El regreso del ethos mafioso, pernicioso e insano viene con un aderezo: la intención de ponerle una mordaza al periodismo y al ejercicio de opinar a través del proyecto de Ley 234 de 2018, por medio de la cual se reconoce la profesión de comunicación social – periodista y organizacional, se crea el Consejo Profesional del Comunicador Social- periodista y organizacional y se dictan otras disposiciones.
El ponente es Mauricio Aguilar Hurtado, hijo del excoronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica e investigado por enriquecimiento ilícito. No extraña que el origen de esta ley de control al periodismo y a las libertades de expresión y de prensa esté asociado a quien muy seguramente tiene motivos personales (familiares) para querer ponerle controles ideológicos y políticos al ejercicio del periodismo y al derecho de opinar en redes sociales, en medios alternativos y en la propia prensa tradicional.
El senador Aguilar debe sentirse ‘víctima’ del periodismo, por el registro de hechos delictivos asociados a la vida política de su padre y, por las conexiones que periodísticamente se hacen cuando hay lazos familiares de por medio, como en su caso, con una figura pública, como su padre.
Igualmente y, de forma particular, el joven Senador debe sentirse ‘víctima’ del columnista Daniel Coronell, quien en varias ocasiones ha hecho referencia a su padre, por asuntos que tienen que ver con la parapolítica y por la tenencia de lujosos autos, entre otros.
Por lo anterior, se trata de un proyecto de ley que tiene un tufillo de venganza contra quienes se han atrevido a cuestionar las actividades privadas y públicas de su progenitor, condenado por parapolítica, el excoronel de la Policía Nacional, Hugo Aguilar.
Y claro está, creado para aquellos columnistas y periodistas que en adelante insistan en informar y opinar, estableciendo conexiones familiares y políticas con quienes tienen antecedentes penales y han hecho parte del Estado.
Esta ley, aunque ya muchos no le auguran futuro legislativo alguno, claramente beneficiaría a otros congresistas cuyos familiares están vinculados con procesos penales, fiscales y disciplinarios, asociados a casos de corrupción política y relaciones políticas y electorales con grupos paramilitares.
En relación con el futuro legislativo de dicha propuesta de ley, el abogado e historiador, Armado López Upegui, señala que:
“(…) El hecho de que para poder expedir una norma como esta, tendría que adelantarse una reforma constitucional que modificase el art. 20 superior o bien, en segundo lugar, dado que se trata de derechos fundamentales previstos y garantizados por la Carta, el artículo 152 exige que la regulación de esos “Derechos y deberes fundamentales de las personas”, sean objeto de una ley estatutaria.
O dicho de manera más coloquial: para tocar el artículo 20 de la Carta y sus alcances e implicaciones, es necesario expedir una ley estatutaria de derechos fundamentales o, si se quiere ahondar más, aprobar un acto legislativo de reforma constitucional.
Y el proyecto de Ley 234 de 2018, ni es proyecto de acto legislativo, reformatorio de la Carta, ni es un proyecto de ley estatutaria. En consecuencia, carece de futuro”.
Que el senador Mauricio Aguilar proponga legislar para limitar el ejercicio del periodismo y el de la opinión en Colombia, obedece de manera clara a una acción jurídico-política que exhibe un carácter vindicativo que lo compromete ética y políticamente.
A todas luces, el proyecto de ley resulta inconveniente para la débil democracia colombiana, que en términos de pluralidad informativa, deviene igualmente enclenque por la acción informativa de canales privados como RCN y Caracol, que claramente están al servicio del Establecimiento.
Así entonces, en nombre del Régimen, Mauricio Aguilar quiere ponerle freno a las libertades de prensa y expresión y, por ese camino, empobrecer aún más el ejercicio periodístico en un país en el que hay medios masivos de comunicación al servicio de un Establecimiento dominado por millonarios empresarios, cuestionados recientemente por lo que se conoce como el caso Odebrecht.
El solo hecho de que el proyecto de ley señale que se creará el “Consejo Profesional del Comunicador Social- periodista y organizacional”, abre la posibilidad para que sea ese ente el que determine quién puede ejercer el periodismo, quién puede o no escribir y opinar en un medio y, al final, qué se considera conveniente o no para ser publicado.
De aprobarse dicha ley, Colombia empezará a recorrer los caminos de la censura oficial y, de esa manera, se irá acercando a regímenes oprobiosos como los que funcionan aún en Venezuela y Nicaragua.
De manera concomitante a la discusión de esta iniciativa del senador Aguilar, avanza en el Congreso la discusión del proyecto de Ley TIC (“Modernización de las TIC”), con el que se busca golpear a la televisión pública y, por ese camino, beneficiar a la televisión privada.
Es decir, estamos ante una andanada de propuestas legislativas de corte dictatorial que solo buscan aumentar el cerramiento democrático en el marco de un débil Estado Social de Derecho en el que sobresalen la pobreza cultural de las élites, el bajo capital social de millones de colombianos y la naturalización de un ethos mafioso.
Y es claro que ambos proyectos de ley buscan golpear y sacar de circulación al único informativo que de tiempo atrás se ha enfrentado a poderosos políticos comprometidos con el paramilitarismo y con actos de corrupción política. Hablo de Noticias Uno. Este medio es el único que ha logrado incomodar a las élites de un Régimen corrupto y mafioso como el que opera en Colombia hace ya más de 150 años.
Foto cortesía de: El Universal.
