Autor: Daniel Alexander Montoya Castrillón
Cuando Iván Duque llegó a la casa de Nariño y relevó la anterior cúpula militar, nombramientos generalatos produjeron discrepancias en varios sectores. Se trataba de generales que al interior de la institución castrense no eran del todo bienvenidos.
Entre tanto, se trataba del general Luis Fernando Navarro, quien auspició la jefatura de las Fuerzas Militares; el almirante Evelio Ramírez Gafaro, quien arribó la gobernancia de la Armada Nacional; el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien llegó al mando del Ejército Nacional; el general Ramsés Rueda Rueda, quien alcanzó la administración de la Fuerza Aérea; y el general Oscar Atehortúa Duque, quien obtuvo la dirección de la Policía Nacional.
Martínez Espinel, según la organización no gubernamental Human Rights Watch HRW, pagó la suma de un millón de pesos a un informante, que fue fundamental para llevar a cabo dos operaciones militares, que dejó como resultado la muerte de una niña de 13 años y un hombre, ambos pertenecientes a una comunidad indígena.
Y es que lo hizo mientras era comandante de la Décima Brigada Blindada, entre 2004 y 2006 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
Pero además, la Fiscalía General de la Nación le ha abierto a Martínez Espinel 23 investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales, perpetradas en esa Brigada que comandaba en el año 2005.
Ahora bien, el 11 de diciembre este Gobierno le entregó confidencialmente un documento a la cúpula militar que se titula “Plan de guerra”, allí se señala la estrategia militar de la administración de Iván Duque.
Pero, tal y como lo denuncia la fundación PARES, esa estrategia militar se asemeja mucho más al espejo retrovisor de los falsos positivos. En ese sentido, el periódico norteamericano The New Your Times, denunció que, por medio de una directiva, el comandante del Ejército Nacional obligaba a los generalatos a “duplicar los resultados”, en el año corrido 2019.
Por otra parte, el pasado 30 de agosto se desarrolló una operación por vía aérea, de la Fuerza Pública con el respaldo del presidente Duque, en cercanía a la vereda Aguas Claras en San Vicente del Caguán, en donde pernoctaba alias Gildardo el Cucho, un disidente de las Farc, según inteligencia militar
La realidad es que esa operación dejó como saldo la fatídica muerte de 18 menores, según relatan algunos habitantes del territorio. No obstante, llama la atención que la cúpula militar en sus declaraciones es reiterativa en señalar que desconocían la presencia de menores.
Es evidente, que este Gobierno, el de la mano firme y bombas grandes, ufanado por mostrar resultados en política de seguridad nacional, en contubernio con la cúpula militar, ignora los tratados internacionales en materia del Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, está claro que esta cúpula militar, la tropelera y guerrerista, no representa a 265.050 efectivos, y mucho menos a millones de colombianos, cuando ni siquiera garantiza el mínimo de seguridad.
El hecho es que, no basta con la salida del exministro Guillermo Botero, sino también con la de de toda la cúpula bombardera.
Foto cortesía de: El País
