Autor: Germán Ayala Osorio
Después de la derrota jurídica y política que sufrió en el Congreso de la República el presidente Duque y las bancadas del Centro Democrático y el partido Conservador, entre otras, al hundirse las objeciones planteadas al entonces proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el haber tenido que sancionarla a regañadientes, la confrontación entre el Ejecutivo con las Altas Cortes se mantiene, en particular con la Corte Constitucional.
El reciente fallo de dicha corporación que afectó a dos artículos del Código de Policía, nuevamente provocó malestar en el Ejecutivo, aupando el disgusto por una equivocada y malintencionada comprensión y lectura que medios y periodistas hicieron del sentido del fallo.
Medios y periodistas de emisoras y noticieros de televisión (Caracol y RCN) informaban que la Corte desconocía los derechos de los menores y ponía por encima de estos los de “borrachos y consumidores de alucinógenos” que de manera libre podrían beber y fumar en parques sin ninguna restricción. Sin duda, hicieron una lectura moralizante del fallo y por esa vía engañaron a las audiencias.
Y nuevamente apareció la frase célebre “acato el fallo, pero no lo comparto”, expresión clara que evidencia y expone un claro enfrentamiento institucional que debilita a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, al tiempo que aúpa a quienes, de tiempo atrás, y por variados intereses, insisten en la idea de crear una sola corte con la clara intención de poder manipular a los magistrados que hagan parte de esta.
Incluso, fueron más allá y plantearon declarar la Conmoción Interior, para luego insistir en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el firme propósito de hacer trizas el Tratado de Paz firmado por el Estado para poner fin al conflicto armado con la entonces guerrilla de las Farc-Ep.
Después de que la prensa tergiversara el sentido de lo expresado por la Corte Constitucional en torno a los dos artículos del Código de Policía demandados, de inmediato los contradictores del espíritu liberal que acompaña a muchos fallos de dicha corporación, invitaron a marchar contra la decisión de la Alta Corte.
“Rechazamos esa sentencia de la Corte Constitucional y nos disponemos a salir a las calles, nos están llamando a volcarnos a la calle. Lo único que Gobierno anterior no pudo quitarnos fue la calle”.
“Vamos para la calle y vamos a pedir que se tomen medidas contundentes para que el decreto presidencial que le ordena a la Policía decomisar la droga que circula en las calles, se pueda aplicar sin obstáculo”.
Lo dicho por el expresidente Uribe Vélez no pasaría de ser una simple opinión de quien, de tiempo atrás, profesa una fuerte animadversión contra todo fallo que garantice libertades y derechos a los ciudadanos.
Animadversión en particular en lo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, si no fuera por la dependencia moral y política del presidente Duque frente a lo que pueda pensar, decir y hacer el senador y líder del partido de gobierno, el Centro Democrático.
De esta manera, el presidente de la República y esa parte del país que se opone al Acuerdo Final continúan enfrascados en una lucha política e ideológica que tiene como fuente inspiradora el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando por estrecho margen ganó el NO la consulta.
Y a pesar de que varios puntos del Acuerdo Final I se ajustaron atendiendo los reparos de los sectores del NO, el Centro Democrático y el “país uribista” continúan generando un clima adverso a la necesidad de ambientar escenarios de reconciliación, para que sea en estos en donde se pueda asentar esa paz estable y duradera que cada vez se torna más lejana a juzgar por los obstáculos políticos, legales, financieros, presupuestales y administrativos que el Gobierno de Duque viene poniendo al proceso de implementación del Acuerdo Final II.
Las 16 curules
Durante la revisión del expediente de las objeciones tramitadas en el Congreso, la Corte Constitucional no solo reconoció y validó su hundimiento de acuerdo con las votaciones surtidas en Cámara de Representantes y Senado, sino que abrió la posibilidad de revivir las 16 curules que, de acuerdo con el Tratado de Paz, deben asignarse a las víctimas de los actores armados que actuaron en el marco del conflicto armado interno.
Hay que recordar que tanto en la votación de las objeciones como del proyecto que daba vida a las circunscripciones especiales de paz (16 curules territoriales para las víctimas) se presentaron discusiones numéricas alrededor de la mayoría absoluta necesaria para aprobar o no los textos o expedientes sometidos a votación.
Al confirmar la Corte Constitucional cómo se define las mayorías en el Congreso, el senador Roy Barreras interpuso una acción de tutela con el siguiente propósito:
“Exigir que las curules de las víctimas que se negaron en su momento al descontar los cuatro senadores que estaban detenidos, sean reconocidas como aprobadas para poder que las siete millones de víctimas vayan en octubre a elecciones y puedan ocupar su sitio para defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación».
No quiero imaginar las reacciones del llamado uribismo, en cabeza del presidente Duque, si a través de dicho mecanismo expedito de la tutela se logran revivir las 16 curules para las víctimas.
El escenario electoral
Las elecciones regionales que se avecinan muy probablemente estarán atravesadas ideológica y políticamente por quienes de un lado buscan afanosamente incumplir con lo acordado en el Tratado de Paz y por aquellos que, apegados a la institucionalidad y acompañados por la ONU y una buena parte de los países europeos, insisten en que el Estado en su conjunto debe implementar el Acuerdo Final en las condiciones pactadas.
Muy seguramente el Centro Democrático y los sectores de poder militar, empresarial, económico, político y social que rechazan lo acordado en La Habana apelarán nuevamente a la estratagema usada en la campaña para el plebiscito que no fue otra que la de mentir, tergiversar y hacer que la gente salga berraca a votar.
Aunque pareciera que Uribe Vélez como figura política viene perdiendo seguidores y sobre todo admiradores, no se puede desconocer que hay sectores de la sociedad que no aceptan lo acordado en La Habana y firmado en el Teatro Colón de Bogotá.
Esos colombianos que fungen como detractores y críticos del Tratado de Paz suelen ser usados por políticos “uribistas” no solo para que expresen su oposición a lo acordado con la entonces guerrilla de las Farc-Ep, sino para ocultar los verdaderos intereses de ganaderos, latifundistas, promotores de las Zidres y de los agrocombustibles quienes se oponen al cumplimiento del punto 1 que alude a la Reforma Agraria Integral.
Por ejemplo, en materia de actualización catastral, hay sectores de poder que ven riesgos en este compromiso consignado en el Tratado de Paz. ¿Acaso hay situaciones de testaferrato que algunos quieren ocultar?
A los agrios enfrentamientos institucionales provocados desde el uribismo y validados y apoyados por la figura del presidente alrededor del proceso de implementación del Acuerdo Final II, se suma el rifirrafe suscitado entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el presidente del Banco de la República, Juan José Echavarría, por declaraciones que hizo el segundo en torno al comportamiento de la economía colombiana.
El jefe del Emisor dijo que la economía estaba estancada. La respuesta, grosera por demás, de Carrasquilla, no se hizo esperar y señaló que lo dicho por Echavarría no tenía sustento en cifras (que era, por lo tanto, paja). Y lo conminó a cumplir con sus funciones constitucionales y a evitar dar opiniones.
El economista Mario Valencia, en reciente columna señala que:
“Para ser justos, el estancamiento de la economía que advirtió el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, no ocurrió exclusivamente durante el Gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, en los nueve meses al mando tuvo oportunidad de corregir el rumbo y no lo hizo. No es porque no ha podido, sino porque no quiere y no lo hará. Duque se encontró con una economía delicada de salud, pero entró a la unidad de cuidados intensivos con un bate”.
Así entonces, el Gobierno de Duque no solo debe enfrentar los problemas que genera una economía estancada, sino las dificultades que se desprenden de insistir en hacer trizas el Acuerdo de Paz, cuando claramente del éxito de su implementación dependerá la llegada de inversionistas y del mejoramiento de los indicadores económicos.
Caricatura cortesía de: @Donbarbarias
Parece olvidar el Gobierno de Duque que la paz de Santos tuvo y tiene un carácter más económico que político, de allí que insistir en torpedear el proceso de implementación de lo acordado en Cuba es afectar el clima de certidumbre y tranquilidad que requieren los dueños del gran capital.
Sería recomendable que el presidente Iván Duque leyera el libro del expresidente Juan Manuel Santos, en particular la página 65, en la que se lee lo siguiente:
“El capital no es amigo de las guerras, no es amigo de la violencia, no es amigo de la inseguridad, ni física ni jurídica” (Santos, 2019).
Así entonces, convendría que el jefe de Estado dejara de seguir a pie juntillas las ideas de su mentor y “presidente eterno”, para dedicarse a resolver los problemas económicos que en menos de un año de su administración ya preocupan a los industriales y a los economistas.
De continuar enfrascado en la lucha ideológica en torno al reconocimiento o no del conflicto armado interno, a la conversión de las Farc en partido político y a la “incómoda” presencia de sus miembros en el Congreso y a la imparable acción de la JEP, el presidente Duque estará abonando el terreno no solo para provocar una crisis económica, sino para consolidar las dudas que circulan en torno a la continuidad de su Gobierno. Así las cosas, ¿qué sigue para Colombia?
Fotografía cortesía de: Semana
