Laura Rangel: “las medidas tributarias que profundizan la desigualdad de género causan violencia económica”

Laura Rangel Fonseca es abogada y feminista. Ha trabajado en la lucha contra los tratados de libre comercio y en la defensa de los derechos laborales de las mujeres en el comercio internacional, así como en programas de justicia de género y prevención de la trata de personas. Es integrante del Grupo Género y Justicia Económica, de Justicia Tributaria, que desarrolla la campaña «Menstruación libre de impuestos«.

¿Por qué es importante la economía feminista?

La realidad en el mundo demuestra que la economía afecta de forma diferencial a hombres y mujeres en relación a la división sexual del trabajo. Sin embargo, las políticas públicas siguen estando formuladas como si la economía fuera neutra.

En Colombia, el DANE ha hecho un enorme trabajo por desagregrar muchas estadísticas por sexo que evidencian una desigualdad económica; tenemos, además, una cuenta satélite de la economía del cuidado que demuestra que cuando se cuantifica el valor de esa economía, supera en muchos renglones a economías que se consideran motores, pero a la hora de expedir y reglamentar políticas públicas no se tienen en cuenta esos datos. Tampoco las brechas salariales, las cifras de pobreza o el impuesto rosa.

Trabajar hacia una economía feminista es asumir fundamentalmente una economía que respete nuestros derechos, fortalezca nuestra autonomía, y nos permita desarrollar nuestros proyectos de vida hacia una realización no solo personal, sino también colectiva.

Para que haya cambios reales, ¿la perspectiva de género debe ser transversal a todas las políticas públicas?

No hay forma de transformar la sociedad sin romper paradigmas. Es un camino arduo y la economía clásica, la que se aplica actualmente, genera muchas desigualdades que afectan a las mujeres: no reconoce nuestro papel en la economía y deja por fuera a diferentes identidades sexuales.

La situación económica de una mujer tiene que ver con su vida afectiva, sus relaciones de pareja, las cargas que tiene hacía sus hijos e hijas, padres y familiares. Su acceso a los recursos económicos es limitado y tiene que ver con cómo puede entablar esas relaciones en un nivel igualitario y qué tanto puede sustraerse de situaciones de violencia en su familia y en su comunidad.

Y estas situaciones se relacionan con algo supremamente importante: la participación política. Y sucede que, así esté formulada como un derecho y existan leyes que la promuevan, nuestra realidad es que la desigualdad y la brecha de género lleva a muchas mujeres colombianas a preocuparse por sobrevivir, y cuando tenemos que preocuparnos por sobrevivir, la política no es una de nuestras prioridades.

¿El recorte del gasto público afecta con mayor gravedad a las mujeres?

Por supuesto, el Estado y la sociedad asumen que las mujeres siempre se harán cargo de los y las hijas, los padres en edad avanzada, el/la familiar con alguna discapacidad: somos las fuerza que sostiene el capitalismo y con la excusa de que el cuidado es amor, nos dan por sentado. En ese sentido, los primeros programas que tienen recortes ante un déficit son aquellos relacionados con nosotras. En lugar de consolidar una apuesta social hacia una responsabilidad colectiva de la humanidad, siempre se tiene a las mujeres como colchón.

Los impuestos regresivos afectan de manera diferencial a las mujeres, ¿cómo saldar esa desigualdad tributaria?

Priorizando la realidad del concepto de progresividad que es lo que no se ha dado en las últimas reformas tributarias en Colombia. Reformas en las que se apuesta, cada vez más, a los impuestos regresivos como el IVA. Otro elemento muy importante es revisar cuáles son los beneficios tributarios que aplica el país; aquí se cuestionan mucho los beneficios dentro del IVA como la exclusión y la exención a productos de la canasta básica en función del impacto que tienen en el ingreso.  

Así que en la Reforma Tributaria del actual gobierno se propone eliminarlos, mientras que las grandes empresas tienen múltiples beneficios que nunca se cuestionan. Entonces siendo las mujeres la base económica de este país terminamos siempre asumiendo una carga tributaria mayor y es, obviamente, un enfoque inequitativo.

Hay que resaltar que las medidas tributarias que incrementan la desigualdad son medidas que generan violencia económica. La tributación debe reconocer las diferencias entre hombres y mujeres y ser una herramienta para superar esa brecha de género, no al contrario, ser un instrumento de profundización de la disparidad y la discriminación.

¿En qué otros sentidos afecta a las mujeres la Reforma Tributaria que propone el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla?

Nosotras analizamos la reforma tributaria del año pasado y estamos entendiendo esta reforma como una continuidad de la anterior. Poner IVA a toda la canasta básica afecta el mínimo vital de la población y, especialmente, a las mujeres que tenemos una situación de desigualdad evidente y reconocida desde lo público; los tributos que agravan una situación de desigualdad generan un incumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano.

Desde el grupo de Género y Justicia Económica logramos la reducción del IVA para tampones y toallas higiénicas, que era del 16%, a una tarifa preferencial del 5% en la Reforma de 2017. La propuesta en la Reforma que propone el actual gobierno es que se quiten todas las tarifas preferenciales, exenciones y exclusiones, esto significa que volveríamos a pagar una tarifa plena y ese impuesto es un impuesto sexista.

¿Si nosotras nos vemos afectadas con estas reformas, como mujeres urbanas, cuál es el impacto que genera en las mujeres rurales?

Las mujeres rurales están en una situación de desventaja tal en la política tributaria, que no se ve reflejada en la política social. Por ejemplo, las mujeres rurales que tienen proyectos productivos usualmente se agrupan para fortalecerse y tener actividades sostenibles: todos los requisitos que se exigen a estos proyectos productivos en términos de formalizaciones contables y tributarias son complejos, y el hecho de que muchas de ellas no tengan suficiente acceso a educación, las relega y las obliga a estar al margen del Estado, en riesgo de ser sancionadas y sin poder acceder a algún beneficio.

¿El acceso a tierra en las mujeres es más limitado?

En los Acuerdos de Paz se formularon varias medidas afirmativas en políticas de acceso a tierras para las mujeres campesinas y mujeres víctimas del conflicto armado, pero enfrentan muchos obstáculos como mujeres ante la persecución por ser lideresas sociales, campesinas y de derechos humanos: en sus regiones son altamente vulnerables ante actores que quieren impedir, precisamente, que ellas tengan acceso a la tierra, a su territorio y desarrollar su proyecto de vida desde su identidad.

El panorama es oscuro, creo que el gobierno de Iván Duque representa una amenaza al avance de estas políticas. Primero, porque su partido ha estado en contra de la perspectiva de género en los Acuerdos y en contra de los mismos Acuerdos; y segundo, porque difícilmente un gobierno que se está planteando crear un Ministerio de la Familia tendrá una atención enfocada en el acceso de las mujeres a la tierra.

¿Cuáles son las campañas e investigaciones que tiene proyectadas el Grupo de Género y Justicia Económica?

El grupo nace en el seno de la Red por una Justicia Tributaria y fue pionero en la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Actualmente estamos al frente de la acción de inconstitucionalidad que cursa contra el IVA del 5% sobre tampones y toallas higiénicas.

Uno de los lemas que tenemos previsto asumir es el de visibilizar que las cifras que producen el Ministerio de Hacienda y la DIAN no están desagregadas por sexo. No es una política de Estado ni una práctica habitual; primero tenemos que conocer quiénes son las mujeres que tributan, cómo tributan, su capacidad económica, entre otras, para poder generar medidas y políticas públicas más aterrizadas a su realidad.

Estamos discutiendo y entendiendo, de manera más profunda, la reforma pensional. El tema de discusión siempre ha sido la edad de las pensiones y la intención de igualar las edades, aun cuando hay una sentencia que reconoce como constitucional esa diferencia como una medida afirmativa que acepta las cargas que tienen las mujeres para el cuidado de la vida.

No obstante, hay otros temas que afectan a las mujeres y no se ponen en tela de juicio: el hecho de que tengamos una expectativa de vida más larga y que nuestras condiciones de vida en la vejez sean más precarias. Un primer elemento es la necesidad de fortalecer el sistema público, porque en el sistema de ahorro privado, la inequidad es más profunda.

Otro punto, que sabemos es externo, pero estructural, tiene que ver con el mercado laboral. Las mujeres representamos la mayor cantidad de personas en la informalidad, estamos más desocupadas y más desempleadas. Así que existe un reto y es resolver cómo las mujeres debemos tener un tipo de entrada a la economía formal que nos permita generar cotizaciones y un acceso real a la pensión.

Estamos, también, reflexionando en cómo las cifras de la economía del cuidado que ha generado el DANE tienen una incidencia en el mercado de trabajo femenino y en cómo participan las mujeres en la definición del salario mínimo, en su monto y en las condiciones laborales. Queremos establecer vínculos entre la economía del cuidado y el resto de la economía, porque pareciera que fueran excluyentes y que una es la mujer que se dedica al trabajo doméstico y otra, la que está en el mercado laboral. Esa escisión de la vida de la mujer nos pone en desventaja en ambos ámbitos.

Por último, me parece vital hacer un llamado a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a la academia, para que el propósito de lucha contra la desigualdad sea interiorizado. Cuando hablamos de superar estas brechas, siempre esta batalla se aplaza porque hay otras cosas que se consideran más importantes; necesitamos que los movimientos sociales se apropien de un paradigma en el que el patriarcado no nos dicte todo, en el que la desigualdad económica no esté naturalizada y en el que nuestras luchas no sean marginales como casi siempre nos toca darlas.