Impunidad censurada

Es paradójico hablar del concepto de libertad en una sociedad donde priman la corrupción, la desigualdad, la marginación, los intereses políticos y económicos. Es casi utópica la idea de que exista una prensa libre en donde se respeten los derechos de los periodistas, como manifiesta el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.

Sin lugar a dudas, este derecho es también imprescindible para el ciudadano de a pie que, como ente político, debe tener la posibilidad de expresar y difundir sus ideas.

En la ciudad de Medellín este panorama no es nada nuevo. Los medios nacieron en las casas de los líderes políticos que, a través de su hegemonía, ejercían control a su antojo, generando miedo en los periodistas y provocando limitaciones en el adecuado desarrollo de la información, obstruyendo la denuncia y la crítica en los medios.

Además, la aparición del narcotráfico multiplicó la censura cuando Colombia se volvió el país con mayor comercio y tráfico ilegal de drogas tóxicas a nivel mundial. Sobornaban a funcionarios del alto Gobierno: policías, mandatarios y todo tipo de prensa. “Fue una época muy dura, porque si no aceptaban el soborno o la intimidación, atentaban contra la vida de los periodistas”, recordaba el historiador Álvaro Trilleras en el Diario del Huila.

No basta con denunciar

El 7 de diciembre de 2015, en el Nudo de Paramillo, Ituango, zona guerrillera dominada por el frente 18 de las FARC, Óscar Morales, subdirector de Noticias Telemedellín, fue retenido dos días, mientras se encontraba realizando un trabajo de periodismo ambiental para Teleantioquia. El comandante consideró que él estaba desarrollando unas supuestas e intimidantes labores de inteligencia.

Este caso es uno de los muchos que, como la autocensura, agreden y atacan en lo más íntimo la libertad de prensa, definida como el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones.

“Periodista que no tenga mínimo cinco demandas en la Fiscalía, no es periodista”, afirma Óscar. Siempre estamos expuestos a múltiples denuncias, en especial cuando una entidad o un ciudadano, no están a gusto con la información que se publica.

Aunque estos casos son comunes, no deben normalizarse. “La censura es lo peor que le puede pasar a un periodista, lo catalogo como un flagelo”, dice Germán Mendoza, periodista de Nos cogió la noche, del Canal Cosmovisión. Es una problemática que crece y se extiende de manera sutil. Los medios siguen siendo vulnerados en la medida en que las organizaciones tanto públicas como privadas continúan adoctrinando a las líneas editoriales, limitando la libertad y la capacidad de opinión en las salas de redacción: “El control en los medios es necesario, mientras sea empleado para organizar y direccionar el contenido, debido a que por naturaleza las personas son emocionales y tienden a caer en la subjetividad, razón por la cual existen los consejos de redacción”, expresa Óscar Morales.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2018, 44 periodistas fueron víctimas de este flagelo en Antioquia. Los presuntos agresores son principalmente bandas criminales, fuerza pública y políticos. Para combatir las amenazas de censura, la FLIP, como explica Julián García, asesor de protección de dicha entidad, “tiene un proceso de seguimiento a las denuncias de los periodistas, a través de la verificación de la situación. Al ser confirmado, se procede a la documentación y la publicación del caso”.

Aun así, estamos en un Estado que desprotege, no investiga, no garantiza justicia, pretende solucionar las problemáticas a través de procesos judiciales y no fomenta el debate, además, crea proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de prensa. Sirva como ejemplo el proyecto de la ley TIC, que otorga poder excesivo al Gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre la asignación y renovación de licencias de televisión y radio.

“Un periodista no es juez, ni policía, ni abogado. Sin embargo, es una de las principales fuentes de denuncia en el país”, manifiesta Óscar que, de primera mano, ha sido víctima de vulneración de derechos, sucesos que han quedado impunes y han sido olvidados en el tiempo.

Es inevitable pensar en el caso de Jaime Garzón donde, a pesar de tener pruebas concluyentes, los resultados no dejaron de ser agujas de justicia en un pajar de impunidad. Garzón, a través de la sátira y el humor, criticó de frente al poder, al narcotráfico y a la sociedad colombiana, razón por la que fue asesinado.

Para evitar que hechos así se repitan, se han intentado crear nuevas formas de prensa libre, como los medios independientes que, como asegura Germán Mendoza, son muy complicados de sacar adelante, pues “un medio no puede vivir del aire”, de ahí la necesidad de seguir una pauta oficial que, por los mismos intereses de los patrocinadores, no permite decir o publicar lo que se debe porque puede afectar sus ingresos.

En múltiples ocasiones las personas consideran que la prensa es su enemiga, en lugar de un “perro guardián” de la democracia, asegura la FLIP.

La libertad de prensa debe ser protegida, es la encargada de asegurar la autonomía de los ciudadanos, haciendo posible que la sociedad adquiera una conciencia crítica.

La UNESCO tiene como objetivo trabajar para que la libertad de prensa sea garantizada y profundizada, argumenta a su vez que unos medios de comunicación pluralistas y diversificados permiten al público tomar decisiones basadas en información y datos fidedignos.

En contra de la opresión

“Una vez me amenazó la Oficina de Envigado para que no publicara una crónica sobre microtráfico que estaba haciendo y, a pesar de la amenaza, la publiqué. La más reciente fue la que tuvo el señor Raúl Tamayo, que es de la familia propietaria de El Colombiano. Él se refirió a mí públicamente como activista de la guerrilla en redes sociales, obviamente es una estigmatización pública, para que yo no siga publicando mis columnas”, expresa Ana Cristina Restrepo, periodista de Blu Radio y El Colombiano.

Restrepo sostiene que las causas de la censura son las sociedades monolíticas, menos pluralistas y más cerradas, es decir, sociedades en donde se tiende a crecer menos, porque no se da lugar al pensamiento diferente, por lo que hay menos creatividad. Además, apunta la periodista, para tener libertad de expresión se necesitan gremios fuertes, que se apoyen entre ellos.

“Las acciones violentas contra periodistas se presentan cuando publican o investigan temas de interés general o que afectan a los intereses políticos y económicos”, sostiene Julián García, asesor de la FLIP.

De acuerdo con la OEA, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: en primer lugar, vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; por otro lado, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y, por último, violan los derechos de las personas y las sociedades a la hora de buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Gran parte de la sociedad justifica este tipo de sucesos al considerar que no tienen implicaciones directas sobre ellos, dando lugar a una cierta forma de ceguera colectiva originada a partir de una manipulación de masas que omite circunstancias sociales.

En un mundo permeado cada vez más por la corrupción, la violencia y la codicia, es vital “el apoyo entre medios, en donde prime la protección a las historias, ya que estas son las verdaderas amenazas para los principales agresores”, asegura Ana Cristina Restrepo:

“Es primordial que el Estado, desde sus disposiciones legales y administrativas, fomente la creación de nuevos medios de comunicación alternativos, de medios de comunicación públicos y que esos contenidos no estén ligados a ningún Gobierno de turno, esto serviría para que los ciudadanos accedieran a la información de manera más plural”. De igual forma, complementa Julián García, “es importante que haya sanción hacia los responsables de ataques contra la prensa”.

La educación es un aspecto esencial para generar en las personas capacidad crítica y evitar las consecuencias de la censura, como pueden ser regímenes totalitarios y dictatoriales.

Para muchos periodistas puede ser censura que no se les permita publicar un tema, pero también lo puede ser que no presenten dicho tema de forma correcta a su jefe de redacción. Eso mismo sostiene Cristina Monsalve, periodista de Blu Radio.

Es allí, afirma Monsalve, donde un periodista debe generar un proceso de autoevaluación, con el fin de producir conciencia respecto a su esencia, al cumplimiento adecuado de su ejercicio profesional y a la ejecución de los códigos deontológicos. De tal forma, se facilita alcanzar una verdadera libertad de prensa, mediante la cual los ciudadanos puedan desarrollar su derecho a recibir, difundir y buscar información, lo que posibilita la autonomía de pensamiento y, por ende, la emancipación de ideologías.

El periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo en Colombia. En 2017, de acuerdo a la FLIP, 368 periodistas sufrieron ataques y más de 100 denunciaron amenazas.

La FLIP asegura que “las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. Representan el 25% de la totalidad de los actos de este tipo documentados.

Lo más frecuente es la estigmatización. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales”.

Por esta razón, en Colombia los periodistas han convocado concentraciones en distintas ciudades el 3 de mayo para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El director de la FLIP, Pedro Vaca, afirmaba en una entrevista para el diario español El País que “sirve de poco que la libertad del periodismo esté reconocida por la Constitución si los funcionarios no lo saben. El periodismo se enfrenta a la censura”.

La censura previa, interferencia, presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley, como lo expresa a su vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

Es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Sin embargo, es una situación que no se cumple de forma apropiada, debido a la falta de transparencia gubernamental que, en la mayoría de ocasiones, considera que todo aquello que no sea útil para el sistema económico es estigmatizado como indeseable.

Asimismo, argumenta Julián García, “Colombia es un país pionero en tener un programa de protección a periodistas estatal, sin embargo, este programa, ha quedado estancado. Tiene una vocación reactiva, pues reacciona luego de que ocurre la violación”.

Otro aspecto a destacar es la globalización, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Esto permite la inmediatez y la expansión de la información a escala mundial, creando en muchos medios el deseo de trascender la idea clásica de cuarto poder, para convertirse en un poder único y, en ocasiones, totalitario.

En la actualidad, se han creado fronteras de la información donde los periodistas, a causa de las violaciones a la libertad de expresión que viven en la cotidianidad, se limitan a sí mismos sin necesidad de una prohibición externa. Es la llamada autocensura, resumida así por el periodista Germán Mendoza: “A veces las ideas que uno tiene no coinciden con las ideas de los medios y ahí se ejerce cierta presión. No puedo dar los detalles… porque ustedes entenderán”.

Es común que nos cuestionemos acerca de un método o alternativa para erradicar este mal que acecha a los periodistas. En primer lugar, como afirma Óscar Morales, “lo que debemos hacer es no parar, seguir haciendo presencia, porque si no lo hacemos las irregularidades van a ser más fuertes”.

Es fundamental afianzar la conciencia crítica, la capacidad de debate y también, como añade el asesor de la FLIP Julián García, “fortalecer los programas de protección con tal de que sean integrales, es decir, que tengan un componente de sanción judicial para quienes cometen delitos contra la prensa y, de prevención, para que los periodistas no sean objeto de este tipo de situaciones”.

Hemos sido colonizados con falsas ideas de libertad. “En Colombia así como hay mucha libertad de prensa en muchos sentidos, también hay grandes manchas con la censura y con temas muy específicos, que incluso han polarizado el país. La mayoría de los periodistas, directa o indirectamente hemos sufrido la censura”, expone Cristina Monsalve.

“En un clima como el de Colombia, con unos índices tan altos de impunidad, esto es preocupante en la medida en que se envía un mensaje errado a la sociedad, que básicamente es un estado tolerante respecto a la violencia contra periodistas”, agrega Julián.

Por lo tanto, resulta apremiante generar un proceso de descolonización mental donde se adquiera la capacidad de eliminar la normalización de la opresión. Para transformar el concepto de libertad de prensa, se precisan estudiantes críticos en las facultades de comunicación, periodistas arriesgados en las salas de redacción y ciudadanos más conscientes de la realidad en la ciudad de Medellín y en Colombia.

“Para que la libertad de prensa sea algo tangible, desde la FLIP se considera que es importante fortalecer su valor democrático. No basta con que hayan unas disposiciones desde lo legal, sino que también deben haber unas garantías desde el Estado, para garantizar el derecho de los reporteros, en el cual se respalde a todo aquel que esté investigando sobre temas de interés público y que de alguna forma sean sensibles y puedan provocar un riesgo”, precisa Julián García.

En ese orden de ideas, la libertad de prensa solo se puede llevar a cabo por medio de un trabajo colectivo entre el Estado, los medios de comunicación y el gremio de periodistas. Aunque “los periodistas no somos los salvadores del mundo. Sí tenemos una responsabilidad muy grande en un país, en una ciudad. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Con la información que un periodista publica o deja de publicar se pueden lograr muchas cosas o se puede perjudicar a mucha gente”, finaliza Cristina Monsalve.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el Artículo 19, establece que:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

A pesar de la gran cantidad de abusos a los periodistas, aún se tiene la esperanza de que la libertad de prensa deje de ser una utopía en nuestra sociedad.

Foto cortesía de: Infobae