Duque debe hacer lo que hizo Santos con Uribe

Iván Duque Márquez, actual presidente de Colombia, deberá enfrentar los retos “normales” que un país como Colombia siempre pondrá a quien asuma la difícil tarea de dirigir los destinos de un Estado en proceso de consolidación y los de una sociedad que deambula en medio de una profunda confusión moral y que exhibe una inocultable pobreza cultural. 

Además de consolidar el modelo neoliberal, Duque tendrá la obligación de asegurarle a los países que apoyaron la negociación política1 con las Farc, las condiciones que mejor se parezcan a un país en paz. Es decir, uno en el que los inversionistas no corran riesgos de sufrir extorsiones, secuestros y ataques a sus intereses (en términos operativos y de infraestructura). Esto es, una paz perfecta en lo económico y enormemente imperfecta en términos sociales y de convivencia en ciudades y zonas rurales.  

Seguir al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional hace parte de las obligaciones que Duque asumió el 7 de agosto de 2018. En el plano interno, Duque Márquez debe trabajar para mantener la tranquilidad en las élites del Establecimiento, garantizándoles sus inversiones, e incluso, ampliando su poder económico, así sea a costa del bienestar de millones de colombianos que sobreviven en medio de la informalidad laboral y otros que sufren el proceso de precarización de las condiciones de vida.

Finalmente, Duque fue puesto en la Casa de Nariño no solo para asegurarle a Uribe, su mentor y jefe político, la seguridad jurídica que le permita mantener su vigencia política, sino para cumplir con las exigencias de una élite empresarial interesada casi que exclusivamente a mantener su carácter rentista, el mismo que de tiempo atrás impide fortalecer el débil aparato productivo y, por ese camino, alcanzar niveles de desarrollo industrial que coadyuven a disminuir las condiciones de desigualdad, inequidad y pobreza.  

Hasta aquí, se trata de retos “normales” para el presidente Duque. Pero hay un reto mayúsculo que ocupará buena parte de su tiempo: demostrarle a su familia, así mismo y a los colombianos que no votaron por él, que no es el monigote o el títere de Uribe Vélez tal y como lo ven sectores políticos y mediáticos a nivel nacional e internacional. En su momento, deberá tomar distancia de quien en buena medida es el responsable de que hoy ocupe el Solio de Bolívar.  

Duque debe entender que al arrastrar la pesada sombra de “ser el que dijo Uribe”, corre el riesgo de que la historia le dé un lugar secundario cuando deje la Presidencia. En ese sentido, sus esfuerzos no estarán tanto en el mantenimiento del statu quo, sino en la construcción de su imagen como un verdadero jefe de Estado. Para lograrlo, deberá enfrentar no solo las presiones y el tóxico liderazgo de Uribe, sino los cuestionamientos que a puerta cerrada le harán miembros del Centro Democrático que no respetan su investidura, justamente porque fue lograda en mayor medida por el poder electoral de quien fungió como presidente entre 2002 y 2010.  

El presidente Duque tiene, en Juan Manuel Santos, el ejemplo y la imagen clara de lo que él puede y debería hacer, si realmente valora la oportunidad que tiene de hacer parte de la historia política de Colombia, como un verdadero jefe de Estado y no como la ficha del exmandatario antioqueño. Santos no traicionó a Uribe como señalan sectores de la prensa y de la clase política. No. Simplemente, Santos usó a Uribe para cumplir con su anhelo personal y la obligación familiar de ser presidente de Colombia. Como hijo de la rancia élite bogotana, Santos estaba obligado a gobernar y para ello se aprovechó de ese fenómeno mediático y político llamado Álvaro Uribe.   

Santos se distanció moral y éticamente de Uribe, pues como otros miembros de la élite bogotana, el Nobel de Paz jamás aceptó el carácter y estilo vulgar y montaraz del ganadero antioqueño, visto por los sectores tradicionales como un advenedizo y un “emergente”. Al llamarlo “rufián de esquina”, Juan Manuel Santos Calderón dejó de ver su procedencia, su “fino linaje”.   

Así entonces, Duque deberá buscar el momento preciso para hacer lo mismo que Santos. Y está obligado a hacerlo por varias razones: la primera, por su imagen personal. La segunda, porque sus actuaciones y decisiones, débiles y proclives a mantener la vigencia de su mentor, terminarán por deslegitimar la figura presidencial y por esa vía, extender en el tiempo la fragilidad de la institucionalidad estatal colombiana. Y las familias ricas de Colombia saben que no se pueden dar el lujo de debilitar la institución presidencial o el modelo presidencialista que tanto les ha servido. Y la tercera, porque como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, está forzado a erigirse como un líder y contar con el genuino respaldo y respeto de militares y policías que hoy agradecen a Santos el haberle quitado las armas a las Farc.   

Lo acordado entre los expresidentes Gaviria, Pastrana y Uribe pondrá a prueba al Gobierno. Sin duda, se trata de un bloque político que comprometerá la gobernabilidad de Duque y de esa manera, garantizar que sus decisiones estén sujetas al plan que los expresidentes acaban de acordar. En palabras más sencillas, los tres exmandatarios buscan impedir que el actual presidente de Colombia siga los pasos que Santos dio para alejarse de Uribe. 

La historia juzgará a Duque Márquez más que por su forma de gobernar y sus logros en materia fiscal y económica, por haber podido zafarse de esa imagen de “títere y de segundón” que medios internacionales2 y locales ya le construyeron. Ese es su gran reto. Lo demás, deberá dejárselo a la inercia.