La propuesta de extender los periodos de gobierno a alcaldes y gobernadores deviene jurídica, política y democráticamente espuria e inconveniente y obedece a un propósito que se caracteriza por ser rizomático: consolidar, en lo local, el proyecto político, económico, ambiental, social y cultural de la derecha y la ultraderecha colombiana.
Proyecto que insiste en la precarización laboral, la deforestación y la domesticación de ecosistemas, la ampliación del modelo de la gran plantación (para producir agrocombustibles) y, por supuesto, insistir en el modelo extractivo.
Recordemos que Iván Duque Márquez triunfó en las pasadas elecciones, en por lo menos, 849 municipios. Pero más allá de las decisiones tomadas por los votantes en la ya referida campaña, lo que realmente busca el Centro Democrático y, el propio presidente, es evitar las elecciones regionales de 2019, con miras a cerrarle espacios a la Oposición, en particular al movimiento de la Colombia Humana.
Tal cálculo político se sostiene en el miedo que exhiben voceros y agentes de poder económico de la sociedad civil, que vienen aupando el modelo extractivista, la ganadería extensiva y la gran plantación. ¿Miedo a qué? A perder el poder de gobernaciones y municipios con los proyectos políticos que puedan consolidar en regiones claves, tales como la Amazonía, Vaupés, Putumayo, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Arauca, entre otras.
Por esa vía, entonces, las pretensiones de ganaderos, firmas nacionales y multinacionales interesadas en invertir en grandes plantaciones en la altillanura y de explorar el subsuelo, confluyen en la propuesta de extender los periodos de gobierno de los actuales gobernadores y alcaldes.
Dirán que casos como el del gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien al no estar alineado con varias de las políticas de Duque, pueden resultar contraproducentes para aquellos que buscan consolidar el proyecto político, pero sobre todo, económico del actual gobierno. Esos pocos casos no preocupan por cuanto el objetivo es frenar a la Oposición en su camino de conquistar alcaldías y gobernaciones, de cara a las elecciones presidenciales de 2022 (si es que se dan).
Pero además, a la innoble y pérfida propuesta hay que sumarle la clara intención de Duque y su partido de gobierno, de ralentizar el proceso de implementación del Acuerdo Final.
La meta es clara: hacer que el país pase de haber vivido un proceso de paz, con todo y las expectativas generadas, a un simple armisticio, lo que significa posicionar la idea de que la paz fracasó, para mantener en el tiempo el desafío en el orden público de las disidencias y del propio ELN y, por ende, revivir la nomenclatura de la amenaza terrorista para justificar la presencia militar en los territorios en los que están interesados en llevar el “desarrollo” a los territorios señalados en líneas atrás.
Para el caso de las manifestaciones populares en ciudades capitales, hay plena confianza en el ESMAD y en hacer posible la propuesta del Mindefensa de “reglamentar la protesta social”.
Al complejo entramado de intereses se suman la decisión de la Corte Constitucional de frenar las consultas populares, convertidas localmente en un problema para la ejecución de proyectos minero energéticos. También hay que agregar la intención de proscribir o por lo menos de debilitar el mecanismo de la consulta previa, en territorios en donde hay presencia de afros e indígenas que se oponen a proyectos de extracción.
Con todo y lo anterior, extender los periodos de gobierno de alcaldes y gobernadores es el primer paso que da este gobierno y su bancada parlamentaria, para capturar administrativa y políticamente a específicas regiones en donde hoy se posan los intereses de los sectores desarrollistas del país.
La progresiva deforestación que hoy vive el país hace parte sustantiva del proyecto económico que se esconde detrás de la propuesta que beneficiaría a los actuales mandatarios locales y regionales.
Se trata, además, de la consolidación del centralismo bogotano, con el que será posible reordenar los territorios del suroriente del país, de acuerdo con el proyecto neocolonizador que encarna Uribe y al que el presidente Duque está dispuesto a poner toda la institucionalidad estatal para que alcance sus objetivos.
Desde ya hay que encender las alarmas porque lo que se viene para el país, en materia ambiental, es supremamente delicado. La apuesta de Duque es ampliar la frontera agrícola, dejar en manos de empresas criminales, como las llama el profesor Manuel Rodríguez Becerra, la deforestación que se cierne sobre Chiribiquete y sobre otras zonas protegidas; al tiempo que anula toda opción de gobierno a la Oposición.
Si logran extender los periodos a los alcaldes y gobernadores, el país debe estar preparado para revivir la reelección presidencial o para cualquier otra maniobra legislativa y política, que facilite la consolidación y la extensión en el tiempo del proyecto neocolonizador que Uribe inició en 2002 en la altillanura colombiana, al suroriente del país.
Fotos cortesía de: KienyKe, Semana, Telemedellín.
No lo dejemos apoderar de el país se cree los dueños de todos los recursos y el pensamiento , voluntad de los colombianos, se le informa si es que no lo saben que hay más de 8, millones de colombianos que no les comemos de ese cuento que se bajen de esa nube, que le vamos a dar la pelea en todos lo escenarios, jurídico y políticos internacionalmente no la van a tener fácil, tienen que vencernos, Dios y patria.