Por estos días el país me tiene con un sentimiento de aflicción. No solamente por la falta presupuestal y el desconcierto que me genera la reforma tributaria, sino que también percibo un ambiente ofuscado con ciudades paralizadas por demostraciones públicas de protestas.
Salir para manifestar inconformidades a las calles de Colombia, es casi una obligación por el lujo de gobernantes que supuestamente están a nuestro servicio. Esos mismos formados con maestrías y doctorados como en: Corrupción en Servicios Públicos, Economía y Explotación a la Clase Trabajadora o, en Finanzas y Desfalcos.
Al menos, de esta plutocracia disfrazada de democracia que vivimos donde nos roban todo, aún tenemos el derecho constitucional de protestar; sin embargo, hay formas reprochables porque las manifestaciones no deben producir violencia. El resentimiento que provoca este sistema exteriorizado en daños y agresiones, no soluciona nada.
Por ahora vivo en Bogotá, y el jueves 8 de noviembre cuando salí a las calles, noté una ciudad con una amalgama de sensaciones. Por un lado, los estudiantes me transmitieron esa euforia de una marcha pacífica, cantando y gritando reclamos a sus derechos. Por el otro, sentí tensión y aflicción porque sabía que, no solo en la ciudad donde vivo, sino en otras partes del país, había enfrentamientos violentos de autoridades del Estado y de los estudiantes.
Por ejemplo, en Popayán Cauca el ESMAD atacó a algunas personas con bolillos, gases, granadas y cartuchos con carga química, y encapuchados se enfrentaron con papas bombas y piedras. Similar sucedió en Medellín y algunas partes de Santander. En Bogotá, un policía tuvo quemaduras de fuego, fueron atacadas infraestructuras, la movilidad bloqueada y un conductor atropelló jóvenes.
Estas acciones no son para generalizar. Los estudiantes no son vándalos; la información de algunos medios de comunicación sobre ellos es marginal. La policía y ESMAD no son víctimas directas de estudiantes, tampoco todos no abusan de su autoridad. Quienes violentaron en las protestas como el resto de la ciudadanía, somos los perjudicados por el Poder Público con sus ejecutivos, legislativos y judiciales, quienes sí son despreciables delincuentes que hacen un país suyo. Es inevitable sentir indignación, pero hubo violencia, y no es la forma de exigir.
Quince billones de pesos nos hacen falta en la educación pública en Colombia; ante este dinero que exigimos en las calles, María Fernanda Cabal, la electa de la «honorable» rama legislativa, señala a los estudiantes como vagos que no estudian. Lo que no sabrá ella (quizá porque se quedó en la época de la Unión Soviética) es que desde los años noventa para acá, el sistema educativo ha tenido una metamorfosis.
284% de estudiantes de pregrado aumentaron; también se incrementó el porcentaje en estudiantes de posgrados y más proyectos de investigación que están desfinanciados. Los profesores ahora, están muy bien preparados, pero es una lástima que no tengan con qué pagarles. Con un panorama así, Cabal además de ser una ignorante que habla de «mitos históricos», ¿con qué derecho insta a los estudiantes que estudien?
Es momento que Iván Duque y su gobierno afronte su responsabilidad de estar jugando a la presidencia. Tienen que respondernos ante esta crisis de educación, sin excusarse más en los discursos pobres de que «este fue el país que dejó Juan Manuel Santos» o con su politiquería de Economía Naranja.
Protestar para educarnos y hacernos profesionales para aprender a pensar y a cuestionar nuestro país, es la manera de enfrentar al Estado con inteligencia. No más a la violencia, ya es suficiente con la que hemos vivido; además quienes dirigen y administran son expertos en delinquir, eso lo sabemos, pero también lo son en violentar con palabras.
