Santrich y Uribe, las dos Colombias

Autor: Germán Ayala Osorio

Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y Álvaro Uribe Vélez comparten la condición de estar sub júdice. El primero, debe presentarse el 9 de julio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), corporación que lo procesará por el delito de narcotráfico que le imputó recientemente la Fiscalía colombiana, como respuesta al beneficio de no extradición dado por la JEP al exguerrillero, requerido por la justicia norteamericana por haber intentado enviar, presuntamente, drogas a territorio estadounidense. Y el segundo, está pendiente de que la misma Corte lo llame a indagatoria en un proceso por manipulación de testigos.

A pesar de que el caso en el que está involucrado el senador y expresidente de la República lleva más tiempo en el alto tribunal (desde febrero de 2018), su llamado a indagatoria ha sufrido todo tipo de retrasos por cuenta de los recursos dilatorios interpuestos por la defensa del influyente político antioqueño.

Recursos que la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su momento calificó como “malabarismos argumentativos”.

Más allá de las suspicacias que se ciernen sobre  el hecho de que la CSJ haya llamado a indagatoria con mayor prontitud al exfariano y compareciente a la JEP y al hecho claro de que no se advierten luces sobre una pronta solicitud que la alta Corte haga en el mismo sentido, pero en contra del hijo de Salgar, lo cierto es que tanto Santrich como Uribe  hacen posible ver por lo menos a “dos Colombias” que se disputan hoy los primeros lugares en la agenda de los medios masivos y en las tendencias de las anárquicas redes sociales.

De un lado, la Colombia que apoya la construcción de una paz estable y duradera, que cree que es posible “pasar la página de la guerra” y reconoce los daños y crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc-Ep en el marco de un degradado conflicto armado interno; y esa otra Colombia que intenta tapar los crímenes y los errores económicos y políticos cometidos por el Régimen y aduce que lo que hubo y hay en el país es una amenaza terrorista (tesis negacionista del conflicto armado).

La defensa del uno y del otro parece explicarse en el marco de lo que muchos llaman la “polarización política”: no. Por el contrario, la condición sub júdice que los cobija a los dos lo que ha permitido observar es la presencia de por lo menos dos países.

Uno que moralmente se siente superior e incluso les alcanza a sus principales exponentes para elevar a Uribe y erigirse ellos como faro moral para el resto de los colombianos, a pesar de las pruebas, señalamientos, testimonios y la compulsa de copias que jueces de segunda instancia han enviado a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que Uribe Vélez sea investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, en particular, para esclarecer su responsabilidad con las masacres del Aro y La Granja. Y el otro país, el que viene apoyando el proceso de implementación de La Habana y cree posible que se pueda construir escenarios de paz.

Esa parte que sigue y apoya a Uribe y a todo lo que este representa, alimenta, sugiere, alienta y promueve, tanto en sectores legales como ilegales, cuenta con el apoyo de la gran prensa, en particular con medios masivos como los noticieros privados de  RCN y Caracol, los programas radiales La FM y La W y varios medios radiales, televisivos e impresos de carácter regional.

Mientras tanto, esa otra Colombia, la que apoya la paz por encima de lo que pase judicialmente con Santrich, apenas cuenta con el trabajo sensato del diario EL Espectador, pero sobre todo, tiene en las redes sociales y, en particular en Twitter, los espacios en donde se puede contrarrestar la propaganda negra con la que desde sectores del Establecimiento, con la anuencia del actual Gobierno de Iván Duque, se viene atacando al proceso de paz y la implementación de lo acordado en Cuba y, por supuesto, enfrentar la defensa a ultranza que, sin mayores disquisiciones morales, se hace del senador del Centro Democrático.

Entonces, los casos de Santrich y Uribe o de Uribe y Santrich, no solo dan cuenta de dos políticos que están sub júdice, sino de dos países que parecen irreconciliables porque las fronteras que los separan devienen con un carácter moral y ético, contaminado por un transversal, naturalizado, legitimado y validado ethos mafioso.

Es decir, Uribe y Santrich, además de permitirnos ver a esas “dos Colombias”, ellos mismos representan a las acomodaticias ideas que en torno a la moral y a la ética tienen millones de colombianos.

Colombia deviene en una enorme confusión moral y estos dos políticos claramente aportan, por los enfrentamientos sociales que generan, al distanciamiento ideológico y político entre quienes defienden el Acuerdo Final II y los que buscan hacerlo trizas para que de esa forma Colombia jamás alcance la soñada paz.

Podría en algo aminorarse ese distanciamiento entre esas “dos Colombias” si la Corte Suprema de Justicia procesa, juzga y condena o exonera a estos dos congresistas.

Es hora de que el alto tribunal acabe con especulaciones y las suspicacias que ya rondan en torno a su real capacidad e interés de juzgar al poderoso político antioqueño.

Los magistrados que tienen la responsabilidad de procesar a Uribe no deben tener miedo de que una parte del Establecimiento tiemble con una eventual caída del senador del Centro Democrático. No puede haber intocables en este país, en particular cuando hay serios indicios que permiten pensar a los magistrados y jueces que Uribe Vélez es responsable de los delitos que se le imputan.

Ya suficiente animadversión genera el espíritu de la justicia restaurativa que encarna la JEP para que la Corte Suprema de Justicia alimente la mala imagen de la justicia ordinaria a partir de la tardanza en llamar a Uribe Vélez a la esperada indagatoria.

Ahora bien, alguien dirá que no se puede comparar a Uribe con Santrich porque este último se sublevó y atacó al Estado por largos años. Sin duda, el exguerrillero que hoy está en la condición de «evadido» le hizo mucho daño al país, pero lo hizo desde la ilegalidad.

En cuanto a los daños que el expresidente le hizo al país, este los hizo desde la legalidad, que bien podrían calificarse como más graves, porque se espera que quien está dentro de la institucionalidad debe procurar por mantener, entre otros asuntos, la armonía entre los tres poderes públicos y hacer posible que el Estado llegue a todos y, por esa vía, garantizar que el orden social, económico y político sea moralmente superior a sus asociados, hechos que claramente no logró Uribe en sus aciagos 8 años de mandato.

De esos daños hay que señalar varios:

1. Debilitó las instituciones durante 8 años;
2. Redujo el sentido de lo público de la política, hasta convertirla en un asunto de opiniones ligeras con un peligroso talante privado;
3. Tres, convirtió al antiguo DAS en su «policía política» para atacar, perseguir, chuzar y enlodar la vida de magistrados, periodistas y académicos críticos de su gestión y talante autárquico, camarrorero y dictatorial. Sobre los daños que Uribe le hizo a Colombia, véase esta columna.

Fotos cortesía de: Publimetro, ABC