¡¿Cómo podríamos aceptar a Ordóñez como representante del país?!

Nunca el nombramiento de un embajador y, menos aún, de un embajador en la OEA, había suscitado tantas resistencias, tanto rechazo y tanta animadversión.

Hasta donde mis recuerdos alcanzan, la elección de los embajadores del gobierno Colombiano en el extranjero, habían pasado inadvertidos para la gran mayoría de los ciudadanos. Excepción hecha, tal vez, del nombramiento de Horacio Serpa en Washington, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que causó escozor por la inaudita aceptación del nominado, no registra mi vieja memoria un caso similar a esta auténtica resistencia civil frente a una designación en un cargo diplomático.

¿Qué tiene pues este caso de particular?

La Organización de Estados Americanos, es preciso reconocerlo, ha desempeñado en determinados instantes de la historia continental, el triste papel de Ministerio de Colonias del Imperio Estadounidense.

Alcahueta de las intervenciones gringas en Guatemala, República Dominicana y Grenada, la OEA se prestó además de manera infame para avalar la exclusión y el siniestro bloqueo a Cuba, en momentos en que era vital la solidaridad latinoamericana para evitar que la isla tuviera que entregarse en brazos de la Unión Soviética.

Al respecto es necesario recordar lo sucedido, sobre todo para las nuevas generaciones que desconocen la historia: Ese encuentro, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, se convocó a pedido del gobierno colombiano, el cual habiendo roto relaciones diplomáticas con la isla, argumentó una supuesta incompatibilidad de la permanencia de Cuba en el organismo internacional.

Los cancilleres hemisféricos acudieron a la cita colombiana. La reunión se realizó en el balneario de Punta del Este, tal vez con el fin de evitar las manifestaciones populares de solidaridad con Cuba, que se podrían haber dado en Montevideo.

La expulsión de la isla contó con la aprobación de 14 países, el voto en contra de Cuba y México y la abstención de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Se impuso el bloqueo turístico, económico, diplomático y comercial a la ínsula, tratando de estrangular su autonomía, su libre autodeterminación y, en definitiva, su soberanía.

Pero bueno, esa es una historia que se podrá tratar en otra ocasión.

Lo cierto es que ahora el cargo de embajador de Colombia ante la Organización hemisférica tiene una íntima relación con el tema de la defensa y salvaguarda de los Derechos Humanos, dado que la Organización, superados aquellos momentos, se ha legitimado y ha adquirido otra connotación, mediante la suscripción de un pacto internacional al respecto.

Existe pues, un documento continental de particular significación para la comunidad americana que se llama Pacto de San José, de 1969, o también, de manera técnica Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en ese año, por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

Este tratado internacional nos protege en nuestra condición de ciudadanos, frente a los abusos que, eventualmente, puedan cometer los Estados. A él pueden recurrir y, de hecho, han recurrido las personas que en su momento han visto vulnerados sus derechos fundamentales, (recuérdese por ejemplo el caso de Gustavo Petro cuando fue destituido de su cargo de Alcalde de Bogotá de manera irregular por el entonces Procurador General de la Nación, el mismo Ordóñez).

Además, y en concordancia con dicho acuerdo internacional, la OEA tiene hoy por hoy un tribunal muy importante para la defensa de esos derechos que se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual juzga, no la conducta de las personas –como en el caso de la Corte Penal Internacional– sino la de los Estados signatarios del Pacto de San José y sanciona pecuniariamente a aquellas entidades estatales que vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Frente a todo este panorama de civilidad y respeto, ¿cómo podríamos aceptar, en la condición de ciudadanos, que el presidente Duque designe como representante de nuestro Estado a un individuo de la calidad y la naturaleza de Alejandro Ordóñez Maldonado?

En primer lugar, porque el nombramiento como embajador en la OEA se conoció justamente el día en que más de once millones y medio de colombianos se pronunciaron en contra de la corrupción. Y no se puede olvidar que el extraño señor Ordóñez fue destituido de su cargo por el Consejo de Estado, precisamente, por corrupto: Por nombrar individuos relacionados íntimamente con las personas que tenían que designarlo a él en su cargo de Procurador General de la Nación.

Pero, además e independientemente de este hecho circunstancial, el señor Alejandro Ordóñez Maldonado encarna todo lo contrario que un tratado de respeto y tolerancia por los derechos ajenos, como el Pacto de San José, significa: Él es amante de quemar libros, conducta que considera necesaria y constructiva. Desprecia y desdeña a las personas de orientación sexual  diversa: durante el periodo en que permaneció como Procurador General de la Nación, los ridiculizó refiriéndose a ellos como los “jotagebé”.

Y ni qué hablar de la posibilidad de la constitución de familias de personas de un mismo sexo; de la adopción por parejas homosexuales.

Pero, menos aún, de las expectativas de aborto para aquellas mujeres violadas y sometidas a vejámenes.

Su furia contra la perspectiva de género se tradujo en una campaña contra la ministra Gina Parody, campaña disfrazada de defensa de la familia, pero en realidad orientada a atacar la condición sexual de la funcionaria.

Pero, no se detiene allí su vesania. Coludido con un nefando terrateniente de dudosa ortografía ética (cuestionado nada más y nada menos que por el Contralor General de la República), presidió reuniones en las cuales, con tono amenazante, descalificó a los reclamadores de tierras y proclamó la defensa de los despojadores.

¿Cómo pude entonces el país sentirse representado por un personaje de semejante talla moral, ante un organismo que, hoy por hoy, superados nefandos momentos del pasado, representa una garantía para los derechos humanos?

El señor presidente Duque tiene que decidirse finalmente: Va a ser consecuente con lo que, de labios para afuera predica en relación con la lucha contra la corrupción y el castigo a los corruptos, o va a seguir con este discurso esquizofrénico que, mientras verbalmente postula posiciones democráticas y de avanzada, en la práctica sigue favoreciendo las más vergonzosas y podridas artimañas de la clase política.

Adenda: Al momento de publicar esta columna hay más de 225.000 firmas reunidas en rechazo al nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como embajador ante la OEA. Y creciendo.

Caricatura cortesía de Cerosetenta