¿A quién le importan los líderes sociales asesinados y la paz de Colombia?

Aunque parezca blasfemo, a más de medio país parece no importarle la vida de los líderes sociales asesinados y, mucho menos, el ataque constante contra la JEP, que es lo único que queda de unos acuerdos de paz cumplidos por los firmantes de la extinta guerrilla FARC e incumplidos y traicionados por el Gobierno de Iván Duque, elegido por una alianza del partido de la guerra.

En cambio, es una paradoja e ironía que quienes más se muestran interesados por la suerte de los líderes asesinados y la paz de Colombia, sean reconocidos medios de comunicación extranjeros y algunas agencias de ayuda internacionales.

Estos días llovieron artículos, reportajes y editoriales de un número importante de medios de comunicación liberales, principalmente de EE. UU., como el NYT, el Washington Post, la agencia de prensa Associated Press, (AP) y un medio alemán, donde señalaban los vínculos de la comandancia del Ejército con las conocidas ejecuciones extrajudiciales, y el peligro de que la paz, que ya está bien maltrecha, termine desintegrándose.

Todo comenzó cuando el reportero Nicholas Casey escribió un amplio reportaje sobre una directiva del Ejército a generales y comandantes de tropa para que en sus operaciones militares produjeran mayores resultados, según le informaron oficiales del Ejército que pidieron no publicar sus nombres por miedo a represalias.

En esencia se les pedía implementar una estrategia de guerra contrainsurgente ya conocida en el país, que exigía resultados militares con muchas bajas en combate o fuera de él, sin importar si eran civiles, lo cual significó estímulos y recompensas a los que más muertes reportaron.

Conocida como Seguridad Democrática, esta política criminal del Estado significó un crecimiento exponencial en las ejecuciones extrajudiciales durante el período que ejercieron como ministros de Defensa Marta Lucía Ramírez, Camilo Ospina, Juan Manuel Santos (2006-2009) y Gabriel Silva, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Seguridad Democrática que definió el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, excandidato a director del Centro Nacional de la Memoria Histórica, Vicente Torrijos, como lo siguiente:

“El empoderamiento de las capacidades de la Fuerza Pública, la inteligencia recaudada en el Caguán y los recursos derivados del Plan Colombia constituyeron piezas fundamentales que, habiendo empezado a articularse bajo la administración Pastrana, potenciaron los esfuerzos del presidente Uribe desde el momento mismo de su posesión”.

Por asesinar cinco mil civiles o guerrilleros fuera de combate, han sido condenados unos 1.600 soldados, afirma el NYT. Civiles que nada tenían que ver con la guerra, ni pertenecían a organizaciones armadas ilegales, dando comienzo a la política Estatal de ejecuciones extrajudiciales, más conocida como “falsos positivos”.

El artículo del NYT desató una retahíla de acusaciones, señalamientos, réplicas donde el Estado colombiano tuvo de su lado a los mismos que siempre han defendido esa estrategia de muerte y eliminación del contrario, del “enemigo interno”, sean guerrilleros o personas que no participan de combates, civiles, líderes sociales, sindicalistas, indígenas, afros, reclamantes de tierras, estudiantes.

Al artículo citado le respondieron, desde la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien trinó, “¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”; hasta Álvaro Uribe, quien sostuvo que el “NYT actuaba como un sirirí contra el presidente Duque”.

A raíz de los señalamientos que se le hicieron desde el Centro Democrático, el periodista del NYT tuvo que salir del país, confirmando un viejo antecedente del poder político en el país, que dice que todo aquel que se oponga o critique con dureza y argumentos el poder, tendrá que enfrentar la calumnia, las amenazas o el destierro, en el mejor de los casos.

Luego, el diario neoyorquino, a raíz de las réplicas que recibió de las huestes del partido de la guerra que insiste en sabotear lo que queda de los acuerdos de paz, respondió con un editorial donde señala que Duque y sus aliados en la derecha han saboteado parte del progreso pacífico del pacto:

”Casi tres años después, el país es liderado por políticos que se opusieron al acuerdo y la paz pareciera estar en crisis, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia”.

Cómo estará de jodida la cosa en materia de violaciones de los DD.HH., incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado, reaparición de las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de líderes sociales y la reactivación del conflicto armado con nuevos actores como las disidencias de las FARC, neoparamilitares y ejércitos de narcos, que son los medios extranjeros y agencias internacionales quienes han decidido expresar su preocupación con el entramado de cosas en Colombia.

Han llegado incluso a considerar un error de grandes repercusiones regionales, que los Gobiernos de Donald Trump e Iván Duque sigan oponiéndose a los acuerdos o echen por tierra lo pactado, abandonando a las víctimas, familias y movimientos de base, y dejándolos expuestos al exterminio sistemático; como diciendo que de seguir esa tendencia, jamás se cumplirá con los importantes objetivos del acuerdo en materia de verdad, justicia, no repetición y reparación.

Es innegable la vergüenza y la culpa que tendrán que soportar los medios corporativos colombianos por el hecho de que sean medios extranjeros los que levanten la alfombra terrorífica de lo que está sucediendo aquí, demostrando con su actitud de tapar y negar que no tienen cómo excusar su complicidad con las fechorías del poder.

Y como lo han sostenido algunos, deberían tener un espacio en la JEP para que cuenten su versión sobre cuál ha sido su papel en el largo conflicto armado y contribuyan a reconstruir la verdad de lo que pasó, pues son también responsables de la tragedia humanitaria que silenciaron, negaron o simplemente apoyaron.

¿O acaso no apoyaron y justificaron desde sus medios y editoriales la política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, responsables de miles de asesinatos y millones de expropiados y desplazados?

Es una ironía muy grande que a quienes le importa y quienes levantan la alfombra que oculta la podredumbre y crímenes de Estado que se están cometiendo, son los medios extranjeros, algunos organismos internacionales y unas cuantas plataformas informativas alternativas e independientes.

Cuando velar por el cumplimiento de un mandato constitucional como es la paz, debería ser una responsabilidad y compromiso ético también de los más importantes medios nacionales, apoyando unos acuerdos que por más imperfectos que sean y por más que traten de descalificarlos los partidarios de la guerra, son preferibles a un conflicto interminable, ¿asumirán ese reto?

No obstante, es la sociedad la que tiene un papel central ante la crisis y el abismo al que nos precipitamos, asumir ser mayoría y lograr el consenso necesario, el que no se ha alcanzado hasta ahora, para poner fin a la confrontación e instaurar la paz social como su principal razón de ser, sin sacrificar la legalidad ni el Estado Social de Derecho. Esa sería la derrota del partido de la guerra en Colombia.

Foto cortesía de: Pares