La elección del nuevo contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, es la constatación empírica de la perversa injerencia política (de la micropolítica) en la designación de funcionarios que asumen o asumirán la dirección de órganos de control.
El Congreso de la República fue el escenario en el que las componendas y los acuerdos alcanzados por los expresidentes Pastrana, Uribe y Gaviria, y el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, permitieron elegir a quien actuará con la autonomía y la independencia que sus mentores le dispensarán durante el tiempo de su gestión.
La elección de Carlos Felipe Córdoba constituye un ejemplo más que sirve para validar la conclusión a la que llegaron varios investigadores de la Universidad Externado de Colombia en torno a la corrupción y a su naturalización en el funcionamiento del Estado: “poca transparencia en el manejo de lo público, controles ineficaces, un pobre arreglo institucional, injerencias políticas en la designación de los llamados a ejercer el control… un modelo de Estado centralista y clientelista, falta de independencia y factores de nivelación en órganos regulatorios y de control…” (1)
Se trató, sin duda, de un arreglo o de un pacto entre políticos interesados en que ciertos asuntos relacionados con el manejo fiscal que en adelante hará el gobierno de Duque, estén protegidos ante la mirada de un ente de control vital tanto en materia de administración eficiente y transparente de los recursos públicos, como de los efectos socioambientales del modelo de desarrollo extractivo al que el gobierno de Duque le dará continuidad como política de Estado.
De igual manera, ese mismo pacto, al mejor estilo del Frente Nacional, servirá para que temas como la adjudicación de tierras, y el manejo de recursos públicos de la anterior administración queden en el olvido.
Ejemplo de ello, son las investigaciones que reposan en la Contraloría General de la República en contra del expresidente Uribe, por la inversión de millonarios recursos en un distrito de riego en su hacienda El Ubérrimo, en el marco de la ejecución de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS); de igual forma, se investiga la apropiación de baldíos, con lo que se habría logrado extender los límites del señalado predio; y en segundo lugar, el informe publicado por la misma entidad de control, durante la administración de Sandra Morelli, en el que empresas nacionales y multinacionales están comprometidas en la apropiación indebida de baldíos en la altillanura colombiana.
Aparecen, por ejemplo, los casos de Mónica Semillas (grupo Mónica Colombia), Caso Cargill, RioPaila Castilla S.A., Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-Corficolombiana; Caso El Brasil, Timberlan Holdings Limited y Wood Holdings Limited, Sociedad Agroindustria Guarrojo S. A., Aceites Manuelita S.A. y Poligrow Colombia Ltda., entre otros.
A lo que se suman, todos los intereses de particulares (de empresarios del campo) y de políticos profesionales en torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final con las Farc, en lo concerniente a la restitución de tierras a campesinos desplazados y las que deben recibir los excombatientes en el marco de lo acordado en La Habana; igualmente, la apropiación irregular de baldíos por parte de familias ricas y poderosas de Colombia; y el fenómeno que se conoce como la “bancarización y extranjerización de la tierra”, que va en contravía de lo acordado entre el Estado y las Farc.
Así entonces, la llegada de Córdoba al importante órgano de control puede obedecer, en mayor medida, a la intención del actual Gobierno, en contubernio con el Congreso y los sectores políticos y económicos que llevaron a Duque a la Presidencia, de impedir y torpedear la consolidación de la Paz Territorial.
Se trató, entonces, de una elección eminentemente política, en la que de muchas maneras los principios de la meritocracia quedaron subsumidos por el interés de un grupo de políticos que de tiempo atrás están al servicio de la élite de un Establecimiento que quiere extender en el tiempo las condiciones y las circunstancias contextuales de un conflicto armado de origen agrario.
Durante los últimos días, la gran prensa y las redes sociales se concentraron en la figura de José Félix Lafourie, quien sonaba como firme candidato para remplazar a Maya Villazón, actual y saliente contralor general. Como candidato del llamado “uribismo” y amigo de las entrañas del también ganadero, Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Fedegan sirvió de mampara para ir construyendo y consolidando la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, mientras la opinión pública se entretenía juzgando la honorabilidad del esposo de la senadora María Fernanda Cabal.
Es decir, Lafourie sirvió de “distractor” y jugó el rol de bastidor, mientras los tres expresidentes y Vargas Lleras acordaban las condiciones con las que finalmente harán que la autonomía de Córdoba sea relativa al largo de la cadena que los cuatro políticos le pusieron en el cuello al nuevo contralor.
Habrá que seguir muy de cerca las actuaciones de Carlos Felipe Córdoba. Mientras ello sucede, sobre su elección recaen todas las dudas, por cuanto se dio fruto de acuerdos que se dieron de espaldas al país entre quienes de manera directa han coadyuvado a entronizar el clientelismo, la corrupción, el ethos mafioso y las prácticas institucionales propias de un “Doble Estado”.
A lo mejor estaremos ante la gestión de un contralor controlado por el clientelismo y los mezquinos intereses de la clase empresarial y política colombianas.
Adenda: resulta bochornoso e indigno que el recién elegido contralor general de la República agradezca públicamente su elección a los expresidentes que participaron del cónclave en el que finalmente se dio su designación al órgano de control. Con el nuevo contralor, el país cambia para que todo siga igual.
- Véase: Henao, Juan C y Zárate, Aníbal R. (2018). Corrupción en Colombia. Corrupción, Estado e Instrumentos jurídicos. Universidad Externando de Colombia. Tomo 4. p.40.
