Es imposible desconocer u ocultar que en la sociedad colombiana se entronizó un ethos mafioso sobre el que se sostienen las prácticas corruptas asociadas, erróneamente y de manera exclusiva, a la función pública. Es claro que la corrupción política y administrativa comparten orígenes en el sector privado y son aupadas, en muchos casos, desde agentes de la sociedad civil interesados en hacerse con el Estado para extender sus privilegios de clase.
Corregir lo que por tantos años ha sido el norte ético de élites, sacerdotes, empresarios, militares, ciudadanos de a pie, industriales, dirigentes y banqueros, entre otros, se torna difícil porque proscribir ese ethos mafioso [1] implica emprender, por las dimensiones de la corrupción en Colombia, una verdadera ‘revolución cultural’.
Mientras esa ‘revolución cultural’ se da, en un largo plazo, los colombianos tendrán la oportunidad el 26 de agosto de 2018 de votar la consulta anticorrupción promovida por la entonces senadora Claudia López Hernández y el Partido Verde.
La votación se dará dos meses después de la elección presidencial, en la que resultó electo Iván Duque Márquez. Lo curioso del asunto es que el 17 de junio 10 millones de colombianos apoyaron con su voto un proyecto político sumido de tiempo atrás en escándalos de corrupción como la ya probada compra de la reelección presidencial inmediata para Álvaro Uribe Vélez, y los particulares discursos y llamados del mandatario antioqueño. «En mi gobierno no se compran conciencias, se persuade; y voten los proyectos mientras los meten a la cárcel», decía quien gobernó entre 2002 y 2010. Sin duda, frases y expresiones propias de un particular proyecto ético-político que coadyuvó en buena medida a la confusión moral y ética en la que se sumió la sociedad colombiana, especialmente en quienes siguen viendo a Uribe como un líder carismático, eterno presidente y el mejor presidente de Colombia.
A lo que se suman los escándalos de Reficar y Odebrecht y casos en los que se combinan actos de corrupción con acciones criminales. Hablo de los “Falsos Positivos”, práctica sistemática en la que miembros de la Fuerza Pública, en especial del Ejército Nacional, a cambio de dinero y otros incentivos, asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Es decir, monetizaron la vida de aquellos a quienes juraron defender y cuidar.
En medio de la confusión moral y ética de la sociedad colombiana, es probable que quienes votaron por Duque, terminen apoyando la consulta anticorrupción, dejando en el olvido, como si fuera fácil, lo sucedido entre 2002 y 2010. Como también es probable que suceda lo contrario y el grueso de esos 10 millones que eligieron “al que dijo Uribe”, salgan a votar negativamente los 7 puntos de la consulta. Cualquier cosa puede pasar en este país.
La consulta del 26 de agosto de 2018, llamada anticorrupción, cuenta con 7 mandatos a saber:
- Establecer un límite de máximo tres periodos para los elegidos en corporaciones de elección popular.
- Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
- Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.
- Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.
- Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin tipo alguno de indemnización.
- Aquellas personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.
- Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima asignación mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado.
Revisemos punto por punto. Al estar soportada la corrupción en el ya señalado ethos mafioso, la consulta del 26 de agosto de poco serviría para tratar de minimizar, acabar o reducir a sus justas proporciones la corrupción, tal y como lo señaló en su momento el presidente Julio César Turbay Ayala. Y es así, porque varios de los puntos están pensados más para “molestar” a quienes viven de la política y no para la política.
Sin duda, rebajarles el salario a los congresistas colombianos (punto 7) resulta atractivo y popular en un país con una alta desigualdad social. Pero en sí mismo, golpear el bolsillo de senadores y representantes a la Cámara de Representantes, no asegura que estos funcionarios abandonen las prácticas corruptas que se les atribuyen y que deben entenderse desde la dimensión sociocultural, pero también desde las lógicas de un régimen presidencial que de tiempo atrás ha construido perversas relaciones con el Legislativo. A lo que hay que sumar la existencia de un débil aparato productivo que deja a la política y al clientelismo como caminos expeditos para asegurar bienestar social y económico.
Hacer públicas las declaraciones de renta, si bien puede considerarse un acto de transparencia, este mismo acto no impedirá que aparezcan los negociados y las prácticas dolosas. ¿Tiene la DIAN la capacidad técnica, y su director el interés político, de revisar con lupa lo declarado por los congresistas? En el mismo sentido se entiende el tercer punto: ¿De qué serviría que los congresistas den cuenta de su labor legislativa, si quienes votaron por ellos lo hicieron a cambio de cargos públicos, contratos o becas?
El punto cuatro supone la existencia de unas veedurías ciudadanas serias y responsables y de una ciudadanía capaz de comprender el lenguaje técnico con el que regularmente se exponen las ejecutorias presupuestales. Se han conocido casos de veedores ciudadanos que se han dejado comprar o que simplemente, su labor no alcanza a esculcar y a poner en evidencia lo actuado por funcionarios del Estado.
El punto cinco es interesante y conveniente, pero requeriría de una justicia eficiente. Es claro que el aparato de justicia en Colombia arrastra graves problemas que se expresan en los altos niveles de impunidad, la lentitud de los procesos, y la corrupción de los operadores judiciales, entre otros.
El punto seis vuelve a poner en discusión la política criminal, el sistema judicial mismo y el carácter vindicativo con el que se entiende el derecho, en el sentido de que mandar a la cárcel a los corruptos, parece ser suficiente y el único castigo, cuando es claro que los corruptos manejan muy bien aquello de la “economía del delito”. No. Lo que se debe asegurar es que el corrupto devuelva lo robado y que pague las multas impuestas por los órganos de control fiscal, cuando de por medio haya un fallo que lo haga responsable. Y que aquello de la sanción social sea suficiente para alejarlo de la vida pública.
Con todo y lo anterior, la consulta es importante, oportuna, pero no es suficiente. Votar sí a los 7 puntos muy poco contribuirá a proscribir el ethos mafioso que guía la vida privada y pública de importantes agentes de sectores de poder social, político y económico de la sociedad colombiana, pero es un paso que debemos dar. Por ello, el 26 de agosto hay que salir a votar SÍ, siendo conscientes de que lo que se necesita es un cambio cultural profundo que por ahora nadie parece dispuesto a liderar.
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[1] Ethos mafioso es el conjunto de prácticas, acciones y actitudes conducentes a irrespetar las normas, a obviarlas, siempre en la búsqueda del bien particular. Desde ofrecer coimas al Policía de Tránsito, hasta solicitar “ayudas” o pagar por estas en trámites ante agencias del Estado. No asumir responsabilidades por los actos y decisiones tomadas es parte de lo que aquí llamo ethos mafioso. La trampa, la perfidia, el interés indebido y la acción premeditada de buscar beneficios, y asegurando daños en los otros, hace parte de ese ethos que guía la vida de millones de colombianos.
Imagen tomada de Euromaidan Press
