Estado de opinión, paz y JEP: las obsesiones del uribismo

Autor: Germán Ayala Osorio

Con el regreso al poder del llamado “uribismo”[1], el país nuevamente quedó expuesto ante el Todo Vale y a las acciones desinstitucionalizantes que hicieron carrera entre el 2002 y el 2010.

Por lo anterior, no debe de sorprender que ante las confesiones de exmilitares comparecientes ante la JEP, sobre la política estatal de producir bajas a como diera lugar, el expresidente Uribe Vélez apoye públicamente el referendo propuesto por varios de sus áulicos, aduladores y admiradores, entre los que se destaca el periodista Herbin Hoyos, con miras a derogar a esa Jurisdicción Especial de Paz y evitar así que la sociedad colombiana conozca una verdad que, tanto el senador del Centro Democrático y otros agentes del Establecimiento, insisten en ocultar.

El periodista Herbin Hoyos supo sacar provecho social y político de la inaceptable práctica de la entonces guerrilla de las Farc-Ep de secuestrar civiles y de retener militares.

Hoyos, con su famoso programa radial, Voces del Secuestro, logró cautivar a unas audiencias y por esa vía aportar al explicable rechazo y animadversión que aún se respira en el país hacia los exmiembros de esa agrupación subversiva, convertida en partido político en virtud de lo acordado en La Habana.

Al tiempo que alentaba a sus oyentes hacia la venganza, su cercanía y admiración hacia Uribe crecía exponencialmente. De allí que el respaldo dado por el ganadero y latifundista antioqueño se explique por la ciega admiración que el periodista siente hacia el senador.

Acabar con las Altas Cortes, derogar la JEP y cambiar la composición del Congreso, entre otras medidas y acciones, son anhelos políticos —¿obsesiones?— de sectores de poder que siguen conectados ideológica y éticamente con el proceder del combativo hijo de Salgar.

Lo que buscan militares activos y retirados, operadores políticos, grupos de periodistas de noticieros radiales, periódicos y medios televisivos, empresarios y sectas religiosas es regresarnos al marco constitucional de 1886.

El Estado de opinión del que habla Uribe como un estadio superior del Estado de derecho, expresa con enorme claridad el espíritu mesiánico del político antioqueño, su enfermiza relación con el poder y su interés genuino por desviar la atención de los procesos que en su contra reposan en la Corte Suprema de Justicia y ahora en el Consejo de Estado, por una demanda que podría terminar con la pérdida de su investidura de senador.

El Estado de opinión no solo representa un riesgo institucional, sino que se convierte en una peligrosa herramienta de manipulación política de las audiencias.

Mismas audiencias que RCN, Caracol, La W, la FM, medios impresos regionales y El Tiempo, entre otros medios, se han encargado de engañar con la entrega de información sesgada y con cubrimientos noticiosos tendenciosos que han servido para proteger no solo la imagen de Uribe, sino la de otros “líderes” de un régimen de poder que deviene ilegítimo y que se mueve en las fronteras que separan a lo legal de lo ilegal.

Paz sí, pero no así

Pocas frases de campaña electoral sirven para explicar la existencia de dos bandos en los que Colombia deviene dividida: de un lado, está el grupo de ciudadanos que acompañan el proceso de paz y la reconciliación; del otro, cientos de miles de colombianos que de manera obstinada insisten en desconocer el enorme valor que tiene el haber negociado el fin del conflicto armado entre el Estado y las Farc-Ep.

Aquellos que usan el estribillo paz sí, pero no así, hacen parte del llamado uribismo, sector de poder en el que confluyen ganaderos, latifundistas, cientos de miles de colombianos defensores de las ideas conservadoras y empresarios asociados a la práctica de los agrocombustibles.

De igual manera, convergen en esa facción de poder político y económico militares y policías activos y retirados que ocultan tras una aparente cuestión de honor, sus intereses en mantener las dinámicas de la guerra interna porque, o bien se benefician de contratos para la producción o comercialización de pertrechos, o porque simplemente ven en la doctrina del enemigo interno un camino de realización militar que incluye, por supuesto, un odio visceral contra todo lo que huela a izquierda o hacia cualquier acción discursiva que invierta la relación dominante expresada en Orden sobre Libertad (O/L).

Con el regreso del uribismo al poder político en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, el proceso de implementación viene sufriendo tropiezos de todo tipo y ataques sistemáticos a la institucionalidad judicial que coadyuvó al blindaje constitucional y legal de lo acordado entre la entonces guerrilla de las Farc y el Estado colombiano durante el Gobierno de Santos (2010-2018).

Al ser visto el proceso de paz de La Habana como una amenaza, en particular lo acordado en el punto 1, Reforma Agraria Integral, ganaderos, latifundistas y sectores agroindustriales vienen apoyando el discurso desinstitucionalizador del senador Uribe Vélez.

Uribe Vélez viene agenciando e incentivando un agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo y las Altas Cortes y, en particular, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por razones que no solo tienen que ver con lo negociado en La Habana en materia de reforma agraria integral, la presencia de líderes exguerrilleros en el Congreso y la operación de un modelo de justicia restaurativa, sino por asuntos que de manera directa afectarían su seguridad jurídica por estar comprometido su nombre y el de su hermano Santiago, en procesos e investigaciones tanto en el Consejo de Estado, como en la Corte Suprema de Justicia por hechos que tienen que ver, entre otros asuntos, con el financiamiento y apoyo político de grupos paramilitares.

El expresidente Uribe siente que la comparecencia de altos exoficiales del Ejército a la JEP puede servir para develar su directa o indirecta responsabilidad en la práctica sistemática conocida como falsos positivos.

Es tal el miedo que tiene el exgobernador de Antioquia ante la posibilidad de que esas declaraciones lo vinculen con la comisión de crímenes de lesa humanidad, que sus temerarias reacciones lo llevaron a respaldar tempranamente el referendo que el periodista y agente de la extrema derecha del país, Herbin Hoyos, viene liderando para desmontar no solo a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino a las Altas Cortes, calificadas por Uribe y sus áulicos, como cortesanas y amigas del terrorismo.

Con el silencio cómplice del presidente Duque, el senador de Salgar y gran elector en Colombia viene presionando a su ungido y motivando a las huestes enemigas de la construcción de una paz estable y duradera tal y como se acordó en Cuba, para desestabilizar al país, hacer invivible a la República para, finalmente, instaurar lo que él mismo ha llamado un Estado de opinión.

Un Estado de Opinión que no es más que el escenario natural en el que figuras mesiánicas como él concentran el poder político y, por esa vía, anulan los pesos y contra pesos de la democracia y de esa manera buscan instaurar, nuevamente, el régimen de mano dura que orientó entre 2002 y 2010.

La llamada Comunidad Internacional debe saber que hoy en Colombia el expresidente Uribe Vélez lidera un proceso de desinstitucionalización cuyo objetivo máximo es neutralizar a la JEP y, por ese camino, evitar que el país conozca la verdad de lo ocurrido en el marco de un conflicto armado interno cuyos actores armados (paras, militares y guerrillas) violaron los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Al final, es claro que el conflicto armado se degradó.

El proceso de paz y la implementación de lo acordado en La Habana están en riesgo inminente por las acciones temerarias emprendidas por sectores de poder político y económico interesados en mantener y extender en el tiempo sus privilegios de clase, y en particular, continuar con un modelo de desarrollo económico abiertamente insostenible desde las perspectivas ambiental, cultural, económica y política.

Todo lo anterior, en contexto

Lo dicho hasta el momento obedece a un proceso histórico y tiene, por supuesto, un complejo contexto que bien vale la pena comprender.

En el largo y sinuoso proceso de construcción de Estado, sociedad y mercado en Colombia, las dinámicas políticas, ideológicas y las acciones militares generadas en el marco del conflicto armado interno obnubilaron no solo los problemas, deficiencias y carencias que ya mostraba ese proceso, sino la incapacidad de autocrítica de sus élites y de la sociedad en general, señaladas las primeras de no poder pensar y liderar un proyecto de nación plural que diera cabida a todos los sectores poblacionales y étnicos.

El resultado de ese difuso proceso deja truncos y deficientes procesos civilizatorios echados a andar en territorios en los que la sociedad y el mercado se formaron sin Estado o, por lo menos, con nociones precarias alrededor de su necesidad para ordenar el territorio de manera sostenible, imponerse a fuerzas anárquicas y a grupos de poder que desde tiempos remotos supieron servirse de esa forma de dominación que llamamos Estado, para garantizar y extender en el tiempo sus mezquinos y particulares intereses.

Y donde hubo y hay aún Estado, instituciones y una institucionalidad derivada más o menos fuerte y legítima, emergieron élites incapaces de liderar la consolidación no solo de un Estado para todos, sino de erigirse como referentes de una eticidad capaz de conducir al resto de los sectores sociales por caminos comprensivos de lo público, visto este último como un factor de congregación y de unión entre todos los colombianos alrededor de una idea consensuada de bien común.

A pesar de acciones modernizadoras y modernizantes, gran parte de la sociedad colombiana, incluyendo a las élites del Establecimiento, se mueven entre escenarios premodernos y una modernidad tardía especialmente en materia de reconocimiento de derechos y libertades.

En ese orden de ideas, no se puede ocultar que las ideas liberales[2] aún resultan incómodas y retadoras para grupos sociales y políticos que ven riesgos morales y éticos en esa manera de asumir la vida en sociedad.

En estos largos años de República, los colombianos hemos asistido a una lucha incesante entre sectores de poder político y económico, responsables no solo del levantamiento armado de las guerrillas en los años 60, sino de la extensión en el tiempo del conflicto armado interno con miras a continuar ocultando la falta de visión y capacidad de las élites para llevar al país hacia estadios de desarrollo económico en y para todo el territorio, fortalecer la democracia y consolidar un Estado de derecho como condición mínima para construir un orden justo y legítimo y minimizar los riesgos que siempre habrá cuando se trata de vivir juntos en medio de diferencias de todo tipo.

El conflicto armado interno, entonces, terminó no solo ocultando todo tipo de falencias y equívocos en los procesos civilizatorios echados a andar en el territorio colombiano, sino que sirvió para exacerbar el enfrentamiento ideológico entre quienes reconocieron en las guerrillas legitimidad para enfrentarse a un Estado premoderno y al servicio de una oligarquía que jamás sufrió derrota, cuyos miembros no asumieron la presencia de los grupos insurgentes como una oportunidad para cambiar o reorientar las maneras como ellos venían aportando a la consolidación de un Estado con las particularidades que hoy se le reconocen al colombiano: débil, precario, con visos de ilegitimidad, capturado por mafias de toda índole y frágil referente de orden.

Los procesos de paz, entonces, de muchas maneras han servido para dar cuenta del enfrentamiento ideológico entre los dos bandos a los que se aludió líneas arriba, lo que ha impedido lograr una verdadera reconciliación entre los colombianos.

El proceso de paz que se adelantó entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc- Ep, durante la administración de Juan Manuel Santos Calderón, hoy sirve para dar cuenta de la permanencia de esos dos bandos, que derivaron en la construcción de igual número de países:

– Uno que, claramente, apoyó las negociaciones políticas llevadas a cabo en La Habana y extendió ese respaldo al decir SÍ al plebiscito del 2 de octubre de 2016;

– Y el otro país, representado en una otoñal oligarquía que no solo se opuso a las negociaciones, sino que dijo NO en la misma contienda electoral y plebiscitaria.

Ese país del NO sigue atorado al pasado e insiste en impedir la implementación de lo acordado en el Tratado de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Esa parte de Colombia, además, pretende extender en el tiempo la precariedad estatal, la captura mafiosa del Estado y los privilegios de una clase dirigente y empresarial que viene consolidando un modelo de desarrollo económico insostenible, carácter este que se extiende a ámbitos sociales, políticos y culturales.

Así entonces, todo lo que venga del llamado uribismo está profundamente anclado a esos procesos civilizatorios que devienen truncos o fallidos, por cuenta de la incapacidad de unas élites de construir nación y de las acciones autocráticas de operadores políticos emergentes y mesiánicos, como Uribe Vélez, que insisten en anular el sentido que de lo público tiene la Política.

[1] No existe como doctrina política. Se usa el término para dar cuenta de grupos de ciudadanos admiradores y seguidores de Uribe Vélez. No se trata, ni mucho menos, de un “tanque de pensamiento”. No, más bien son ciudadanos que confluyen en la defensa ciega del expresidente, de sus ideas retardatarias, belicosas y autoritarias.

[2] Discusiones alrededor de temas como el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo, la eutanasia y la despenalización del aborto, entre otros, han servido para mostrar que una parte de la sociedad colombiana sigue siendo conservadora y en temas sexuales, mojigata y con posturas anacrónicas, guiadas especialmente por sectores de la Iglesia Católica y congregaciones cristianas.

Foto cortesía de: El Tiempo