La política de desprestigio de la JEP

Luego de que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, renunciara y adujera que lo hacía, entre otras cosas, motivado por la afrenta al orden jurídico que, según él, causó la decisión emitida por la JEP que aplicó la garantía de no extradición a alias Jesús Santrich; aparecieron nuevas pruebas, incluido un video que la Fiscalía entregó a los medios de comunicación el día en que se emitió la providencia; evidencias que sirvieron para iniciar una investigación en Colombia en contra del solicitado en extradicción y ordenar su recaptura, la que se materializó con el correspondiente show mediático que todos conocemos.

A pesar de conocerse que las pruebas no se entregaron a la JEP, por lo que se infiere que esa jurisdicción actuó en derecho, circunstancia que se refuerza con el contenido de la decisión, donde se hace un análisis sobre la legalidad y licitud de los medios de convicción con los que sí contaron los jueces para resolver el asunto, aunado al hecho de que hubo una ardua controversia al interior de la sala, dos magistradas de los cinco que integran la sección salvaron el voto; el presidente de la República insiste en desacreditar la JEP, como se desprende de su intervención en la Asamblea de la ANDI el pasado 21 de mayo, donde manifestó que la semana pasada no hubo crisis institucional, sino que el país tuvo un reto:

“Un reto donde un delincuente que fue capturado en una operación de cooperación judicial, con pruebas fehacientes, fue dejado en libertad, pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de derecho, y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos, es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio y un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico, con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional. Grave sería lo contrario.

Que con esas pruebas, que con esa evidencia, que con esos videos, más las pruebas que llegaron para el nuevo proceso, que han sido ventiladas, por lo menos por parte de la Fiscalía en los comunicados, que con esas pruebas, estuviera ocurriendo lo contrario, eso sí sería una crisis institucional”.           

Como se advierte, el primer mandatario señala públicamente que a pesar de que existen pruebas fehacientes de un ilícito de narcotráfico, el delincuente fue dejado en libertad. Si no hubiera sido por la Fiscalía, crisis. Así se tergiversó la realidad y se contribuyó con el mensaje que promueven ciertos sectores en el país, que pretenden desprestigiar la jurisdicción especial y sembrar la falsa idea de que el Tribunal para la Paz es una corporación judicial de impunidad.

No cuenta el presidente al país, a ese que no sabe ni entiende de competencias, procedimientos ni trámites jurisdiccionales, que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz no investigó ni juzgó al presunto autor de un delito, sino que resolvió una solicitud sobre la aplicación de garantía de no extradicción, concediéndola ante la imposibilidad de determinar la fecha precisa de realización del presunto comportamiento contrario a la ley por falta de pruebas.

Tampoco que ese tribunal, de manera consecuente con lo establecido, ordenó la libertad inmediata del beneficiado con la medida adoptada, pues aplicado el amparo no había lugar a la privación de la libertad con fines de extradición. Mucho menos que esa determinación no implica un juicio de responsabilidad penal y que no es definitiva ni obliga, hasta tanto no se resuelva el anunciado recurso de apelación que ha dicho interpondrá la Procuraduría General de la Nación.

Y es que fue la misma jurisdicción especial la que señaló, en comunicado emitido el 17 de mayo pasado, que las nuevas evidencias y elementos de prueba a que se refiere la Fiscalía y afirma obtuvo producto de la cooperación judicial internacional sobre el caso, y le permitieron expedir una orden de captura en contra de alias Jesús Santrich, nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión de la JEP. Ello tampoco sirvió para que se le dijera al país la verdad. Por ello, es una completa afrenta pretender atribuirle al Tribunal para la Paz un acto de impunidad, al propiciar la libertad, de manera “contraevidente”, de un delincuente, como se ha dicho.

Preocupa que sea el presidente de la República quien se empeñe en despotricar de la justicia transicional, como lo hizo en su discurso de la noche el día en que se profirió la providencia, y continúe en la tarea de minar la credibilidad de la JEP, luego de que se supo que las pruebas no le fueron remitidas a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

Todo parece indicar que, a pesar del hundimiento de las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial, como se insinúa lo confirmará la Corte Constitucional, el primer mandatario no quiere pasar la página, persistiendo en la labor de desprestigiarla para luego justificar su modificación, muy seguramente influenciado por quienes tienen ese profundo interés en el partido de Gobierno y será él, quien llevará al país a la verdadera crisis institucional que hoy quieren achacarle gratuita y mentirosamente a la JEP, para proponer el remedio, recurriendo en último caso a las urnas sugestionando a la ciudadanía para el logro del objetivo que todos conocemos: la verdadera impunidad.

De otro lado, la forma como se refirió al exguerrillero beneficiario de la garantía de no extradición, independientemente de que sea culpable o no del delito o delitos que ahora se le imputan, denota un total desprecio por la dignidad de las personas, de los principios básicos del debido proceso como la presunción de inocencia y de la competencia atribuida a las autoridades jurisdiccionales, independencia y autonomía judiciales, pues se supone su responsabilidad sin haber sido oído y vencido en juicio y, por consiguiente, declarado culpable mediante sentencia debidamente ejecutoriada.

Lo que sigue ahora es la conformación de la terna para fiscal general de bolsillo, el pacto político para superar la “crisis”, pero solo con los que están de acuerdo con el partido de Gobierno para las reformas constitucionales y legales, dejando de lado medio país, sin descartar la tan apetecida Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de  transformar de tal manera la JEP que resulte inoperante y contraria a los fines para la que fue creada, unificando las Cortes y permitiendo el regreso del eterno. De esta manera garantizarán, ahora sí la impunidad, pero para los que no quieren que se sepa la verdad.

Definitivamente, el Gobierno no tiene prioridad distinta a la de hacer trizas el Acuerdo de Paz en Colombia, el segundo país más desigual de América Latina y el Caribe. ¡Qué nos espera entonces!