¿Y ahora quién nos defiende del ministro de Defensa?

En Colombia no es nuevo que se señale y estigmatice la protesta social, podríamos recopilar centenares de horas en donde los medios de comunicación más influyentes del país, en titulares y notas periodísticas realizan una construcción mediática en el imaginario social, catalogando estas protestas como “personas que no quieren trabajar”, “vándalos de las universidades” o “terroristas” entre otras denominaciones, borrando de raíz las justas reclamaciones en donde la ciudadanía solo se manifiesta pacíficamente haciendo valer y exigiendo la reivindicación de sus derechos ante un Estado que no se los proporciona o reconoce.

Pero es de otra magnitud lo que estamos viviendo en los últimos días con los ministros del gabinete de Gobierno, en esta ocasión el Ministro Botero, jefe de la cartera de Defensa, se pronunció de tal manera que deja mucho que pensar de la función que cumple, sus palabras fueron tan explícitas como una sentencia de muerte, de tal calibre que sería importante preguntarle por las pruebas que sustentan tal señalamiento.

Y es que el Ministro Botero sostiene que, “Con dineros ilícitos, grupos armados financian la protesta social”, una afirmación de tan fuerte calibre, como el mismo Ministerio del cual está a cargo, reitero, ¿tendrá pruebas para que las muestre a la opinión pública? O ¿es una estrategia para legitimar frente a la opinión el asesinato sistemático de líderes sociales?

Con intensa franqueza el Ministro Botero debe comprender que su función en cabeza de la cartera del Ministerio de Defensa va más allá de su experiencia como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, y es así como debe interiorizar que en Colombia no se rigen en la función pública por medio de unos estatutos empresariales como puede que lo haga en FENALCO, sino que el país se rige por la carta magna, la Constitución Política de 1991, y no con la antigua Constitución Política de 1886.

Las palabras de Botero son de tan amplia magnitud que se puede contemplar una visión de criminalizar cualquier indicio de protesta social, aunque ya lo han intentado gobiernos anteriores, pero este gobierno que inicia está llegando a tal punto de arriesgar la vida de los manifestantes y ponerles desde sus casas una lápida con fecha, hora y lugar de fallecimiento.

Ministro Botero: ¿Acaso la prioridad no son la defensa y la protección de todos los ciudadanos y en especial los líderes sociales?, ya que parece estar forjando todo lo contrario.

No olvidemos que el ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia, además que está consagrado en nuestra Constitución Política, específicamente en el Artículo 37. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.

Tengamos presente que una protesta social es una acción colectiva, una corriente de pensamiento, de creencias y preferencias respecto del elemento de la estructura social, que con su consistencia logra la modificación de las reglas de juego y cambiar a nuevos poderes de democratización, por lo tanto, puede que este sea una de las molestias del Ministro Botero, a tal punto que no lo haya querido expresar como una “mafia del pensamiento”, esa que parece no gustarle históricamente a los dirigentes gremiales que se sientan en un cargo del espectro gubernamental.

Y es que desde lo más profundo debemos exaltar y aplaudir el valor de las diferentes manifestaciones sociales de los movimientos de estudiantes, campesinos, docentes, transportadores, indígenas, agrarios, sindicalistas, ambientalistas, animalistas entre otros, que logran persistir en la exigencia de los derechos sociales que nos benefician a todos, en un clima como estos de tan alta beligerancia estatal, que no dista de las pasadas dictaduras Latinoamericanas de Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.

Ahora bien, habrá que preguntarle a Duque si la frase que tanto manifiesta en sus discursos de, “encontremos soluciones y no agresiones”, también aplicará para sus ministros.

Fotografía cortesía de La Patria.