Autor: Germán Ayala Osorio
No se puede desconocer que después de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc-Ep, la tan anhelada paz llegó a ciertos territorios, pero aún está en camino de consolidarse en todo el territorio nacional. O por lo menos, en los territorios en donde con mayor fuerza se desarrolló y se manifestó el conflicto armado interno.
Con avances relativos en el proceso de implementación de lo acordado en La Habana, el empeño por consolidar una paz estable y duradera en el país pierde fuerza entre los ciudadanos y algunos sectores de poder político y económico que de manera generosa y firme acompañaron la etapa de la negociación política y vigilan hoy de cerca la implementación de lo que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá. Al no estar consolidada la paz, esta se torna frágil y quebradiza.
Tan deleznable es la construcción de esa paz estable y duradera, que bastó con el regreso al poder del llamado uribismo para que los grupos paramilitares, con la anuencia de fuerzas del Estado, empezaran a copar y a generar desconcierto en los territorios que las Farc-Ep dejaron para concentrarse en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
A lo que se sumaron las acciones cada vez más desesperadas de frentes del ELN, que operan acéfalos porque una parte importante de los miembros del COCE permanece aún en Cuba, a raíz del rompimiento de los diálogos de paz que decretara el Gobierno de Duque por el execrable atentado dinamitero perpetrado por esa guerrilla contra estudiantes de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional.
Son varios los hechos que hacen pensar que lo avanzado en términos de construcción de paz es aún débil. Entre esos hechos están las acciones discursivas de voceros del Gobierno de Duque, como el Comisionado de Paz y los propios actos locutivos del presidente de la República.
Mismo presidente que en el exterior exhibe un compromiso indeclinable con la paz, mientras que al interior del país ataca el proceso de paz y la implementación, desconociendo y deslegitimando a la JEP, objetando el entonces proyecto de Ley Estatutaria de esa jurisdicción de paz y usando las decisiones individuales adoptadas por los exfarianos alias El Paisa, Iván Márquez y Jesús Santrich, para restarle seriedad a la negociación política adelantada por el presidente Santos.
Además, ha sido incapaz de liderar un proyecto de ley que reviva, por ejemplo, las 16 curules que el Centro Democrático ayudó a hundir en su momento. En contraste, apoya en silencio las iniciativas legislativas presentadas por el Centro Democrático, el partido que lo llevó al poder, conducentes a reorientar lo acordado en Cuba en materia de tierras.
Sin duda, con la llegada a la Casa de Nariño de Iván Duque Márquez como el ungido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una parte clave del Régimen dispuso reactivar las fuerzas paramilitares y, de manera concomitante, disponer de una serie de instrumentos ideológicos y político-mediáticos para conectar la construcción de esa paz estable y duradera, con el “castrochavismo” o con el socialismo del siglo XXI, que no es más que el fantasma con el que los áulicos de Uribe siguen asustando a cientos de miles de colombianos cándidos, y aupando el asesinato de lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores de los DD.HH. y del ambiente, porque son “cercanos, ideológicamente” al proyecto socialista, en particular al venezolano1.
A propósito del “castrochavismo”, baste con leer el trino de la congresista María del Rosario Guerra para entender, no solo la conexión a la que se aludió en líneas atrás, la lectura que hacen en el CD de lo acontecido el viernes 26 de julio, sino la explicación amañada que usan para explicar los crímenes de los líderes y lideresas sociales:
“La marcha ayer para algunos no era por la defensa de la vida los líderes sociales que el narcotráfico, minería criminal, disidencias FARC y ELN están matando, sino para expresar sus rabias, resentimientos porque no logran el poder e implantar el nefasto socialismo Siglo XXI”2.
Las Marchas del 26 de julio
Las multitudinarias marchas del viernes 26 de julio fueron categóricas porque dejaron sentir el rechazo, el dolor, la desesperanza y la desazón de millones de colombianos que ven en los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales una muy bien pensada y estructurada estrategia de agentes del Régimen, no solo para acallar a esos indefensos ciudadanos, sino para generar miedo y pánico en quienes desarrollando otro tipo de actividades, también le están apostando a esa paz estable y duradera que se convino construir en La Habana.
Según registros periodísticos, en más de 110 ciudades del mundo cientos de miles de personas, en particular colombianos, marcharon para rechazar los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales, defensores del ambiente y de los DD.HH. y reclamantes de tierras que ocurren en Colombia desde 2016.
Aunque no existe una cifra consolidada, dichos crímenes oscilan entre los 400 y los 500. Según Indepaz, en lo corrido de la administración de Iván Duque, han sido perpetrados 229 crímenes. Otros hablan de que entre “enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 mataron a 462 líderes sociales en el país”.
La “jugadita” de Duque
Resulta paradójico, pero explicable, la decisión del presidente Duque de acompañar las marchas del 26 de julio de 2019. En el objeto o razón de la masiva movilización social radica la incongruencia en la que incurre Duque Márquez al apoyar políticamente las copiosas movilizaciones: protestar por los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales, defensores del ambiente, de los DD.HH. y reclamantes de tierras.
Claramente, estas acciones colectivas se realizan para expresar la molestia, la furia y la rabia que sienten los miembros de sectores importantes de la sociedad y la población civiles contra el propio presidente, su Gobierno y todo lo que representa para el país el regreso de lo que se llama el uribismo.
La contrariedad de estos ciudadanos radica en el desinterés mostrado por el asunto y por lo poco o nada que ha hecho el Gobierno de Iván Duque para proteger la vida de las lideresas y líderes sociales acribillados por sicarios paramilitares, con la anuencia de miembros de la Fuerza Pública.
De allí que sea perfectamente explicable, mas no aceptable como forma de protesta, los insultos y los improperios que varios marchantes lanzaron contra el presidente Duque, cuando este se dispuso a caminar por las calles de Cartagena, acompañando los dolorosos estribillos: ¡la vida es sagrada!, ¡ni uno más!
Sobre los calificativos de “asesino” lanzados contra el presidente Duque hay que decir que no corresponderían fielmente al talante del jefe del Estado, pero el improperio se explicaría justamente porque al tener esa condición, Iván Duque es, por lo menos políticamente, responsable por lo que viene sucediendo con las lideresas y líderes sociales.
Aunque pareciera que el propio presidente se autodesmarcara de esa condición de jefe de Estado, cuando desconoció los protocolos firmados por el Estado colombiano, durante la administración de Santos, para el regreso de los negociadores del ELN, en caso de que se diera el rompimiento de los diálogos de paz, tal y como sucedió.
Sin duda, lo acontecido en Cartagena es una lección política que esos cientos de miles de colombianos que salieron a marchar le quieren dar al uribismo y al propio Gobierno, por su evidente apuesta para que la consolidación de la paz resulte un fiasco, situación que sabrán capitalizar electoralmente. Quizás esta “jugadita” presidencial no tenga el mismo alcance y talante de la jugadita del proto sátrapa de Ernesto Macías, pero sí devino con un tufillo de oportunismo que no se puede desconocer.
Ahora bien, ¿por qué es explicable que Duque finalmente decidiera “subirse al bus” de la generalizada indignación por los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales?
Lo es porque Duque pretende enviar un mensaje a los países garantes del proceso de paz y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en el sentido en que él, su Gobierno y el Estado defienden la vida de los líderes sociales.
Sabe el presidente que voceros del partido Farc y otros sectores políticos y académicos vienen probando que su compromiso con la construcción de una paz estable y duradera no es genuino.
“El Consejo de Seguridad expresó su seria preocupación por los continuos asesinatos de líderes sociales y comunitarios, y de ex miembros de las FARC-EP. Reconocieron los esfuerzos del Gobierno para abordar este problema, incluido el «Plan de acción para la protección de líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas» y las medidas recientes para proteger a los ex miembros de las FARC-EP, incluso mediante la participación de las autoridades locales.
Subrayaron la necesidad de que estas medidas se traduzcan en resultados concretos para prevenir ataques y para llevar a los responsables ante la justicia, especialmente con miras a garantizar elecciones locales pacíficas e inclusivas en octubre de 2019”.
A raíz de ese informe, el Gobierno de Duque sabe que las multitudinarias marchas del 26 de julio constituyen la mejor vitrina para mandar ese mensaje y “callarles la boca” a sus críticos que le venían exigiendo que expresara públicamente su condena ante esos sistemáticos crímenes.
Estamos, entonces, ante una “jugada” diplomática y política de un presidente que de muchas maneras ha demostrado que no acompaña el proceso de implementación del Acuerdo Final II y que hará todo lo que esté a su alcance, a pesar del monitoreo internacional, para torpedear, administrativa, fiscal y políticamente la total reincorporación de los miembros de la ya extinta guerrilla de las Farc-Ep.
Los asesinatos continuarán
Veo muy difícil que los crímenes se detengan. Mientras existan reclamantes de tierras capaces de enfrentarse a poderosos empresarios del campo (apoyados por paramilitares), los sicarios estarán prestos para apretar el gatillo; mientras haya quienes defiendan los ecosistemas y se opongan a la megaminería y al modelo de la gran plantación, actividades estas respaldadas por voceros del partido de Gobierno, los matones harán todo para cegar sus vidas; mientras haya ciudadanos que luchen por el respeto de los DD.HH., los asesinos aparecerán para acallar sus voces; y mientras otros continúen apoyando la construcción de esa paz estable y duradera, los esbirros del Régimen estarán prestos para dispararles.
No se trata de crear comisiones de seguimiento, convocar reuniones o consejos de seguridad, aumentar el pie de fuerza y mejorar los esquemas de seguridad de los líderes y lideresas.
Esas medidas pueden resultar importantes y políticamente correctas, pero jamás serán definitivas por dos razones fundamentales:
– La primera, porque esas prácticas violentas, cometidas por sicarios de los grupos paramilitares que jamás se desmovilizaron, devienen “naturales y legítimas” porque están soportadas en el poder territorial, económico y político de agentes legales, como terratenientes, ganaderos y amigos del modelo de la gran plantación, e ilegales, como los paramilitares que se inspiran en la actitud asumida por el presidente y varios de sus ministros y asesores, en contra del proceso de paz, de la JEP y contra todo lo que huela a paz y reconciliación.
– La segunda razón, más compleja que la primera, se desprende de una realidad inocultable: el Estado colombiano no tiene el monopolio legítimo de la fuerza, esto es, de las armas. Realidad esta que el Régimen de poder se ha encargado de extender en el tiempo, por cuanto sus principales agentes de poder económico y político saben que necesitan que circulen armas sin ningún control y registro, para poder eliminar a todos aquellos ciudadanos que se vuelvan incómodos u osen retarlos electoralmente, enarbolando las banderas de la paz y la reconciliación.
Mientras que la guerrilla de las Farc-Ep3 entregó las armas, el Régimen de poder mantuvo en circulación cientos de armas legales, amparadas y otras ilegales, lo que constituye claramente el mayor desafío ético-político que enfrenta el proceso de implementación del Acuerdo Final II.
Con esas armas, hacer política en Colombia seguirá siendo un riesgo para todos aquellos que osen abrazar las banderas de la paz y la reconciliación. Por lo anterior, los asesinatos no cesarán.
- Nunca aludieron a los proyectos socialistas de Correa en el Ecuador o de Evo Morales en Bolivia.
- Tomado de la cuenta de Twitter de la congresista.
- Han sido asesinados por los menos 130 exguerrilleros de las Farc que hacían parte del proceso de reincorporación.
