¿Hay una captura política de la cúpula militar por parte del Centro Democrático?

Columnista: Germán Ayala Osorio

Aunque escandalosas, las revelaciones sobre interceptaciones ilegales (chuzadas) que hace la revista Semana, estas no son nuevas. Ya el país vivió algo similar durante los 8 años del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010).

Entonces, espiar a magistrados, periodistas y políticos no es una novedad, sino una práctica consolidada dentro de lo que se conoce como las huestes uribistas que perviven dentro del Ejército nacional, Fiscalía y otras entidades que tienen que ver con asuntos de la llamada “seguridad nacional”.

Quizás haya una diferencia sustancial en este “nuevo” episodio de las chuzadas: se espiaban a generales del propio Ejército. Este último elemento o circunstancia está asociado a dos factores: el primero, a oficiales rectos, que no compartían hechos de corrupción al interior del Ejército y que venían filtrando información a la prensa, en particular, con directivas del general Nicasio Martínez que podrían o pudieron terminar en la generación de los llamados “Falsos Positivos o ejecuciones extrajudiciales; y el segundo factor estaría conformado por los militares simpatizantes con el proceso de paz adelantado entre el Estado y las Farc-Ep en La Habana.

Según los testimonios de Semana, la información recogida durante las interceptaciones ilegales fue entregada a un miembro del partido Centro Democrático (CD). Si esto es cierto, estamos ante una evidente y perniciosa captura política de una parte de la institucionalidad castrense, sometida a los designios del entonces general Nicacio Martínez Espinel y por supuesto, a los propios intereses del partido de gobierno, el Centro Democrático.

Y es allí en donde hay que poner el foco, puesto que la captura y sometimiento de una fuerza militar —de su cúpula, en particular— a los intereses del partido de gobierno, supone la construcción y consolidación de un régimen de terror del que se puede esperar cualquier cosa.

Es decir, la obediencia debida de los militares al poder civil no sería total, sino parcial hacia un partido de derecha, lo que supone de inmediato, la persecución política y militar de todo lo que huela a izquierda y a construcción de paz.

A lo anterior se suma el abandono, por lo menos parcial, de las actividades de inteligencia militar para prevenir atentados contra instalaciones militares, como los que recientemente se presentaron contra batallones en el sur del país. Es decir, la inteligencia militar está dedicada a chuzar magistrados, periodistas y políticos críticos del Gobierno de Duque, mientras que el ELN y desertores de las antiguas Farc, según las mismas fuentes castrenses, perpetran atentados dinamiteros.  

La lectura es clara: permisivos con quienes garantizan la extensión del conflicto armado a pesar de la disminución de su intensidad con la salida de circulación de las fuerzas farianas, pero duros con quienes defienden el proceso de paz y exigen su eficaz implementación; y recios con otros que insisten en acciones judiciales (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo) para destapar actos de corrupción en altas esferas del Estado y en instancias del actual gobierno.

De igual manera, ese abandono de las actividades de inteligencia, estarían relacionadas con los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales, defensores de los DDHH y del ambiente.

Si se hila delgado, entonces, la captura política de la cúpula militar por parte del CD, de acuerdo con lo señalado por Semana, estaría al servicio de aquellos miembros de esa colectividad y empresarios cercanos, en actividades, por ejemplo, de deforestación en el sur del país, para instalar allí plantaciones de caña de azúcar y palma africana y potreros a gran escala.

Adenda: me informa una fuente, de la presencia de Acore en las instalaciones de la Cuarta Brigada de Medellín. Bajo la batuta del exgeneral Ruiz Barrera, Acore es una institución que no solo se opuso al proceso de paz, sino que guarda una especial ascendencia dentro de lo que se conoce como el “uribismo”. Y es muy diciente que la presencia de Acore se dé en la Cuarta Brigada de Medellín, bastión en el que las ideas de Uribe y sus intereses cuentan con un fuerte respaldo de la institucionalidad regional y local, a pesar de la pérdida de respaldo popular.

Consultado un oficial en uso de buen retiro, señala que su presencia no podría generar mayores suspicacias si no fuera por el manejo político e ideológico que el exgeneral Ruiz Barrera le viene dando a esa organización. Y se pregunta si su presencia allí se da a través de un contrato de arrendamiento.