Al igual que el Coronel Buendía recordaba la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, miles de colombianos tenemos viva la imagen de los días en los que el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, vociferaba sin cesar “La guerra en Colombia ha dejado de existir, bienvenida la paz”, luego de la firma del acuerdo de desmovilización y reinserción a la vida civil de miles de guerrilleros pertenecientes a las Farc. Lo dijo en Cartagena, lo repitió en el Teatro Colón de Bogotá y lo reiteró en la propia sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La firma del acuerdo de paz con las Farc es, sin duda alguna, el logro más importante en la historia reciente del país. Su trascendencia es incuestionable. Santos logró lo que todos los presidentes que lo antecedieron habían querido, pero ninguno había alcanzado. Gracias a Santos, las Farc desaparecieron como organización guerrillera.
Esa es la verdad. El tema, sin embargo, será siempre motivo de controversia, por la forma como el Gobierno negoció la “desactivación” de esa poderosa máquina de guerra. Hay quienes sostienen que el precio fue muy alto, tanto en materia política, como jurídica y hasta en términos económicos. Algunos hablan, inclusive, de “volver trizas” los acuerdos.
Por todo el camino recorrido es imposible “volver trizas” lo pactado con las Farc. Pretender hacerlo es dinamitar el logro más trascendental de nuestra historia reciente. Sería un error imperdonable y las generaciones futuras nos cobrarían semejante exabrupto.
Pero los hechos recientes indican que las cosas como van, no van bien y es necesario replantear algunos asuntos, sin que ello comprometa el futuro de los acuerdos, en especial en lo que tiene que ver con las víctimas y los excombatientes. El nuevo Presidente —sea quien sea, de izquierda, centro o derecha— debe asumir ese compromiso con sentido patriótico y vocación histórica.
Pese a los duros cuestionamientos de la negociación, muchos de ellos justificados, se trata de un hecho irreversible. Así lo han entendido, inclusive, quienes tuvieron duros reparos con la mesa de La Habana, como Germán Vargas Lleras.
Pero en estos momentos, cuando se creía que la negociación del Gobierno con las Farc había cerrado el capítulo del conflicto con esa guerrilla, dos hechos recientes volvieron a poner sobre la mesa el futuro de los acuerdos en cabeza de quien suceda a Santos en la Casa de Nariño.
El primero de ellos, tiene que ver con los escándalos de corrupción en los contratos que se han firmado para la implementación de los acuerdos de paz y el segundo, está relacionado con la captura de alias Jesús Santrich por parte de la Fiscalía General, luego de una operación de “entrampamiento” realizada por la DEA, que evidenciaría sus tratos con el Cartel de Sinaloa.
Los multimillonarios recursos de la paz, en un país inundado de corrupción por los cuatro costados, no podían mantenerse al margen de este fenómeno. Para vergüenza de todos, la plata que debía servir para beneficiar a más víctimas y a quienes abandonaron las armas, terminó en los bolsillos de los bandidos, que trafican con el dolor de los demás.
Este delicado asunto, entre otros, deberá ser afrontado por el nuevo Presidente a partir del próximo 7 de agosto. Será una de las tantas «bombas de tiempo» que heredará el sucesor de Santos, quien terminará su segundo mandato sin poder concluir muchas de las tareas que quedaron pendientes de la negociación de La Habana.
Hagamos la tarea completa y recapitulemos sobre cuáles son las principales ‘bombas de tiempo’ que heredará el sucesor de Santos en materia de paz:
Sin Fondo de Paz
Cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le metió mano a los contratos que implementarán los acuerdos de La Habana, jamás se imaginó la podredumbre que encontraría. Es tanta, que quedó aterrado con los hallazgos. Los multimillonarios contratos evidencian, según sus palabras, “la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con los proyectos de inversión”. Traducción: Pura corrupción.
La paloma de la paz luce avergonzada en las solapas de algunos funcionarios. Los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, que se metieron las manos al dril para financiar el posconflicto, piden cuentas de más de 200 millones de dólares que dieron y fueron a parar al Fondo Colombia Sostenible (FCS) para que los administrara. Pero allá nadie rinde cuentas. Hablan del cobro de coimas por más del 20 % para adjudicar contratos y uno de los mencionados es Marlon Marín, sobrino de «Iván Márquez», uno de los jefes de las Farc y senador de las nueva Farc, quien acaba de internarse en el Caquetá, sin que se sepa las verdaderas motivaciones que tuvo para hacerlo.
La exdirectora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, fue retirada del cargo por no cumplir con el compromiso de tener listo el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, que debía estar operando desde enero. Además, porque habría permitido la ejecución de varios contratos, sin contar con la auditoría respectiva.
El problema de los excombatientes olvidados
Los medios de comunicación se ocupan a diario de la suerte de «Jesús Santrich» y de «Iván Márquez», pero se olvidan de más de 10 mil exmiembros de Farc, quienes están casi que abandonados a su suerte. Y no es una exageración. Es una triste y peligrosa realidad. Informes recientes de las Naciones Unidas, gran garante de la negociación, que monitorean los avances de la llamada Misión de Verificación, sostienen que los llamados “espacios territoriales”, por ejemplo, no cuentan con agua, ni luz, ni tampoco con saneamiento básico.
Muchas veces no tienen ni médicos, ni medicamentos, ni alimentos. En ellos aún permanecen aquellos excombatientes que todavía creen en la negociación, quienes reciben cada mes una paga por haber dejado los fusiles. Otros, como alias «Guacho», los abandonaron, para seguir delinquiendo de la mano de organizaciones narcotraficantes.
La ONU dejó constancia de la precariedad de la situación. También llamó la atención sobre el creciente número de disidentes, que están retomando los espacios abandonados y representan un peligro para quienes permanecen en los “espacios territoriales”, a la espera de definir su situación.
Un caso especial es el del «Paisa», quien acaba de abandonar el espacio territorial de Miravalle, en Caquetá, con 100 de sus hombres. Pero el Gobierno no quiere hablar del asunto. El presidente Santos prefiere insistir en las bondades de un acuerdo que le permitió ganarse el Premio Nobel de Paz, pero que está muy lejos de cumplir con lo pactado en La Habana, en lo que tiene que ver con las garantías para los excombatientes. El nuevo Gobierno tendrá que ocuparse también de esta «bomba de tiempo».
Poner orden en la casa
Mientras por un lado la Fiscalía General denuncia el derroche y la pérdida de miles de millones de pesos en los llamados “proyectos productivos”, por el otro, quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios de estas iniciativas pasan las verdes y las maduras, pues, según la ONU, solo uno de ellos ha contado con la financiación oficial. ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está la plata para financiar los proyectos, que son los que les permitirán sobrevivir a los excombatientes? Todo este desorden deberá ser organizado por el nuevo Gobierno.
El nuevo Presidente debe llegar a poner orden en la casa. Es la única manera de garantizar que, los cerca de 100 billones de pesos que se necesitan para el posconflicto en los próximos 15 años, no se los roben y sean bien invertidos.
La paz no puede convertirse en el gran foco de corrupción nacional, ni en la fuente de enriquecimiento ilícito de quienes vieron en ella el botín para llenar sus bolsillos. Sin recursos económicos suficientes, que permitan la recuperación social y económica de los territorios abandonados por las Farc, la negociación de paz será un fracaso.
Si el Estado no llega hasta allá, no habrá paz. Punto. Si las garantías ofrecidas a industriales y empresarios para que inviertan en esas zonas azotadas por el conflicto con las Farc no se materializan ni industriales, ni empresarios meten un peso en esas zonas. ¿Qué pasó con iniciativas como la llamada “obras por impuestos” o con las deducciones tributarias para quienes inviertan en esos territorios?
«Jesús Santrich», la «bomba de tiempo» con mayor carga explosiva
Cuando el nuevo Presidente llegue a la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto, encontrará en su despacho un sobre del Gobierno de Estados Unidos, con el rótulo: Top Secret. Al abrirlo encontrará toda la información que requiere para tomar la decisión de extraditar a «Jesús Santrich» a ese país, que lo requiere por, presuntamente, pretender negociar la venta de 10 toneladas de cocaína con integrantes del Cartel de Sinaloa, droga que sería llevada hasta los Estados Unidos.
A cambio de esta operación ilícita, «Santrich» recibiría, según la DEA, cerca de 15 millones de dólares. El nuevo Presidente tendrá que decidir la suerte de «Santrich», hoy en huelga de hambre, en protesta por la grave acusación en su contra. Aunque en este caso el señalamiento es contra uno de los líderes de las Farc y no contra todos los jefes de la guerrilla desmovilizada. Si el nuevo Presidente lo extradita, sin duda, estaría golpeando la negociación con las Farc. Si niega la extradición, entonces empezaría su mandato con el pie izquierdo, no solo con el Gobierno de Estados Unidos, sino con millones de colombianos que quieren ver tras las rejas a los exjefes guerrilleros y si es en poder del Tío Sam, mucho mejor.
Un sector agrario donde todo está por hacer
La deuda de Santos en este frente, es monumental. La llamada Agencia Nacional de Tierras no cumplió con la tarea asignada. Ni hubo legalización de predios, ni se formalizó el sistema de catastro e impuesto predial. Millones de víctimas deambulan por el país como «siervos sin tierra», arrastrando la tragedia de los desposeídos.
Mientras ello ocurre con las víctimas, en Colombia se ponen en marcha verdaderos procesos revolucionarios que tienen que ver con el buen uso de la tierra, incluso en sectores tan cuestionados por los enemigos de la propiedad privada, como la ganadería.
Es lo que sucede con la «revolución ganadera», que lleva a cabo en el Vichada el exbanquero Gabriel Jaramillo, quien está al frente de una iniciativa que busca consolidar la producción de unas 300.000 reses para carne de exportación, como lo narra el exministro Jorge Ramírez Ocampo en la más reciente edición de la revista Dinero.
La exitosa experiencia de Jaramillo demuestra que sí es posible trabajar el campo con nuevas tecnologías y con sentido social. En los próximos años dicha iniciativa busca impactar unas cinco millones de hectáreas en Vichada, Meta y Casanare, con el fin de posicionar a Colombia como uno de los grandes proveedores de carne bovina del mundo.
¿A quién se le puede pasar por la cabeza que esta tierra productiva y generadora de empleos podría ser objeto de expropiación?
Imagen cortesía de Tierra Colombiana.
