El sistema actual de salud agoniza ante los ojos impávidos de una nación que no despierta del letargo imbuido por la corrupción y la desinformación mediática. La gran mayoría de ciudadanos se quejan de la baja calidad en la atención, la demora administrativa y/o negación de servicios, la carencia de medicamentos (desde el básico acetaminofén), el paseo de la muerte, entre otros vejámenes que sufrimos como usuarios-víctimas del obsoleto sistema.
La Ley 100 de 1993, cuyo ponente estrella fue Álvaro Uribe Vélez, proponía implementar un sistema basado en la solidaridad (unos pagan para subsidiar a quien no tiene la capacidad, ¿bonito, no?) para cubrir el déficit de aseguramiento y cobertura que se vivía en ese entonces. La realidad derivó en la intermediación de la salud por medio de las EPS, quienes administran el recurso financiero destinado por el Estado y los aportes de los contribuyentes. Esta administración ha derivado en lucro de las empresas y sus directivas, en corrupción por puestos y diferentes carteles que han desangrado los recursos, recuérdese los recientes carteles de la hemofilia, de los enfermos mentales y hasta del VIH, entre otros.
La distribución de recursos por la llamada contratación vertical generó conglomerados empresariales en los que la plata de la salud terminaba en empresas de turismo, recreación, campos de golf y otras razones sociales con las cuales se contrata a sí misma dicha organización, el mejor y más recordado ejemplo, Saludcoop.
El dinero poco (o nada) ha revertido en la mejora y/o ampliación de servicios hospitalarios, ni ha fortalecido las arcas de la red pública y privada, quienes son los que realmente dan el servicio, sino en quienes intermedian, se quedan con una tajada y postergan los pagos a los prestadores de salud llevándolos a la quiebra. Así, la Ley 100 ha cobrado la existencia de múltiples servicios de salud que cierran en los hospitales públicos, debilitando la cobertura y vulnerando el acceso, en especial a los más pobres.
Para el año 2017, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hablaba de que al menos 3 de cada 10 hospitales redujeron la cobertura y 1 de cada 10 clausuró servicios de salud, siendo las más recortadas las Unidades de Cuidados Intensivos, Pediatría y Ginecología. Además, la Ley 100 llevó a la fusión, quiebra y desaparición de diferentes empresas sociales del estado (ESE) que prestaban el servicio de salud pública, otras tantas pasaron a manos de privados como estrategia de negocio a fin de “salvar” las ya moribundas instituciones.
A mayo de 2018, las EPS adeudaban a clínicas y hospitales 8,4 billones de pesos, debido a esto no hay contratación efectiva en muchas EPS morosas porque ya no les “fían” más, por eso no es infrecuente escuchar a quien acude a una cita médica decir que no hay atención especializada porque “no hay prestador”, es decir no hay con quien contratar para garantizar el servicio, simplemente las instituciones prestadoras de salud no quieren perder más.
Como médico, vivo a diario la tragedia humana de mis pacientes. Mis consultas se han convertido en asesoría en quejas y reclamos, hasta algunas en clases de Derecho. Es triste saber que muchas veces solo queda entutelar para poder recibir el medicamento o el procedimiento que es esencial para la vida. Veo a pacientes diabéticos a quienes no les entregan la insulina por uno o más meses, enfermos de cáncer o en vías de diagnóstico que no les garantizan los servicios, cardiópatas a quienes no les entregan medicamentos o les postergan la realización de un cateterismo; todo esto deriva en mayores costos para el sistema por hospitalizaciones y sobrecostos en pago de la enfermedad que se ha complicado, pero lo más impactante son las complicaciones prevenibles que conllevan a seres humanos a estados de discapacidad y, en muchos casos, a la muerte; no cuento con cifras exactas, pero el decir que la Ley 100 ha cobrado más muertos que el conflicto armado puede ser una triste verdad.
La propuesta de acabar la intermediación y la salud como negocio por parte de las EPS es la solución. El buscar pasar de un modelo basado en el tratamiento de la enfermedad a uno con una preponderancia preventiva es la regla de oro, ese es el gran éxito de países a la vanguardia en el primer mundo.
Un modelo que prevenga nuevos enfermos, daría una mayor carga financiera a cubrir las patologías ya existentes, mejorando el acceso y garantizando la prestación de servicios a quienes lo requieren. Eliminando la intermediación y las restricciones de un plan de “beneficios” (antes POS), se garantizaría tratamientos idóneos (no, “lo que hay es esto”) y se daría preponderancia a la ciencia, el saber médico sobre el costo y, por ende, restituiría la mancillada dignidad médica, en la cual muchos profesionales nos vemos maniatados ante las restricciones por parte de equipos de auditoría y control financiero, o por la mera falta de cobertura de lo que se ordena.
Lastimosamente, el candidato que tenía estas propuestas fue derrotado en la contienda electoral, echando al traste la esperanza de una revolución en la forma en que accedemos a la salud. No solo el perverso sistema actual nos victimiza en salud, también esa ignorancia, pasividad o inatención ante la realidad política de los ciudadanos nos lapida.
En épocas electorales evidencié cómo ese desconocimiento de la realidad y surgimiento del sistema actual mezclado con esa falta de ilustración política nos condena, como dicen tantos memes: (que resultan más tristes que graciosos) se levanta a hacer fila en la EPS, no le entregan el acetaminofén, pero ama a Uribe y vota por Duque. Eso es francamente incoherente desde mi punto de vista, ¿cómo querer tener un cambio en el Sistema de Salud si votas por quien quiere perpetuar el modelo que te tiene enfermo? ¿votas por el heredero de quien creó la Ley 100 que vulnera tus derechos con el perverso sistema de EPS?
En contraparte otros tantos me decían: “¿Qué, Doc, vamos con Petro?”, me decían que ahora sí veríamos el cambio, que él acabará con estas EPS que nos tienen jodidos. A lo que solo respondía con una sonrisa o un ojalá.
A esos que lo soñamos, que sabemos que este sistema no da para más, que cada vez será más profunda la falta de acceso a un servicio oportuno de calidad, les digo: por ahora esa necesidad queda postergada (“tocó aplazar el gustico”), que solo con un cambio a políticas de la vida, enarbolando como bandera la defensa de nuestros derechos como conjunto, lograremos quitarle el carácter de negocio para restituirle la condición de derecho a la salud.
Por ahora, con el panorama actual. No se extrañe que la próxima vez que esté en la ventanilla de las oficinas de la EPS esperando por la autorización de servicio de la cual puede depender su vida, un “amable” y sincero funcionario administrativo le responda: “Qué pena mi señora, nos toca esperar otros cuatro años más… ¡el siguiente!”.
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Imagen tomada de: Cablenoticias
