¿Por qué la prisa en llevarse a una mujer que no representaba peligro?

Columnista: Germán Ayala Osorio

Cuando el Estado opta por reprimir a sus críticos y detractores, echándoles los <perros rabiosos>, su legitimidad se va diluyendo en el nido de bacterias que se alojan en las fauces de aquellos.

La retención de una joven ciudadana por parte de la Policía (agentes del ESMAD) y su traslado en un vehículo particular- de uso oficial- , no se pueden asumir como parte de un procedimiento “normal”. Es, a todas luces, irregular.

La legalidad en la que se ampara el general Hoover Penilla para explicar lo sucedido, se debilita o queda en entredicho con la decisión de meter, a empellones, a la estudiante, en un carro[1] sin distintivos de la Policía Nacional.

Al respecto, el alto oficial explicó “que el automotor pertenece a un miembro de la Policía que “casualmente” estaba por el lugar, y que por lo tanto es permitido que sea prestado para este tipo de procedimientos”[2]. Sin duda, el general no solo valida la informalidad con la que actuaron sus subalternos, sino que legitima la acción de retener, capturar o constreñir a civiles, sin informar al retenido o a sus familiares y amigos de la situación apremiante.

Montar a una estudiante en un carro particular y llevársela sin destino conocido, hace pensar muy mal de las intenciones que tenían los policiales al retener a la joven ciudadana. En lo primero que se piensa es en que la iban a desaparecer, o quizás, a violar. Y no se trata de ser muy sensibles o de estar prevenidos con la Policía; o de cuestionar los operativos policiales. No. Se trata, simplemente, de una reacción ante la falta de claridad del operativo. Se trata de una exigencia mínima: claridad en las decisiones, en el operativo mismo, en las razones de la detención y en la identificación del vehículo oficial.

Ante la presión de un ciudadano que seguía a los policías que llevaban sin rumbo conocido a la estudiante ya referenciada, y de las redes sociales en las que se movía con inusitada velocidad el video del operativo, la joven estudiante fue dejada en libertad. Otro hecho más que confirma la irregularidad misma de la retención y el dudoso destino que le esperaba a la estudiante de no mediar la presión ciudadana. ¿Si se trataba de una delincuente o de una persona que había cometido una infracción grave, por qué dejarla en libertad, sin un comparendo, o una reseña?

Me pregunto: ¿se trataba de una delincuente cuya peligrosidad ponía en riesgo la vida de los policiales?; ¿estaban los policiales ante la captura de una ciudadana de gran valor político militar o policial? ¿Por qué la prisa?

Parece olvidar el general Penilla que estamos en un país en donde grupos al margen de la ley (guerrillas) y agentes del Estado practicaron durante más de 50 años la desaparición forzada. Esa realidad nos hace no solo “susceptibles”, sino altamente prevenidos ante el proceder de las autoridades.

El alto oficial debe entender que una parte importante de la sociedad colombiana tiene motivos suficientes para dudar tanto de policías, como de militares y de todo agente estatal con capacidad para hacer daño. Baste con recordar los episodios de torturas de los que hicieron parte los entonces agentes del F2 o los del B2 del Ejército; o los secuestros perpetrados por agentes de los Gaula[3] (de Ejército y de la Policía); los presos y perseguidos políticos torturados en las caballerizas de Usaquén. O quizás, baste con recordar lo registrado en el Libro Negro de la Represión (1958-1980).

Todo lo anterior se da en un contexto de crispación asociado al Paro Nacional convocado desde las marchas del 21 de noviembre. Y en esas mismas circunstancias hay que señalar y advertir que el ESMAD se ha excedido en el cumplimiento de sus funciones. Está probado que no están siguiendo los protocolos establecidos para enfrentar disturbios, al disparar sus armas de disuasión y que, por el contrario, las están usando para generar el mayor impacto posible en los manifestantes (afectaciones en los ojos y pómulos).

El crimen de Dilan Cruz es el caso emblemático del proceder criminal de los miembros del ESMAD. En ese caso, fue un Capitán el que le disparó, apuntándole a la cabeza. Y otros casos que se han visibilizado en las redes sociales, dan cuenta de una actitud belicosa y criminal de los policiales. Hacen pensar en que los anima un odio visceral hacia los estudiantes, convertidos en este gobierno en una especie de “nuevo enemigo interno”.

A lo anterior se suma la actitud complaciente del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a quien le ha faltado carácter para confrontar a la dirección de la Policía. Se aplaude su papel de mediador entre el gobierno y el Comité del Paro, pero frente a los desmanes del ESMAD ha sido débil. Quizás Carrillo esté pensando más en ser candidato presidencial para el 2022. Contaría con el apoyo económico del Grupo Aval. A su favor estaría la caída vertiginosa de la imagen de Sergio Fajardo, candidato del Grupo Empresarial Antioqueño y del uribismo.

Lo que viene sucediendo en Colombia desde el 21N, evidencia un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos y a las libertades de prensa y de opinión. Esa regresión, nos pone en el mismo nivel de violación de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas de los gobiernos de Turbay Ayala (1978-1982), bajo su Estatuto de Seguridad; y de Uribe Vélez (2002- 2010), con la aplicación de la política de Seguridad Democrática.

Hay que señalar que en esas administraciones eran fuertes las dinámicas del conflicto armado interno. Por el contrario, en el gobierno de Iván Duque, esas dinámicas bélicas se han reducido sustancialmente en buena medida por la firma del Acuerdo de Paz con el que se puso fin al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla de las Farc-Ep (hoy convertida en Partido Político).

Al parecer, una vez desaparecido ese enemigo interno, el gobierno de Duque necesita de la existencia y operación de un “nuevo enemigo interno”. Y al parecer, el ESMAD y la Policía Nacional ya le pueden ofrecer uno: los jóvenes estudiantes.

[1] Algunos agentes de la Policía, periodistas y amigos del gobierno señalan que en el Código de la Policía, en su artículo 169, está reglamentado el uso de vehículos particulares. Al leerlo, no se observa semejanza alguna con la situación aquí descrita. “En casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona, el personal uniformado de la Policía Nacional, podría solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de Policía y hacer uso inmediato de sus bienes para atender la necesidad requerida. Las personas sólo podrán excusar su apoyo cuando su vida e integridad quede en inminente riesgo”. Tomado de: https://leyes.co/codigo_nacional_de_policia/169.htm

[2] Véase: https://colombianoindignado.com/les-pido-que-no-cuestionen-todo-lo-que-hacen-nuestros-policias-respuesta-sobre-secuestro-del-esmad/

[3] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-respuesta-al-caso-del-secuestro-denunciado-por-semana/627493