En el plantón del 11 de enero frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, la bandera de dicha entidad fue bajada de su asta y quemada, a pesar del esfuerzo de unos vigilantes de una entidad privada, que intentaron impedir la acción de los ciudadanos.
Varias personas en redes sociales expusieron su molestia y repudio por la quema del símbolo oficial de la entidad investigadora. Se trató, sin duda, de un acto que, a la luz de Bourdieu, corresponde a un tipo de violencia simbólica, propia de la especie humana, la única capaz de crear, recrear, olvidar, desechar o modificar símbolos que están profundamente anclados a la cultura que les da cobijo.
Exageran quienes sostienen que la quema de la bandera de la Fiscalía corresponde a una acción que desconoce y debilita la institucionalidad de la justicia y, en particular, la del ente investigador y acusador. Nada más alejado de la realidad.
La institucionalidad de la Fiscalía se hace presente con cada actuación de sus funcionarios y, para el caso, con las cuestionadas omisiones, decisiones y comportamientos del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). Es decir, quien realmente ha debilitado la institucionalidad de la entidad es el propio fiscal general.
Es más, por cuenta de Martínez Neira, el Estado de derecho, la confianza ciudadana en el Estado y en sus instituciones y en particular, en la justicia, se vienen debilitando de tal forma, que ya es posible hablar de una crisis institucional al interior del Estado colombiano y de la consolidación de un ethos mafioso en las entrañas de la función pública.
La quema de banderas es la expresión clásica de quienes al protestar contra un gobierno, o una entidad en particular, en este caso la Fiscalía, no solo reconocen en estos símbolos el ejercicio del poder, sino que saben que con su acción simbólica “ofenden” a quienes representan institucionalmente al Régimen de poder, al tiempo que buscan sentar un precedente en la forma de protestar y fortalecer el sentido político de las razones y las motivaciones que explican la movilización ciudadana que busca presionar la salida del controvertido fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Quienes califican como una acción irrespetuosa e incluso vandálica la quema del banderín de la Fiscalía General, hacen una lectura moral de la protesta y sacralizan indebidamente un símbolo que, para el caso, deviene manchado y raído por el líder de una entidad que debe ser ejemplo de pulcritud, transparencia, confianza y respeto por lo público.
Es de imaginar que la bandera será remplazada y otra en buen estado será izada, hecho que no repara y, mucho oculta, el daño que el fiscal general le hace a la entidad que dirige.
Con el mismo ahínco con el que defienden el símbolo de la Fiscalía, estos aconductados ciudadanos deberían de sentirse por lo menos preocupados por los cientos de líderes asesinados en Colombia y exigir del Estado y, de sus instituciones, el respeto por los derechos humanos. Y por esa misma vía, podrían proponer que la misma bandera de la entidad investigadora sea izada a media asta, en honor a los líderes y lideresas asesinados.
