Contrario a lo que muchos podrían pensar, tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, la violencia se recrudeció, han aumentado las amenazas y los asesinatos tanto de líderes sociales como de integrantes del partido FARC, y esta situación se presenta semana tras semana, como si nunca se fuese a acabar.
No se sabe qué es más preocupante, si la indiferencia de la gran mayoría de colombianos ante estos asesinatos, o la falta de acción del Estado para prevenir, tomar medidas y evitar la muerte de los líderes.
Ante las instituciones del Estado han acudido varios líderes sociales para pedir medidas y protección frente a las amenazas que han tenido debido a su labor, sin embargo, en varias ocasiones estas solicitudes ni siquiera se han estudiado, como fue el caso de Luis Barrios Machado, líder comunal de Palmar de Varela, quien recibió amenazas, hizo la solicitud de protección, que no fue tenida en cuenta, y a las pocas semanas fue asesinado.
Pareciera que al Estado no le interesara que se cuente por qué razón los líderes sociales son una amenaza para ciertos intereses de sectores económicos, empresariales y políticos.
Inicialmente el Gobierno, a través de su Ministro de Defensa, se podía lavar las manos diciendo que estos asesinatos obedecían a líos de faldas, pero con tantos asesinatos esta respuesta ya no es creíble.
Las zonas donde se presentan más asesinatos de líderes sociales se caracterizan en su mayoría por la presencia de grupos al margen de la ley, así como sitios estratégicos para la minería, la extracción de hidrocarburos, la restitución de tierras, y la sustitución de cultivos, entre otros. Según la ONU, los departamentos con mayor número de líderes sociales asesinados son: Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Van más de 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años y medio, como lo constata el informe de INDEPAZ, “Todos los nombres, todos los rostros”, cuya investigación arrojó que, del 1 de enero de 2016 al 14 de mayo de 2018, fueron asesinados 385 líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo, manifestó en su reciente informe que han sido asesinados 326 líderes sociales, en las fechas del 1 de enero de 2016 al 18 de julio de 2018.
La Fundación Paz y Reconciliación en su informe “Cómo va la paz 2018” explicó que, del 24 de noviembre de 2016 al 15 de mayo de 2018, fueron asesinados 148 líderes sociales en Colombia.
El panorama no es nada alentador y más si se adiciona que el Estado tiene falencias en cuanto a los programas de protección para la ciudadanía.
Para proteger a los líderes sociales el Estado nunca tiene plata, es una lucha para que el Ministerio de Hacienda destine fondos a la Unidad Nacional de Protección, y los recursos que recientemente se gestionaron para la UNP, no es que sirvan de a mucho, pues se pueden escuchar cifras de miles de millones, pero ese dinero nunca se ve reflejado en la protección de los líderes sociales, y esa plata no se ve materializada por pura y física corrupción.
Sumado a lo anterior, para nadie es un secreto que hay muchos esquemas de seguridad que se convierten en un lujo, pues algunas de las personas que los tienen no los necesitan, y ahí es que debería existir una especie de veeduría y seguimiento tanto a la UNP como a las empresas que subcontratan, para saber bajo qué argumentación se asignaron esos esquemas, mientras que los líderes sociales que sí los necesitan, se están muriendo desprotegidos.
Retomando el papel de la ciudadanía frente al asesinato de líderes sociales, es bastante preocupante, pues pareciera que la gente no se mueve, no se solidariza, ni sensibiliza, a menos de que el muerto esté al frente de su casa y eso.
La velatón por la vida que se desarrolló hace unas semanas en las principales plazas del país fue la respuesta de un sector de la ciudadanía que se cansó de leer los titulares en las noticias y en las redes sociales sobre las muertes de líderes sociales y que no aguantó más la inacción del Estado.
Esta expresión ciudadana y de acción colectiva no debería quedarse ahí. Ese hecho paralizó al país y conmovió a la comunidad internacional, sin embargo, como ciudadanos se debería buscar la forma de hacer un plan integral de apoyo a los líderes sociales en las regiones, seguido de la presión a las autoridades e instituciones del Estado, sobre todo, en los departamentos que se identificaron más asesinatos de líderes sociales.
Pero insisto, estamos cortos de manos y de acciones por hacer, los líderes sociales necesitan de todos los colombianos, no los podemos dejar solos, ya los abandonó el Estado argumentando que eran líos de faldas, pero nosotros, como ciudadanos no les podemos fallar, son compatriotas que hacen una de las labores más importantes y riesgosas de nuestro país, que es liderar, coordinar, asumir vocerías y ser parte de procesos sociales y políticos, que implican organización de las comunidades, y luchas de causas comunes y específicas, en beneficio de sectores de la población civil, afectados o amenazados por decisiones políticas, presencia de multinacionales para minería o extracción de hidrocarburos, u organización de sindicatos, para pedir y reclamar derechos, que empresas y empresarios le estén vulnerado a los trabajadores, entre muchas otras causas.
Hay una causa que pocos se han atrevido a pensar y analizar, y es que en ciertas regiones donde han asesinado a líderes sociales, algunos de estos son militantes de movimientos de izquierda, lo cual podría aclarar un poco el panorama frente a qué sectores puntuales del país les interesa que dejen de existir los líderes sociales, como los procesos que estos lideran y de los cuales hacen parte.
Con el nuevo Gobierno de Duque no se esperan mejoras a la protección de los líderes sociales, si Santos no pudo garantizarles la vida siendo Nobel de Paz y haciendo un proceso de paz con las FARC, veo muy difícil que el nuevo presidente electo Iván Duque, mejore las garantías y la protección para los líderes sociales.
¡Son los ciudadanos los llamados a cuidar y proteger a nuestros líderes sociales!
Imagen tomada de: Pacifista
