La represa de la arrogancia

Los problemas con el control de las aguas del “indomable” río Cauca, que por estos días exhibe la construcción de la hidroeléctrica de HidroItuango, hacen parte de la historia ambiental del país, caracterizada por formas combinadas de violencia contra los ecosistemas y socio ecosistemas.

La mega obra arrastra las dificultades propias de un proyecto concebido desde una incontrastable apuesta y perspectiva ingenieril que retó a las complejas condiciones biofísicas asociadas no solo al “arisco” río Cauca, sino a las condiciones de los terrenos que conforman el cañón sobre el que se construye la presa. Igualmente, esa misma perspectiva ingenieril, soportada en un espíritu humano combativo, casi marcial, se enfrentó a comunidades campesinas y mineras previamente violentadas por actores del conflicto armado interno, en particular por grupos paramilitares que actuaron en su contra, con la anuencia de agentes estatales.

Ese mismo talante de los ingenieros responsables del diseño y ejecución de la obra, muy seguramente deviene asociado a la subcultura paisa que, sobre cualquier consideración, siempre ha buscado históricamente domesticar la Naturaleza, sin importar los impactos y las consecuencias.

Es decir, HidroItuango es la expresión de procesos violentos de domesticación de la Naturaleza, y fruto de procesos de desarraigo y desplazamiento de grupos humanos que en doble vía comprometen a las Empresas Públicas de Medellín, a sus socios, y al propio Estado colombiano.

La construcción de la hidroeléctrica se justificó en su momento, con el argumento de que el sistema energético colombiano sería más eficiente y potente, por la entrada en operación de HidroItuango. Se pueden y se pudieron vislumbrar en su momento razones de Estado en la perspectiva de que les corresponde a los gobiernos, en nombre del Estado, garantizar el suministro de energía a comunidades apartadas y consolidar tanto la interconexión eléctrica nacional, como la electrificación rural.

A esas razones de Estado les salen al paso circunstancias y hechos económicos y ambientales que no necesariamente hacen parte de la imperiosa necesidad estatal de insistir en la construcción de hidroeléctricas, obras que generan amplias y fuertes externalidades negativas como cambios en el clima de la región impactada, en la vocación de los campesinos que habitaban el territorio inundado y por supuesto, los efectos que deja en la pesca y en general en el macro ecosistema llamado cuenca del río Cauca.

Y no se trata de oponerse radicalmente a la construcción de obras que, enmarcadas en una idea dominante de desarrollo, modernización y crecimiento económico, puedan garantizar bienestar colectivo y particular. De lo que se trata es de dilucidar y descifrar, a través de preguntas y cuestionamientos, si la construcción de la HidroItuango era una necesidad y una prioridad para el país.

Me pregunto: con la construcción de Porce I y II y la de El Quimbo, para nombrar algunas centrales construidas, ¿el sistema interconectado dejaba de ser eficiente y garante para que el país contara con el fluido energético? ¿qué alternativas se pensaron o se propusieron a la construcción de la hidroeléctrica que hoy enfrenta graves problemas técnicos, de sostenibilidad económica  y credibilidad en su ejecución técnica?

Lo cierto es que detrás de la construcción de HidroItuango está el negocio de vender energía y a partir de las ganancias logradas, financiar otros proyectos de infraestructura en el departamento de Antioquia.

En el informe Colombia Nunca Más, el caso de Ituango, se lee lo siguiente: “La represa Hidroituango se construye en parte por el interés de suplir la demanda eléctrica del mercado de América Central en detrimento de las comunidades que habitan los territorios. Esta obra causa graves impactos al medio ambiente, la salud y la pérdida de bosques, suelos y fauna. En respuesta han surgido procesos de movilización social en defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos que exigen la detención de la obra, la reparación a las víctimas, la realización de un nuevo censo y la consulta con las comunidades sobre su futuro”[1].

Si es cierto que detrás estaba el negocio de vender energía a países de Centro América (quizás en el marco del Plan Puebla Panamá), esa sola circunstancia debió servir para que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tuvieran en cuenta las incertidumbres sociales de las comunidades afectadas, los riesgos en la construcción de la obra y por supuesto, los procesos de mitigación de los impactos que de manera natural produce la construcción de una hidroeléctrica.

En cuanto a la apuesta de financiar otras obras con las ganancias logradas por la venta de energía, huelga recordar la intención de “pignorar” los futuros recursos económicos que dejaría la generación de energía de HidroItuango. El Colombiano, periódico regional de talante conservador, registró en su momento que:

“Ee habla de, al menos,  2 billones de pesos que tendrían como fuente financiación los beneficios que reciba el Departamento de la hidroeléctrica, como socio principal junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), con una participación de 52,89 %, mientras EPM, constructor y operador del megaproyecto, tiene el 46,47 %; otro 0,64 % es de minoritarios. Pero anticipar esos recursos compromete los flujos que llegaría a las arcas departamentales 20 años después de que se prenda la primera turbina y comience la generación de energía, hecho que deberá darse en diciembre de 2018.

La propuesta de comprometer los ingresos futuros de Hidroituango para ayudar a financiar proyectos de infraestructura en este cuatrienio fue sustentada por la Administración Departamental en la necesidad de ejecutar obras que serán motor del desarrollo. Mauricio Tobón Franco, gerente del Idea, y quien anunció la propuesta, atribuyó el modelo a una apuesta por el progreso en que se buscan mecanismos financieros con la banca de inversión para adelantar ingresos futuros de Hidroituango por 2 billones de pesos, y financiar megaproyectos que propone el gobernador Luis Pérez.

Al respecto, Mauricio Cabrera, exdirector de Crédito Público, experto en banca de inversión y representante de la firma Cabrera y Bedoya, explicó que: ‘al hacer esto la administración departamental actual dispone de unos recursos futuros y, por lo tanto, las próximas no contarán con esa plata’. Cabrera, a su vez, cuestionó que se trata de una especie de pignoración en que se deben tener en cuenta obligaciones adquiridas por el proyecto. “Uno no puede pignorar todos los ingresos que vaya a tener Hidroituango, porque existen compromisos de pago propios. Hidroituango se está financiando actualmente con créditos y los tendrá que pagar, por lo que deberá contar con lo que queda de esa resta para los accionistas”.

En ese sentido, Remberto Rhenals, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, sostuvo que el modelo propuesto por la Administración Seccional supone que la empresa tiene recursos futuros previstos. Añadió que para avanzar en la propuesta de comprometer los recursos se debe contratar una banca para que estime el valor de esos ingresos futuros. “Se debe saber cómo valoran la empresa de acuerdo con el flujo futuro. Ese es el primer paso”, apuntó”.[2]

De todo lo anterior se colige que subsiste en la construcción de mega obras como HidroItuango, un sentido corporativo del Estado, en particular del Estado regional antioqueño, que al parecer no sopesó los negativos impactos socio ambientales que generaría HidroItuango, sobre la vida de las comunidades asentadas en el territorio inundable y el bienestar de los cientos de miles de colombianos que viven en las riberas del Cauca, tanto aguas arriba, como aguas abajo, se privilegió el negocio de la venta de energía.

Dirán algunos que resulta positivo que el Estado participe de un negocio que le pueda dar réditos económicos que aseguren inversiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los más vulnerables y por supuesto, en la construcción de infraestructuras físicas para el departamento de Antioquia. La pregunta es: con lo que está sucediendo en HidroItuango, ¿vale la pena insistir en construir más hidroeléctricas para vender energía a otros países, sin estimar económicamente los riesgos en su construcción y en los impactos socio ambientales que generan ese tipo de obras de ingeniería en comunidades que se benefician de los servicios ecosistémicos del río Cauca?

Lo cierto es que EPM desestimó las recomendaciones y los reclamos de los habitantes de la zona. Pudo más la arrogancia de los ingenieros y de la clase dirigente regional, que el sentido de la precaución que debería ser connatural a la construcción de este tipo de hidroeléctricas. Por ello, insisto en que en HidroItuango confluyen todas las formas de violencia que en nombre del desarrollo se vienen produciendo en Colombia. Tipos de violencia que tienen un común denominador: que las víctimas siempre son los más pobres, vulnerables y los menos reconocidos por quienes dicen agenciar y velar por el crecimiento económico, en el marco de un Estado Social de Derecho que suele quedar sepultado en presas o arrastrado aguas abajo por la desidia de quienes agencian un tipo de desarrollo que violenta tanto a los ecosistemas, como a los socio ecosistemas.

Adenda: la respuesta del Presidente Santos a la carta enviada por EPM y el Gobernador de Antioquia, confirma que no existe unidad conceptual y política alrededor de lo que es el Estado nacional. Si bien no se trata de pensar en un Estado idealmente monolítico, lo que sí debería de haber es un mínimo consenso y responsabilidad en torno a las directrices, mandatos y políticas relacionadas con la generación de energía. A lo mejor es hora de buscar alternativas a la construcción de hidroeléctricas.