¿Qué hacer?

La pregunta que da vida al titular de esta columna, nace de la impotencia que se siente al contar y al ver en la distancia los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y del medio ambiente y simpatizantes de Izquierda y de la Colombia Humana. Muchos se preguntan: ¿qué se puede hacer?

Aparte de condenar en redes sociales, hacer plantones, marchar y exigirle al Estado acciones concretas conducentes a detener este bien planeado exterminio de ciudadanos incómodos para sectores de poder militar, económico y político, considero que es muy poco lo que se puede hacer. Explico.

En otras columnas, he señalado que en Colombia hay un “Doble Estado”. Es decir, coexisten y cohabitan la legalidad y la ilegalidad dentro de lo que se conoce como el Estado colombiano. Es más: los presidentes en Colombia tienen el control de una cara del Estado. La otra cara de ese mismo Estado es manejada por mafias y grupos de poder que establecen finas relaciones con agentes estatales instalados en sectores estratégicos del poder militar y político. Hay varias circunstancias y hechos que bien podrían corroborar aquella sentencia.

El genocidio de más de 4.000 miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica es el más claro ejemplo de la existencia de un “Doble Estado” en Colombia. Es claro que de esa campaña de exterminio participaron militares, policías, agentes de seguridad del Estado, del propio DAS y, por supuesto, agentes de poder económico y político. Unos por acción directa y otros, por omisión. Eso sí, hay que señalar que dentro de estos cuerpos armados y de seguridad estatal hay gente honorable que jamás participaría de crímenes y de actos impropios.

De igual manera, los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa, y Carlos Pizarro Leongómez, entre otros, confirman que en Colombia hay un “Doble Estado”. En particular los casos de los magnicidios de Gómez y Galán, dan cuenta de esa circunstancia que deviene histórica. Y es así, porque a pesar de hacer parte del Establecimiento, fueron señalados como incómodos por sectores de poder, legal e ilegal, que de manera coordinada decidieron que lo mejor era asesinarlos. Se trató de operativos planeados y consensuados entre grupos de poder económico, político y militar, que están por encima de los tres poderes públicos. Los momentos históricos también definieron la suerte de los dos políticos asesinados.

El desmonte de este “Doble Estado” es casi imposible, debido a que el Establecimiento necesita de dichas estructuras para mantenerse, en especial, cuando aparecen líderes carismáticos que buscan cambiar las lógicas del poder y de la política, como en el caso de Galán; o aquellos que, como Gómez Hurtado, quien en las complejas circunstancias del Proceso 8.000 y la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, vio con simpatía el proyecto político que le plantearon militares y la propia Embajada de los Estados Unidos, para sacar de la Casa de Nariño al presidente que el Cartel de Cali ayudó a elegir.

Pero hay otras circunstancias que me hacen pensar en que es muy poco lo que se puede hacer. No conozco política pública alguna diseñada y aplicada por las fuerzas de seguridad del Estado que tenga por objetivo acabar con el tráfico de armas y, por esa vía, lograr que el monopolio de las mismas esté en el Estado. Es más, nunca he escuchado que ese sea un objetivo estratégico de ningún Gobierno.

Me pregunto: ¿de dónde salen las armas con las que fueron  asesinados más de 200 líderes, lideresas y miembros de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas? ¿Quién las provee? ¿Se trata de armas amparadas por particulares? ¿Se trata de armas oficiales? ¿Se trata de armas que ya habían sido decomisadas y que por arte de birlibirloque nuevamente, alguna autoridad las puso a circular? ¿Qué tan difícil resulta desmantelar las redes de traficantes de armas? ¿Es suficiente con desarticularlas, cuando dentro del Estado hay intereses en mantenerlas activas? ¿Qué tipo de control existen para las armas que son decomisadas a diario? ¿Quién las maneja, la Policía, el Ejército? Sería interesante solicitar a la ONU una misión de vigilancia al material bélico decomisado y a las armas incautadas por las propias autoridades.

Pero hay más. En buena medida, los crímenes selectivos que vienen ocurriendo desde 2016 contra lideresas y líderes, están amparados y “justificados” por la histórica animadversión que sectores poblacionales, agentes de la sociedad civil y funcionarios estatales sienten y profesan contra ciudadanos alinderados a la Izquierda o aquellos que exhiben posturas críticas frente  al modelo de desarrollo extractivo o que deciden enfrentar a mafias de distinto pelambre. Es más, hay sectores de la sociedad urbana colombiana que ven con desdén la vida de campesinos, indígenas y afrocolombianos, lo que se convierte en un motivo para asesinarlos y desplazarlos.

Desmontar ese “Doble Estado” necesita del compromiso de cada comandante militar y policial, al igual que del propio presidente de la República, ministros, directores de los Partidos Políticos y los políticos profesionales. A los que se deben de sumar los grandes ricos, banqueros, industriales y los agentes de la sociedad civil que a diario salen en los medios. Y por supuesto, el grueso de la sociedad.

Todos deben asumir el compromiso de defender la Vida por encima de cualquier consideración política e ideológica. Ese mensaje debe ir acompañado de acciones concretas al interior de los organismos de seguridad y la Fuerza Pública, como mejorar los filtros de reclutamiento de agentes, suboficiales y oficiales y, sobre todo, acciones de contrainteligencia que permitan reconocer, vigilar y desmantelar las estructuras mafiosas que muy seguramente funcionan en su interior y que estarían comprometidas, por acción u omisión, en los crímenes que por estos días condenamos.

En los crímenes de las últimas horas hay un objetivo social y político. Con el asesinato de Ana María Cortés, secretaria de la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, Antioquia, se pone de manifiesto la estrategia de los sectores de poder que están detrás de este crimen: meter miedo en las bases sociales de la Izquierda y de los progresistas que acompañaron a Gustavo Petro en su pasada campaña presidencial. El mensaje es claro: evitar, a toda costa, que la Colombia Humana se consolide de cara a las elecciones regionales en 2019 y a la presidencial en 2022.

Si estos móviles políticos se confirman, muy probablemente los asesinatos, persecuciones  y los hostigamientos continuarán. Hay que estar alerta y atentos.