en combate, indicando que presionaba a sus subalternos para obtener resultados. Entre tanto, el coronel Gabriel Rincón, en el mismo escenario, señala que el mencionado excomandante del Ejército se inventó el top 10 de unidades que más muertes reportaran, mientras para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el nombrado general (admitido en la Jurisdicción Especial, caso 003, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado — ‘falsos positivos’—) es un héroe de la patria y ruega para que en la JEP no se cometa una injusticia con él. Una conclusión contraria a lo evidente, es decir, a lo que vienen mostrando las pruebas, especialmente los testigos, desde hace mucho tiempo. Curioso asunto ¿no les parece?
Otro caso: Aída Merlano en una audiencia ante un juez en Venezuela entregó explosivas declaraciones, en las que amplía algunos hechos del entramado de corrupción electoral que involucra a las familias de la Costa Atlántica Gerlein, Char, al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, entre otros, las cuales fueron ampliadas y ratificadas en entrevista con Vicky Dávila y divulgadas por Semana TV. La excongresista denunció un presunto secuestro, pormenores de su fuga, abusos a los que fue objeto y hasta un plan de asesinato en su contra.
Estas exposiciones no tuvieron trascendencia en los medios de comunicación tradicionales, cuyo interés se centró más bien en las anécdotas del hijo del presidente Duque, con titulares como: “El día que el hijo del presidente Duque lloró porque se iba a acabar la “mermelada”, o “Hijo del presidente Iván Duque lloró porque su papá quería acabar con la mermelada”.
De ese tamaño e importancia son las prioridades de la mayoría de la prensa colombiana, que no se preocupa, convenientemente, teniendo en cuenta quienes son sus dueños, por hechos como los expuestos por Aída Merlano.
A su vez, las aseveraciones de la excongresista no le interesaron al recién posesionado fiscal general de la nación, quien se niega a enviar una comisión de fiscales a Venezuela, con el argumento de que no existe actualmente mecanismo de cooperación judicial internacional entre Colombia y el vecino país y, que las relaciones diplomáticas y consulares, no hacen parte de sus funciones; mientras que, en contraposición, con fundamento en los señalamientos e imputaciones de la señora Merlano contra el senador Arturo Char, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar al político por su presunta intervención en el delito de fuga de presos que protagonizó la exsenadora y, ordenó escucharla en declaración, una vez se adelanten las gestiones administrativas correspondientes ante las autoridades de Venezuela para lograr la recepción del testimonio.
Frente a este panorama la pregunta obligada es: ¿por qué el fiscal general de la nación no puede iniciar u orientar investigaciones contra implicados no aforados ni escuchar en declaración a Aída Merlano por los hechos que narró en Venezuela relacionados con corrupción, su fuga, amenazas de muerte, abuso, etc., mientras la Corte Suprema de Justicia sí lo hace, en el caso de los ciudadanos que gozan de fuero?
¿Será esa decisión del fiscal general una muestra de su “independencia” frente al Gobierno de Iván Duque? Porque su argumentación es afín con la del Gobierno de su compañero de pupitre en la universidad, que ha señalado que Colombia no tiene relaciones diplomáticas con el Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y, que por eso, el trámite consular para la extradición se hace con el legítimo Gobierno de Juan Guaidó, quien obviamente no tiene el poder ni los medios para extraditarla. ¡Amanecerá y veremos!
Para completar las alocadas situaciones que se presentan en el país del Sagrado Corazón, cómo les parece que el Gobierno del presidente negacionista, sí, pues siempre se ha negado a aceptar la realidad de nuestra nación, hizo unas observaciones al informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por el relator de la ONU, Michel Forst, sobre defensores de derechos humanos en Colombia, que muestra la gravedad de la situación en que estos se encuentran, atacando al autor y tratando de desvirtuar, sin lograrlo, la seriedad del informe y sus cifras. En lugar de asumir la verdad de los hechos y tomar las medidas para hacerle frente a esta, procede al ataque, reacción propia de los miembros de su partido, de los que ha aprendido muy bien la lección. Como si los colombianos no nos percatáramos a diario del exterminio de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las FARC y del confinamiento de comunidades enteras, que vienen aumentando paulatinamente en nuestro país.
Y ni hablar de la bodega uribista, de la que hacen parte servidores públicos del Gobierno Nacional y contratistas, dedicada a atacar a la oposición, magistrados y periodistas, quienes siguen como si nada en las entidades públicas, a pesar de que todo el mundo sabe lo que están haciendo.
¡País al revés definitivamente!
