Al general Luis Fernando Navarro Jiménez, recientemente ascendido por el Congreso de la República, se le ha visto un poco al margen del gran escándalo sobre las directrices del Ejército que, posiblemente, traerían de nuevo la repugnante práctica de los asesinatos extrajudiciales llamada falsos positivos (jóvenes cobardemente asesinados y pasados como guerrilleros muertos en combate).
Navarro, quien ostenta su cuarto sol, estuvo envuelto en varias polémicas antes de llegar a tan importante cargo: comandante general de las Fuerzas Militares.
El alto oficial estuvo cerca al actual partido de Gobierno. Firmó una carta enviada al Centro Democrático en la que él, junto a otros oficiales, pedían un cambio rápido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con relación a la creación de un tribunal especial que juzgue a los militares que estuvieron inmersos en el conflicto armado, ganándose así el respaldo de varios políticos de “derecha”.
En el año 2014, el periodista Juan Carlos Pastrana, luego de una investigación y de “consultar en Google” sobre quién o quiénes eran los oficiales que estaban al mando de las operaciones militares contra alias “Romaña”, llegó a la conclusión de que la fuente del reconocido hacker uribista, Andrés Sepúlveda, era el general Luis Fernando Navarro Jiménez (quien por ese entonces era el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega), o uno de sus subalternos.
Según Pastrana, el hacker dijo que la información obtenida fue suministrada por un alto oficial descontento con el expresidente Juan Manual Santos, porque este había parado operaciones antiguerrillas que estaba llevando a cabo la unidad militar mencionada, debido a la impopularidad del exmandatario.
Cabe agregar que Juan Carlos Pastrana no presentó ninguna prueba ante la Fiscalía, tampoco interpuso una denuncia formal, solo llamó al exfiscal, Eduardo Montealegre (“Fiscal Santista”) a investigar este caso, cosa que nunca pasó.
En ese mismo año, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, recibió una información anónima sobre un presunto tráfico de influencias y utilización indebida de información por parte del entonces teniente coronel Anstrongh Polanía Ducuara, enlace del Ejército en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
En una carta dirigida a Luis Fernando Navarro Jiménez (quien se desempeñaba como director del Centro de Educación Militar), y fechada el 4 de febrero del año 2013, que llegó a manos del abogado Alirio Uribe, se establece la urgencia de trasladar al soldado Julio César Mahecha Prieto a otra unidad, ya que el militar podía destapar un escándalo y así poner en riego “la ayuda que Estados Unidos daba a la Escuela de Derechos Humanos”.
Anstrongh Polanía Ducuara, quien tenía como función facilitar la ubicación de los militares que estaban siendo investigados, le reportó al general Navarro:
“El caso del soldado Mahecha tiene un tratamiento especial. Se evidenció que hace parte de ESDIH (Escuela de Derechos humanos del Ejército) (…)”. “Pone en peligro la certificación de la Escuela por parte de los Estados Unidos, ya que esto iba a salir en los medios, pues se trata de los casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ «.
La Fiscalía dijo que el coronel Polonia no debía tener acceso a aquellos procesos, pues estos solo son competencia de los fiscales de Derechos Humanos. La función del Teniente coronel era una diferente.
Julio César Mahecha Prieto fue testigo clave en contra de algunos militares por el asesinato de cinco Jóvenes que fueron reportadas por el Ejército como “extorsionistas que fueron dados de baja” en una operación militar ejecutada por el Batallón Agustín Codazzi, realizada en Palmira. El tribunal administrativo del Valle del Cauca condenó al Ejército y al Ministerio de Defensa por estos hechos.
El general Navarro declaró que el soldado Julio César Mahecha Prieto sí fue trasladado, pero luego se reservó esa orden. Quién sabe qué le hubiera pasado al soldado Mahecha Prieto si esa orden no hubiera sido frenada.
El uribismo, los conservadores y otros partidos políticos, respaldaron el ascenso de este general. Si bien, Luis Fernando Navarro no tiene demandas ni procesos penales, los escándalos en los que ha estado involucrado (y que no han tenido tanta fuerza) afectan su reputación como comandante general de las Fuerzas Militares. Tampoco se ha hecho una investigación seria sobre las anteriores acusaciones.
Al igual que Nicasio Martínez, Luis Fernando Navarro debe dar explicaciones sobre las nuevas directrices de las Fuerzas Armadas. Por estos hechos, el comandante del Ejército estuvo involucrado en una fuerte polémica, el ministro de Defensa tuvo que afrontar una moción de censura, pero ¿por qué no le pasó nada al general Navarro, quien es comandante directo de Nicasio Martínez?
Navarro confirmó que en el Ejército sí se manejan incentivos por buen rendimiento, por “cumplimiento del deber” y no “por dar bajas”. Por otro lado, los generales presionan a los comandantes para que reporten bajas. Soldados profesionales, suboficiales y oficiales han sido hostigados para que “cumplan con su deber”.
Si el general Luis Fernando Navarro sabía de las directrices, entonces debe dar explicaciones. Pero, si no conocía estos hechos, entonces es un incompetente y debe dejar su cargo.
