¿Cuánto tiempo debe durar el periodo de un gobernante? He ahí una pregunta que puede tener múltiples respuestas porque, evidentemente, se trata de un asunto absolutamente relativo.
Seis meses bajo un mal gobierno, puede resultar una eternidad. Seis años bajo uno bueno, puede resultar un suspiro.
La estructura institucional del Estado, también llamada Sistemas de Gobierno, ha distinguido, en grandes líneas, dos maneras de organizar el poder del Estado: el sistema o estructura Presidencial, con sus múltiples variables o subcategorías. Y el sistema o estructura Parlamentaria.
La primera es muy cara a la tradición del continente americano: un Presidente de la República cumple la doble función de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno. Él es el protagonista de la relación política. En él se concentran las facultades de la decisión política y de la administración pública y es él quien representa la Unidad Nacional y al Estado ante las potencias externas.
De ahí que sea tan importante para el buen funcionamiento de una democracia saludable el que su período presidencial sea claramente definido, sin posibilidades de prolongaciones indebidas, particularmente si esas prolongaciones suceden en medio del mandato, como nos ocurrió a los colombianos en mala hora bajo el gobierno elegido en 2002.
En México, la práctica reiterada de la reelección presidencial en primera persona o en cuerpo ajeno, que fue recurrente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el presidente Porfirio Díaz se las ingeniaba para mandar desde 1876 hasta 1910, desembocó en una revolución, asaz cruenta, pero que postuló un artículo pétreo en la Constitución Política: la prohibición definitiva de la figura de la reelección presidencial.
Se incrementó el período a seis años. Pero se proscribió de manera absoluta la reelección.
Algo parecido quisieron hacer nuestros constituyentes de 1991, cuando prohibieron de manera expresa la malhadada práctica de reelegir al gobernante. La figura de la reelección presidencial fue siempre extraña a nuestras costumbres políticas, al punto de que ninguna Carta Constitucional la había contemplado.
Ni siquiera la muy presidencialista Constitución de 1886 que lo más que permitía era la reelección no inmediata del mandatario, razón por la cual tuvimos en el siglo XX un solo caso de reiteración del mandato en el caso del presidente Alfonso López Pumarejo, quien fue elegido para gobernar entre 1934 y 1938 la primera vez y entre 1942 y 1945; pero en la segunda ocasión no terminó su periodo dada la confluencia de factores políticos y personales que se atravesaron en su camino.
La Carta de 1991, dentro las múltiples violaciones a que ha sido sometida, tuvo que soportar la megalomanía de un sátrapa desesperado que forzó a un Congreso corrupto y complaciente, acudiendo incluso al soborno, para que le duplicaran el ciclo presidencial, llegando a constituir un hito histórico por ser el primer presidente que ocupó el solio presidencial por dos periodos consecutivos.
Venturosamente para la democracia, en la administración que acaba de terminar se logró volver las aguas a su cauce y, al menos por el momento, no tenemos la espada de Damocles de una nueva repetición presidencial.
Pero la pregunta que surge es esta: ¿Por qué puede ser inconveniente la reelección de los funcionarios gobernantes entre nosotros y no lo es en otras latitudes, como por ejemplo en los Estados Unidos de América?
Y la respuesta es porque, precisamente, una cosa sucede entre nosotros y otra en esas latitudes foráneas.
En Colombia existe una clara tendencia a confundir los bienes públicos con el patrimonio privado y personal, en una práctica que se llama CORRUPCIÓN.
El mandatario, llámese Presidente de la República, Gobernador del Departamento o Alcalde Municipal, pierde la perspectiva al entrar a manejar los recursos públicos, si se trata de asegurar su permanencia en el cargo.
Además, independientemente de que el gobernante sea pulcro, la percepción ciudadana siempre está mirando a la persona y no al cargo.
De modo que si, en cumplimiento de las labores propias de su empleo el mandatario ejecuta una obra, atiende una calamidad, provee los recursos para la atención de una crisis, el público no entiende que se trata de un acto propio de gobierno, la ejecución de una medida propia de la administración, sino que da por sentado que es un gesto de bondad del sujeto que, dadas sus calidades personales y humanas, está al tanto de las necesidades de la gente.
Separar así la figura del gobernante y del candidato en la percepción del público, resulta imposible, con lo cual es apenas evidente que sus contendores entran en desventaja a la hora de competir por el favor popular.
Ahora bien, en la actualidad está sobre el tapete no la reelección misma de los alcaldes y los gobernadores, sino la prolongación de sus mandatos, con el propósito de unificar períodos con el del presidente.
En Colombia siempre existió un proceso electoral intermedio, entre elección presidencial y elección presidencial, que se llamó elecciones de mitaca. En comienzos del siglo XX solía celebrarse en los años impares, mientras que la justa presidencial se daba en años pares.
Tales competencias tenían una importancia crucial porque, además de que en ellas votaba el pueblo directamente por estar más enterado de quiénes eran los candidatos y más vinculado a los posibles resultados, se trataba de un auténtico sondeo, en épocas en que no existían las encuestas, para determinar los grados de aceptación y legitimidad que acompañaban al partido gobernante.
De suerte que si el grupo político que estaba al mando, recibía en las elecciones de mitaca un claro respaldo del electorado, ello venía a constituir un espaldarazo a su gestión.
Pero, si por el contrario, había un evidente rechazo a los candidatos de la colectividad en el poder, era una muestra concluyente de su desgaste y desprestigio.
Ahora se pretende prologar a los gobernadores y a los alcaldes en funciones.
Mala cosa, porque las normas jurídicas, y es regla de oro que aprendimos desde los primeros semestres de Derecho, deben regir por regla general hacia el futuro.
En segundo lugar porque, como decía al comienzo, depende de qué tipo de mandatario es aquel a quien se le aspira a aumentar el mandato. Algunos gobernadores y alcaldes podrían, eventualmente ser acreedores de una alargue. Pero hay otros a quienes el recorte de su mandato sería, incluso, una obra caritativa.
Hay todo un movimiento, impulsado por el Partido Cambio Radical, para tratar de extender la duración de su alfil en la silla de gobierno en Bogotá. Pero en todo el país existen mandatarios regionales y locales que no lo merecen.
En estos casos es imprescindible que el pueblo se pronuncie de manera directa y que no deje decisiones de ese tamaño a sus representantes en los cuerpos legislativos, pues ellos están más movidos por intereses partidistas que por la búsqueda del bien común que es, en realidad y definitiva, el objeto de la Política, así, con mayúsculas. Las plazas y las calles están esperando a los manifestantes. Manos a la obra.
