De la expropiación y otros demonios

A esta campaña electoral la viene recorriendo un fantasma, como a Europa en los tiempos en que Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista. Es el fantasma de la expropiación.

Los grandes propietarios, tanto de tierras, como de capitales, de bienes de producción y de medios de comunicación están unidos, como lo estuvieron en aquella época, en “santa cruzada”, para amedrantar a los electores haciendo bailar ante sus ojos el espectro, cada vez que alguno de los candidatos heterodoxos expone sus tesis.

Un exministro de guerra (ese no fue de defensa, pues su figura, su talante y su filiación son, evidentemente, guerreros) acusó a uno de los aspirantes presidenciales de estar mal disimulando sus intenciones expropiadoras. Y no han faltado columnistas despistados que escriben para los medios más leídos del país y rasgan sus vestiduras, porque se anuncian programas que nos conducirán a una situación semejante a la que vive la muy expropiadora vecina de al lado.

Incluso, uno de los decanos de la prensa obsecuente, se tomó el trabajo de llevar a un Nobel de Literatura peruano a su programa televisivo, no para hablar de lo que se supone que debe saber un Nobel de Literatura, sino para que se entrometiera en los asuntos internos del país y descalificara cualquier opción diferente de la que al obsecuente entrevistador le gusta.

Pero cuando uno oye y lee esas sandeces, comprende la razón por la cual el artículo 41 de la Carta ordena:

ARTÍCULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

¡Ah falta que hace estudiar la Constitución! Si todos estos amedrentadores profesionales de la opinión pública, se hubieran tomado el trabajo de leerla siquiera, sabrían que la expropiación no es ninguna institución importada de Venezuela, ni fue creación del difunto coronel Hugo Chávez.

El artículo 58 de la Carta Política consagra la garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos con justo título, esto es, de conformidad con las leyes vigentes y que no podrán ser desconocidos por normas posteriores. Pero remata:

“Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

Es decir, que la expropiación está consagrada en la Constitución de 1991. Pero ya existía también en la Carta del 86, particularmente a partir de la reforma de 1936.

O sea, que no estamos descubriendo ahora el agua tibia. Y si la figura existe y ha sido consagrada en el ordenamiento jurídico, no es para adornar, ni para presumir de comunistoides, sino para utilizarla siempre que “…de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

Pero lo que oculta, en realidad, esta utilización malintencionada y amañada de la palabra expropiación es el afán de que la situación social del país no cambie un ápice.

El tema de la tenencia de la tierra está en la base del conflicto colombiano desde tiempos coloniales. Los grandes encomenderos y hacendados se hicieron los de las gafas cuando el ilustrado Carlos III, rey de España, en 1767, asistido por su ministro Campomanes, fijó normas jurídicas relacionadas con la necesidad de “recomponer” los títulos de propiedad de la tierra, buscando hacerla productiva y castigando la tenencia de fundos incultos que nada aportaban a la Corona.

Posteriormente, cuando López Pumarejo introdujo un proyecto de ley, bastante tímido, para regularizar la situación de los colonos, no faltaron las voces del alto clero, del Partido Conservador e, incluso, de la derecha del Partido Liberal, que acusaron al presidente de estar introduciendo en el ordenamiento jurídico medidas comunistas. Al respecto puede todavía consultarse los artículos del periódico El Siglo de 1936 y los audios transcritos de la entonces “Voz de Colombia” en los cuales connotados dirigentes del partido azul alertaban a los propietarios sobre el peligro que representaban para ellos las medidas que el régimen de la “Revolución en Marcha” pretendía poner en práctica.

Pero es un hecho que en la base del conflicto colombiano siempre ha estado el tema de la tenencia de la tierra.

Incluso, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha llamado la atención sobre el fenómeno de la concentración de la propiedad de la tierra.

Pero es que de acuerdo con un estudio de la Fundación Podion, realizado por Yamile Salinas Abdala, publicado en Datos y comentarios de coyuntura colombiana, en el mes de abril de 2007:

“En el país hay 2,6 millones de predios rurales particulares que pertenecen a 3,5 millones de propietarios y corresponden a cerca del 56 % (68 millones de hectáreas) del total de la superficie en el país (114 millones). El 57,3 % poseen predios inferiores a tres hectáreas en el 1,7 % del área predial registrada. Mientras que menos del 1 % es propietaria de predios superiores a 500 hectáreas localizados en el 61,2 %. La desigualdad en la tenencia de la tierra se refleja en el índice de concentración Gini que en el año 2004 era de 0,85172, y en los conflictos de uso del suelo. En el 62,3 % del territorio nacional se utiliza para actividades ajenas de su vocación natural. En ganadería se usan cuatro veces más las tierras (10,2 millones de hectáreas), en tanto que en agricultura solo se emplea una tercera parte de los suelos aptos (3,9 millones de hectáreas)”.

De ahí entonces que a los beneficiarios de un tal sistema de propiedad tan inequitativo y desigual les resulte completamente natural que la sola palabra expropiación les cause escalofríos. Pese a que ninguno de los candidatos presidenciales haya mencionado esa hipótesis.

Pero es que a los sectores dirigentes de esta apesadumbrada Colombia les parece muy bonito y de mucho “cachet” el panorama de corrupción, de hambre, de miseria, de exclusión social, de desigualdades infames en que se desenvuelve nuestra vida cotidiana.

Porque hemos llegado a unos niveles de indolencia e insolidaridad tales que no nos perturban los niños muertos de hambre, de necesidades, de enfermedades curables de la Guajira; ni que se roben el dinero destinado a los hemofílicos en Córdoba, ni los recursos para alimentar a los niños chocoanos.

Nos importa una higa que el “fracking” deseque ciénagas en los llanos orientales, provoque inestabilidad en los terrenos y genere “inmotivadas” erupciones petroleras que causan de un solo tirón, más daños y contaminación que los atentados contra el tubo perpetrados en un año por la vesania del Ejército de Liberación Nacional.

Para esa gente las cosas deben permanecer como están. Que el sacrosanto derecho a la propiedad privada se mantenga integérrimo. O si es posible, retroceder a prácticas torticeras y arbitrarias como las llevadas a cabo durante las primeras administraciones de este siglo.

Nos amenazan con el fantasmita ese de que si cambiamos un ápice nos vamos a volver otra Venezuela. Como si aquí estuviéramos muy bien.

Esas amenazas me recuerdan la anécdota de la tía solterona que le advertía a su sobrina de cuatro años, que si no tomaba la sopa, cuando fuera grande iba a ser muy fea. La niña, sin contemplaciones de ninguna clase, como suelen hacerlo los niños, le preguntó: ¿Cuándo tú eras chiquita, tú tampoco te tomabas la sopa? Así estamos en Colombia.

Imagen cortesía de A todo momento.