Petro el incendiario

Le dijeron irresponsable, incendiario e irrespetuoso de las instituciones. No escatimaron en insultos y desde las demás campañas presidenciales se le señaló con dedo inquisidor y con cierto aire de ridiculización por prevenir un posible fraude electoral.

A comienzos de mayo el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo venían alertando sobre irregularidades en la Registraduría, desde el uso de fotocopias para la pasada consulta del 11 de marzo, engavetar una resolución del Consejo Nacional Electoral que ordenaba el cambio del logo de la “Colombia Humana” [Ver 1] hasta dejar en el congelador la solicitud del Procurador General para la realización de una auditoría técnica al software en esa entidad [Ver 2].

Hoy, los hechos están cobrando más fuerza y les dan cada vez más la razón, debido a una posible alteración de los números registrados en el formulario usado para hacer el preconteo de las votaciones, también llamado E14, de las elecciones presidenciales del pasado 27 de mayo.

La denuncia la hizo la Colombia Humana en cabeza de Gustavo Petro, en rueda de prensa, donde se anunció que “lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y pueden generar un fraude masivo”.

Y a pesar que el Gobierno había afirmado públicamente que el software de la Registraduría iba a tener auditoría técnica, la misma International Foundation for Electoral Systems (IFES, compañía que supuestamente iba a realizar la verificación del software) desmintió que el Presidente Juan Manuel Santos la hubiera facultado para hacer dicha veeduría [Ver 3] [4];  así como se desmintió que lo que había mandado a hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE) no correspondía a una auditoría técnica porque ésta se realiza con dos meses de anticipación [Ver 5], y lo que se hizo fue una simple revisión o prueba de funcionamiento, que requiere de menos tiempo.

Los actos de fraude no se anuncian cuando el daño está hecho, se advierten inexcusablemente cuando los hechos no se han consumado.

Es precisamente una función ciudadana y de prevención donde el Estado está en la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir un daño que puede ser irreversible a la democracia. Todo, en aras de la transparencia, seguridad jurídica e institucional y legitimidad en la gobernabilidad.

Existen razones de sobra para creer en esa versión que tiene cabeza y cuerpo, al ver que todas las alarmas se han prendido sobre un posible fraude electoral. La primera, inició con el fallo del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, en Sentencia N° 11001-03-28-00-2014-00117-00, con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez, a través del cual se comprobó que en las elecciones del Congreso del año 2014 hubo fraude, con la alteración de los formularios E14 de la Registraduría donde al movimiento político MIRA le robaron tres curules.

La segunda, hecha por la MOE (Misión de Observación Electoral), quien alertó en su momento que el fallo del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018 debía ser motivo de preocupación para los partidos políticos dado que Colombia carecía de un control riguroso al software que registra el sistema de escrutinios. Según este organismo “el escrutinio es una de las etapas de mayor fragilidad para la transparencia de los resultados de la votación en el proceso electoral y donde la labor activa de los partidos políticos y movimientos es fundamental” [Ver 6].

La tercera, publicada a través de La.FM, también la realizó la misma MOE, donde anunciaba una posible falta de garantías para la campaña de Gustavo Petro, quien no tuvo respuesta por parte de la Registraduría y su posible negligencia en la solicitud de cambio de logo en el tarjetón electoral de la Colombia Humana [Ver 7].

La cuarta, a partir de la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación [Ver 8], por denuncias recibidas en las elecciones legislativas del pasado 10 de marzo de 2018, en las que se evidenciaron irregularidades en los resultados al congreso, que llevaron a concluir que en esas elecciones existió un alto nivel de fraude electoral.

La quinta, en donde la MOE afirma que el día de elecciones presidenciales de primera vuelta se recibieron “627 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales de 23 departamentos y Bogotá y 147 municipios del territorio nacional”; entre los que se encontraron compra y venta de votos, suplantación de votantes, publicidad ilegal e irregularidades en el censo electoral  [Ver 9].

Y la sexta, realizada por la OEA quien finalmente lo que hacía era avalar una supervisión, pero no el fraude. El organismo, en rueda de prensa, denunció compra de votos en Bogotá, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Norte de Santander [Ver 10]. Es la misma organización con la que el registrador se escudó diciendo que la sola presencia de ésta organización, las elecciones ya estaban garantizadas. ¡Y qué coincidencia! Los hechos sucedieron en varias de las regiones donde Duque tuvo altas votaciones.

No habían pasado dos días desde que los colombianos definieron a los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial, cuando los mismos ciudadanos ya estaban destapando lo que, con antelación, a Gustavo Petro se le intentó negar desde las demás campañas, desde la Registraduría y boca del mismo Presidente de la República quien afirmó desde su cuenta de twitter:”la extrema izquierda está como la extrema derecha: inventan fraudes donde no existen. Estas serán las elecciones presidenciales más seguras, más transparentes y con mayores garantías de la historia de Colombia” [Ver 11].

Y es que no es un tema menor, como así lo han querido teñir desde los medios de comunicación y lo quisieron mostrar algunas campañas presidenciales, por no decir que casi todas. En la revisión de algunos de los formularios E14 de la Registraduría, donde se alcanzan a notar irregularidades que se salen de toda lógica, al parecerse alteraron los números, se aprovecharon los guiones en los espacios en blanco, para luego reteñir encima de ellos un número y acomodar así las cifras; elevando el número de votos del candidato.

De hecho, la Colombia Humana denunció que en revisión de todos los formatos E14 y E24 se encontraron alrededor de 8000 irregularidades [Ver 12] [13]. “Nos equivocamos, pensamos que el fraude era en favor de Vargas Lleras y fue en favor de Iván Duque. 8 mil E 14 y 4 mil E 24 parecen alterados”, dijo a través de su cuenta de twitter Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático y cercano a la campaña de Gustavo Petro y Ángela María Robledo [Ver 14].

Lo raro no es que los supuestos errores humanos estén en todos los candidatos, porque no vamos a negar que existen anomalías en los formularios de todos los candidatos; eso sí, en unos más que en otros. Lo raro es que casi todas las anomalías que se encuentran ocurran con cierta regularidad en los resultados del candidato Iván Duque.

Lo que puede demostrar una posible sistematización, coordinación y recurrencia de la conducta reprochable que, aparentemente, favorece a ese candidato [Ver 15] [16] [17].

Así las cosas, mientras el país queda en una incertidumbre que, de tajo, ha venido negándose por parte del registrador, en la campaña de Iván Duque campea el silencio. Pero no es la función legítima de los ciudadanos de participar activamente en la democracia la que amenaza la institucionalidad y que por ende debe ignorarse, sino que es esa tendencia a hacer creer que cualquier riesgo inminente que afecte los intereses del establecimiento se plantee, a modo de estigma, como un tipo de actitud incendiaria.

Si ser incendiario para advertir posibles fraudes en unos comicios electorales es el medio por el cual una sociedad cumple su Constitución y garantiza su democracia, pues es mejor ser un Petro incendiario y no un fraudulento Nicolás Maduro colombiano.

Fotografía cortesía de Gustavo Petro Urrego, página de Facebook.