Uno de los temas más álgidos en la sociedad es el tratamiento de la lucha contra las drogas, y los mil y un ensayos fallidos por parte de los gobiernos para combatirlas. El actual gobierno “le declaró la guerra a las drogas”. El presidente Iván Duque, sancionó el pasado primero de octubre un decreto mediante el cual se faculta a la Policía, entre otras cosas, a decomisar la dosis mínima de sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína y las drogas sintéticas.
Según Duque, esta es una medida de carácter policivo, más no punitivo, que será implementada junto con otras políticas, para hacerle frente a la problemática de las drogas. Él sostuvo que “se va a judicializar a los jíbaros, no se trata de llevar a la cárcel al consumidor”.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del presidente y de su gobierno, esta medida, lejos de ser una solución real al microtráfico de drogas, crea múltiples escenarios que podrían vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.
En primer lugar, el decreto no plantea acciones nuevas: el artículo 222 del Código de Policía ya contenía la posibilidad de decomisar y destruir la droga que se encuentre al portador, con la particularidad de que ahora se ejecutará también con la dosis mínima.
En segundo lugar, el decreto establece que la persona que sea sorprendida con la dosis mínima, será conducida a una estación de Policía para que se le realicen los respectivos descargos, sin especificar si la persona contará con un abogado para dicho cometido.
En tercer lugar, la norma establece que los adictos no serán destinatarios de esta medida, pero que deberán demostrar (con un certificado médico, declaración de sus padres o de un docente) que no son adictos. Esta idea raya en lo ridículo, pues un adicto no va a llevar consigo un certificado, sin mencionar que este puede ser fácilmente falsificado. Y por último, esta medida no cumple con el propósito de coartar a los expendedores de droga, quienes no dejarán su oficio simplemente porque un par de veces corrieron con la mala suerte de que los requisaran.
Así las cosas, estamos frente a una normativa equívoca, obsoleta e ineficaz que desconoce la realidad. Pretende acabar con el microtráfico y desmantelar a las bandas criminales persiguiendo a los consumidores ocasionales, le otorga facultades a la Policía que permiten que esta haga las veces de juez, fomenta la estigmatización y criminalización de los jóvenes de estratos bajos, obvia la corrupción que caracteriza al cuerpo de Policía Nacional y pretende enterrar libertades y derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad y el libre albedrío.
Duque necesita entender que la lucha contra las drogas requiere de una política pública que se ocupe del problema de una manera amplia, lo cual no se va alcanzar por medio de decretos escuetos, que es necesario un enfoque en la prevención, que se requieren acciones concretas, como creación de centros de rehabilitación y, sobre todo, que el negocio de las drogas es uno de los más rentables y que su ilegalidad y sanción, lo único que logran es precisamente hacerlo aún más rentable.
Foto cortesía de: Infobae
Esta medida hace recordar cuando Nixon presidente de los EU, llamo a Elvis Presley el cantante simbolo de los blancos gringos para que liderara la guerra contra las drogas que distribuian los blancos italianos valiendose de los jibaros negros, politica que hacia culpables a los negros de la adiccion de los blancos. A los dueños del negocio, que eran blancos socios de los italianos, no les paso nada y si la sangre y la carcel para los negros. En Colombia, seran los jibaros, habitantes de los barios populares los culpables del narcotrafico y los socios del cartel de sinaloa y demas organizaciones enquistadas en el gobierno los defensores de la moral y las buenas costumbres