Hay consenso alrededor de la idea de que el actual Gobierno de Colombia, hasta hace pocos días, no exhibía un rumbo claro que hiciera pensar, por ejemplo, en que había o hay un interés genuino en diseñar y aplicar un plan de desarrollo ambiental, social, económico, político y culturalmente sostenible.
También es claro que el Gobierno de Iván Duque no tenía o tiene una política de paz asociada al compromiso de cumplir con lo firmado en el Acuerdo Final (II) y, mucho menos, ha expuesto un plan integral (real y confiable) que coadyuve a poner fin al sistemático asesinato de lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores del ambiente y de los DD.HH.
La actual administración parece estar en total disposición de hacer todo lo institucionalmente posible para impedir la construcción de escenarios de posconflicto en los que sea posible que el país transite hacia otros estadios en materia de paz y convivencia.
De allí que resulte no solo cómodo, sino políticamente rentable para el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, focalizar su interés en el “caso venezolano” y, más recientemente, en el destino final de los miembros de la cúpula del ELN que permanecen en Cuba.
Es tal la fuerza inercial de lo que acontece en Colombia, que el presidente y la vicepresidenta se pueden ocupar de asuntos que si bien son relevantes, su abordaje tiene la clara intención de esconder los graves problemas que el país exhibe en materia de seguridad ciudadana, orden público, crecientes problemas y conflictos socioambientales, y una incontrolable corrupción público-privada, entre otros más.
En materia de corrupción, el caso del Fiscal-Odebrecht-Grupo Aval es, sin duda, un caso emblemático y comprometedor, que merece todas las cortinas de humo necesarias para tratar de minimizar el impacto social, político, económico y cultural de actos de corrupción que terminan por desdibujar a connotados líderes del Establecimiento.
En esa línea, el gobierno de Iván Duque, ante su imagen negativa y su relativa capacidad para gestionar y manejar asuntos de Estado que busquen soluciones a graves problemas internos que tiene el país, opta por liderar en la región el proceso de desestabilización del régimen venezolano. De lo que se trata es de emprender acciones conducentes a presionar la caída de Nicolás Maduro Moros y, por esa vía, desarticular las relaciones y las conexiones entre ese régimen de poder y la guerrilla del ELN que, según las autoridades colombianas, hace presencia en territorio venezolano.
Al tiempo que secunda al Departamento de Estado en su idea de desestabilizar al gobierno de Maduro, el presidente colombiano agita los ánimos intervencionistas asociando el atroz crimen perpetrado por el ELN y, que costó la vida de 21 cadetes de la Policía Nacional, con la presencia de guerrilleros de esa organización armada ilegal en territorio venezolano, con la anuencia de las autoridades del régimen chavista.
Así entonces, Duque, con el respaldo del Centro Democrático [1], pero con la resistencia del partido Liberal, de la U y de Cambio Radical, pretende desconocer los protocolos firmados entre el Gobierno de Santos y el ELN, en lo que corresponde a la seguridad jurídica de los negociantes de la guerrilla que viajaron a Cuba para sentarse en la Mesa de Diálogo instalada para buscar una salida negociada al conflicto armado interno.
Una vez levantada la Mesa, por los hechos acaecidos en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá, la presencia de los plenipotenciarios del ELN se convirtió, junto al proyecto regional y multilateral de desestabilizar a Maduro, en un proyecto político de gran trascendencia para el actual gobierno. Estamos, pues, ante la exhibición del rumbo que los elenos le ayudaron a vislumbrar al presidente Duque, por cuenta del execrable atentado contra los inermes cadetes de la Policía Nacional.
Moralmente superior
Desde una condición pretendidamente superior y, desde una perspectiva moral, el jefe de Estado y de Gobierno de Colombia, le exige al presidente cubano que le devuelva a la cúpula del COCE, en calidad de detenidos, para que respondan penalmente por el carro bomba que estalló en las instalaciones académicas de la Policía Nacional.
Dejando de lado cualquier preocupación y sentimiento de responsabilidad política y moral por la pobreza de millones de colombianos, el desempleo estructural, la creciente deforestación de selvas húmedas y la muerte sistemática de lideresas y líderes sociales, Iván Duque Márquez conmina a su homólogo cubano a que incumpla con su papel de garante en las fallidas negociaciones de paz[2] dadas entre el ELN y los gobiernos de Santos y Duque.
La exigencia[3] del presidente Duque al Gobierno de Cuba de capturar y enviar a Colombia, en calidad de detenidos, a los miembros de la cúpula del ELN que están en su territorio, tiene varios propósitos a saber: el primero, invocar el apoyo político y diplomático de los gobiernos de derecha de la región y, por esa vía, convertir un asunto interno y bilateral, en un caso regional y multilateral, con el que sea posible insistir en viejas lecturas maniqueas soportadas en nomenclaturas como “ejes del mal”, con las que claramente hoy se hace referencia a Venezuela y probablemente se intente incluir a Cuba en ese “selecto” grupo; el segundo, poner al régimen cubano en el radar de los Estados Unidos y de otros países que luchan contra el terrorismo, desconociendo en muchos casos que los actos terroristas perpetrados en sus territorios son una consecuencia y respuesta a diversas formas de intervencionismo militar, político y económico.
Un tercer propósito es probar, nacional e internacionalmente, hasta dónde es viable, diplomática, jurídica y políticamente desconocer los protocolos firmados por el Estado colombiano durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien como jefe de Estado y de Gobierno, estableció en Cuba una mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y unos protocolos, en caso de que se diera una ruptura de las conversaciones que pusiera en riesgo la seguridad jurídica de los plenipotenciarios del grupo subversivo. En este caso, la postura asumida tanto por Cuba como por Noruega, de respetar lo establecido, puede quedar en simples llamados al Gobierno de Duque, dada la insistencia en que Cuba entregue a las autoridades, a los miembros del ELN. Además, cuenta ya con el respaldo de los gobiernos de Chile y Brasil.
Un cuarto objetivo es mostrarse decidido y comprometido, nacional e internacionalmente, para afrontar una “amenaza terrorista”[4] y, por esa vía, ir insertando al país y, a la opinión pública nacional, en la necesidad, imperiosa para la derecha y la ultraderecha, de reactivar la Política de Defensa y Seguridad Democrática implementada por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) durante sus dos periodos de gobierno. Y un quinto propósito, asociado al cuarto, está en exhibir sin tapujos que Iván Duque Márquez llegó a la Presidencia para dar continuidad a un efectivo tercer periodo de lo que se conoce como el uribismo[5].
Es decir, si Duque no logra el regreso de los guerrilleros-terroristas en las condiciones exigidas al gobierno de Díaz-Canel, obtendría un triunfo moral y político importante: lograría que una parte importante de la región y del mundo aplauda la consolidación de un régimen de mano dura contra el terrorismo, con todo lo que ello implica en materia de violación de derechos civiles y garantías constitucionales.
Duque y sus asesores saben que es muy poco probable que Cuba incumpla con los protocolos firmados, lo que le daría los ímpetus suficientes para instalar en el país un gobierno de mano dura (al estilo de Uribe). Al final, al mantenerse el desacuerdo, se tendría que aceptar las condiciones para el regreso de los guerrilleros o buscar alternativas para que un tercero los reciba en su territorio.
Lo cierto es que la reacción del Gobierno colombiano después del ataque dinamitero perpetrado por el ELN contra inermes cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía, pone en cuestión y pretende invalidar el carácter vinculante de unos protocolos firmados durante el Gobierno de Santos. Con una fuerte lectura moralizante, fruto de la dimensión social y humana que acompaña y despierta el execrable atentado dinamitero perpetrado por el ELN, Iván Duque quiere liderar una nueva cruzada contra el terrorismo.
El presidente colombiano cree tener la suficiente capacidad moral y política para liderar un proyecto de esas dimensiones en una región convertida por los Estados Unidos, China y Rusia, en un escenario de luchas diplomáticas, políticas y económicas[6] que de muchas maneras recrean lo vivido durante la guerra fría. Ejemplo de lo anterior es el régimen de Nicolás Maduro Moros, convertido en un asunto de interés mundial en la lógica de ese escenario de una “nueva guerra fría”, esta vez instalada en América Latina.
Si Duque insiste y logra apoyo político y diplomático regional y mundial para desconocer el carácter vinculante de los protocolos firmados, estaríamos ante un cierre total de cualquier posibilidad de negociar con la guerrilla del ELN o con cualquier otro grupo armado ilegal que, con aspiraciones políticas, pida, el día de mañana al gobierno de turno, un espacio para dialogar.
Parece ser que en los cálculos políticos que hace el Gobierno y la cancillería, poco o nada les importaría comprometer la palabra y la imagen del Estado colombiano como un orden serio y respetuoso de lo firmado y de lo que se firme en lo consecutivo. Y es así, porque encontraron en el atentado terrorista perpetrado por el ELN, al mejor escudo para recibir las críticas que por la postura asumida frente al gobierno cubano y frente a la condición en la que exigen el regreso a territorio colombiano de la cúpula del ELN.
Estamos, pues, ante una situación delicada cuyo desenlace final aún no se puede advertir. Eso sí, el escenario es más apremiante para el régimen cubano, garante del proceso con el ELN. Si el Gobierno de Cuba sigue los protocolos y devuelve a los elenos, tal y como indicó que lo haría en las condiciones previstas en aquellos, es posible que el Gobierno de Duque esté pensando en la posibilidad de entrar a revisar las relaciones diplomáticas con Cuba, por alojar en su territorio a consagrados terroristas. Para lo primero, Cuba necesitará del concurso del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el claro beneplácito de la ONU. Para lo segundo, bastará con una declaración pública de Uribe, o una sugerencia vía Twitter para que se adopte la decisión de romper relaciones con el gobierno de Díaz-Canel.
Al complejo escenario se suma un elemento jurídico: la existencia de un tratado de extradición[7] entre Cuba y Colombia. Según el abogado, constitucionalista y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, dicho tratado podría ser invocado por el Gobierno de Duque, lo que de todas maneras implicaría desconocer los protocolos firmados. Castro dijo en Semana en Vivo[8] que un tratado de extradición sí tiene un carácter vinculante entre Estados.
Bustamente en Cuba
Al conocer el país, por cuenta de Noticias Uno, que el excongresista por el Centro Democrático y exguerrillero del M-19, Evert Bustamente[9] viajó a Cuba para dialogar con los miembros del COCE, se confirma el talante con el que tradicionalmente[10] Uribe manejó asuntos relacionados con la búsqueda de la paz.
Durante sus 8 años de gobierno, hizo acercamientos con las Farc, ofreciendo condiciones que luego criticó y desconoció cuando Santos sí se atrevió a firmar el fin del conflicto armado con esa guerrilla (véase el pie de página 10). Según el propio Comisionado de Paz, el viaje se produjo por “cuenta y riesgo” de Bustamente, esto es, sin autorización del Gobierno.
Lo anunciado por Ceballos, confirma dos hechos: el primero, que la política de paz no está del todo en manos del presidente Duque; y el segundo, que las decisiones que se toman y se tomen en materia de negociación e incluso, en lo que corresponda al manejo de operaciones militares, tampoco pasarían por el poder discrecional del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino por la injerencia, a todas luces indebida, del expresidente Uribe Vélez.
Habrá que esperar cómo evolucionan las acciones diplomáticas, políticas y económicas emprendidas por Washington, con la anuencia de Colombia, en contra del régimen de Maduro. Si se logra el desmonte de ese régimen, muy seguramente el régimen entrante pondría sus ojos en los frentes elenos que hacen presencia en el vecino país.
Esa circunstancia terminaría por dinamizar el conflicto armado al interior del país, lo que permitiría el resurgir de la doctrina del enemigo interno[11].
Si al final los líderes de esa guerrilla son devueltos a Colombia en las condiciones pactadas en los protocolos[12], muy seguramente las fuerzas militares activarán operativos para hacer una persecución en caliente, con todo y los riesgos que ello implica para las comunidades rurales.
Adenda: si es cierto que la cúpula del ELN, instalada en Cuba, no supo o no sabía del operativo que terminó con el atentado dinamitero contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, estamos ante un problema evidente de fractura en la línea de mando de esa guerrilla. Aquello de la autonomía operativa de sus frentes y su desconexión en materia de responsabilidad y aprobación del COCE, solo agrava y hace más compleja cualquier tipo de negociación a futuro. Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/entrevista-a-pablo-beltran-del-eln-desde-cuba-sobre-regreso-a-colombia-317422
[1] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/dos-partidos-de-gobierno-apoyan-que-duque-desconozca-los-protocolos-con-el-eln/598943 El partido conservador mantiene una postura ambivalente: de un lado, apoya al Presidente, pero indican sus voceros que no entrarían en la discusión jurídico-política en torno al carácter vinculante de los protocolos.
[2] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/10/el-tiempo-de-la-paz-ya-paso.html
[3] Véase el análisis jurídico del profesor Uprimny: https://lasillavacia.com/blogs/mi-plebi-si-tio/es-valida-la-exigencia-cuba-de-que-entregue-los-negociadores-del-eln-69646
[4] Véase: https://semanarural.com/web/articulo/eln-fin-de-dialogos-con-el-gobierno/798
[5] No se cuenta como periodo uribista las dos administraciones de Santos, a pesar de que su elección se dio bajo la sombrilla de la seguridad democrática y obedeció a una especie de sentencia que ya se hizo popular en Colombia: “el que dijo Uribe”. Santos tomó distancia de Uribe y de su proyecto político-militar, cuando decidió dialogar con las Farc. Desde el punto de vista ambiental y económico, Santos dio continuidad a las políticas neoliberales implementadas por Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.
[6] La lucha por los recursos de la biodiversidad hacen parte de ese nuevo escenario político.
[7] Véase: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/CUBA.pdf
[8] Véase: https://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-puede-colombia-desconocer-los-protocolos-establecidos-en-caso-de-ruptura-con-el-eln/598716
[9] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/everth-bustamante-no-estaba-autorizado-por-el-gobierno-para-hablar-con-eln-video-836512
[10] Durante mucho tiempo negó que hiciera acercamientos con las Farc. Al final se supo que efectivamente hubo más que acercamientos. Véanse: https://www.semana.com/nacion/articulo/informe-genesis-dialogos-de-paz-de-alvaro-uribe-con-las-farc/581913 y https://www.youtube.com/watch?v=TFHzjyoAL-A (Uribe y sus propuestas a las Farc). https://canal1.com.co/noticias/traque-mandrake-mermelada-para-las-farc/ (Dinero para las Farc en el gobierno de Uribe).
[11] Véase: https://www.sur.org.co/el-sindrome-del-enemigo-interno/
[12] Véase: Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/los-protocolos-no-estan-condicionados-la-razon-de-la-ruptura-frank-pearl-articulo-835334
