El regreso del antiguo régimen

Concluimos con esta entrega, el análisis que venimos desarrollando sobre los tres proyectos de reforma de la Administración de Justicia sometidos a consideración del órgano legislativo.

Ya vimos cómo el primero de ellos, propuesto por el partido Cambio Radical, es una reforma puramente legal, que toca temas procesales, relacionados con la celeridad de los juicios, las facultades arbitrales de ciertos tribunales especiales previstos para el efecto, así como los temas relacionados con el estatuto disciplinario de los abogados y su incidencia en la corrupción.

Estudiamos también cómo el doble discurso esquizoide del gobierno Duque ha sometido al Congreso a una reforma a la Administración de Justicia que recoge, en parte, las propuestas del entonces candidato presidencial y ahora presunto Presidente de la República. Es preciso decir que este proyecto, adobado con algunos aspectos tomados de los otros dos, es el que ha tenido acogida en la Comisión Primera del Senado de la República, célula legislativa donde ya se produjo informe de ponencia y en la actualidad se está debatiendo.

Por eso, no faltará quien diga que es innecesario referirnos a la tercera propuesta de reforma, pues el Congreso ha decantado las iniciativas y confeccionado un texto que ya está siendo sometido a los debates constitucionales correspondientes.

Infortunadamente en Colombia, en materia legislativa, mientras no se haya cerrado la última votación de las cámaras, es posible revivir fantasmas sepultados y nada raro tendría que institutos descartados en la controversia de la primera vuelta, retornen para las nuevas discusiones con renovados bríos.

Así pues, nos corresponde hoy la ingrata tarea de abordar la propuesta firmada por el primo de Pablo Escobar y la nieta del presidente cazador, Guillermo León Valencia. Y digo que ingrata porque la descuidada redacción y el caos mental que caracterizan este texto lo hacen difícil de abordar.

Sin embargo, vamos a intentar construir un orden del discurso en medio de su desorden conceptual, aunque por razones de espacio sea necesario tocar solo los puntos gruesos y delicados de la iniciativa y abstenernos de mencionar una cantidad de minucias de las que se ocupa ese intento de restauración.

Digamos en primer lugar que este es un pretencioso…

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 22 DE 2018 SENADO

Por medio del cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos.

Como su nombre lo indica no aspira solo a una “reforma” de la manera de administrar justicia en este país, sino que pretende restaurar el antiguo régimen constitucional e introducir, de contrabando, instituciones de dudosa ortografía democrática, además de rehabilitar figuras totalmente detestables y, en buena hora, superadas por la Carta Política de 1991.

Aspectos que toca el proyecto

1. El Congreso:

Aunque el declarado propósito de esta iniciativa legislativa era reformar la Administración de Justicia, vemos cómo, en primer término, se hace bastante énfasis en otros aspectos no directamente atinentes al objetivo propuesto en principio, pero que tienen mucho que ver con la vieja aspiración de la derecha colombiana de enterrar la Constitución de 1991.

El asunto más grave e importante de esta ambición restauradora, está contenido en el artículo 10 del texto, que modifica el actual art. 186 de la Carta Política. En él se revive la odiosa figura de la inmunidad parlamentaria, la que extiende a los miembros del tribunal constitucional, al exigir para la detención del congresista el permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional, o el permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, cuando se trate de magistrados del Tribunal Constitucional.

Se precisa que, en caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Esta figura es aborrecible. Rodrigo Lara Restrepo probablemente lo recordará, porque con ella el primo hermano de José Obdulio Gaviria Vélez (signatario del proyecto), el a la sazón Representante a la Cámara por Antioquia Pablo Escobar Gaviria, (asesino de su padre), hizo “maravillas” sin que la Administración de Justicia pudiera echarle mano.

Rodrigo Lara Bonilla, desde el Ministerio de Justicia, tuvo que empeñar su prestigio y su vibrante oratoria para lograr que la Cámara se ocupara de levantar esa inmunidad. Y cuando se la levantaron, ya el hombre había generado mil y un escondites y subterfugios para evadir la Ley.

No se necesita ser muy agudo, ni suspicaz, para entender a qué pajarraco pretenden poner a salvo, la inefable Paloma y el pretendido intelectual orgánico del autodenominado Centro Democrático, con el regreso de esta malhadada figura que tiene nombre, apellidos y prontuario conocidos.

La segunda cuestión, grave e importante dentro de este proyecto, en relación con el Congreso, es que revive los mal llamados auxilios parlamentarios que, bajo la Constitución de 1886, fueron una fuente permanente de corrupción y despilfarro de recursos.

En efecto, en el art. 33 del proyecto, se le adiciona un inciso al art. 346 de la actual Carta política para que diga:

“Una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de iniciativa congresional (sic). El Congreso de la República por iniciativa de sus miembros y con aprobación de la plenaria disponga (sic) inversiones del presupuesto nacional”.

Es decir, entregarles a los congresistas, para que hagan y deshagan nada más y nada menos que 51,78 billones de pesos, la quinta parte de 258,9 billones de pesos, presupuesto nacional aprobado para 2019. No quieren nada la nieta de Guillermo León y el primo de Pablo.

Sobre este tema de los auxilios parlamentarios dijo Néstor Humberto Martínez Neira, hoy Fiscal General de la Nación, en un artículo publicado por la revista Semana en septiembre de 2003 lo siguiente:

“Los auxilios parlamentarios son una forma mediante la cual los miembros del Congreso le imponen a los gobiernos de turno un mecanismo para acceder el gasto público con fines electorales particulares, pues la ejecución de los recursos se efectúa en forma tal que no responde necesariamente a criterios de planeación y priorización de la inversión pública, sino a la satisfacción de los intereses individuales de los miembros del Congreso”.

2. La Administración de Justicia.

En esta materia hay, principalmente, dos iniciativas que llaman la atención a primera vista: una, tiene que ver con el hecho de otorgar al Presidente de la República la facultad de nombrar al Fiscal General de la Nación, quién, a su vez, hará parte del Ministerio Público. Pero el problema es que como no se reforma para nada la Procuraduría, aquel quedará indefectiblemente subordinado al Procurador General.

Un escenario similar se da en el caso de los Estados Unidos de América, donde el rol de Fiscal General y de Procurador General se confunden, el funcionario es nombrado por el Presidente, e incluso como en el caso de John y Robert Kennedy, no existe impedimento para que el gobernante designe a su hermano en el cargo.

Pero entre nosotros… humm… ¿Ustedes se imaginan a Iván Duque (Álvaro Uribe) nombrando Fiscal General de la Nación a Santiaguito, a José Obdulio, a Fernando Londoño,  a la “brillante” Mafe Cabal, al anfibio Álvaro Prada…o a cualquier otro bicho de ese partido?

La segunda iniciativa, ominosa y amenazante, se refiere a la eliminación de las Cortes Suprema y Constitucional y del Consejo de Estado, para reemplazarlos por una sola entidad de un claro sabor nazi, llamado Tribunal Supremo Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contencioso administrativa.

A este órgano, se le confían funciones como las siguientes: la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución; unificar la jurisprudencia nacional en ma­teria civil, laboral, mercantil y penal mediante sentencias; oficiar como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa y conocer de todos los negocios contencio­sos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

Este Tribunal Constitucional es una entidad que reúne, en un solo cuerpo, la máxima autoridad en materia constitucional, contencioso administrativa y penal. En otras palabras, aquella Corte de verdad Suprema, soñada por Núñez y Caro, de la cual ya me ocupé en otro artículo en esta misma publicación.

Pese a todo, se habla de la composición de un Consejo de Estado, presidido por el Vicepresidente de la República e integrado por magistrados elegidos por 6 años, pero no se alude a sus funciones, máxime cuando al Tribunal Supremo Constitucional se le asigna el carácter, entre otras, de autoridad en materia contencioso administrativo. No se sabe pues qué es lo que se pretende con esta figura.

En el Congreso, como dije, se está discutiendo ya una ponencia que resume los tres proyectos. Hay oposición a la creación del Tribunal de Aforados, se habla de reforma cosmética, más que estructural, etc.

Sin embargo, lo de veras preocupante, a lo que los congresistas no le están prestando atención, es que existen, junto con este, varios proyectos de reformas camufladas, no solo de reforma de la Justicia, que en realidad aspiran a restaurar el autoritarismo, el exagerado presidencialismo, la concentración de poder y la visión retrógrada que imperaba bajo la carta del 86.

Es paradójico que sea precisamente un gobierno, presuntamente presidido por un joven, que prometió crear un nuevo país y un nuevo futuro, el que desde el órgano legislativo del poder público esté sentando las bases para la vuelta al pasado. El regreso de la Regeneración se ha iniciado.

Foto cortesía de: Semana, Pulzo.