El pasado 11 de marzo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones legislativas, y aunque hubo muchos aciertos por parte de la Registraduría, ente organizador del evento electoral, como que los resultados se entregaron mucho más rápido que en otras ocasiones o que hubo una buena organización en los puestos de votación, se presentaron dos sucesos que no se pueden dejar pasar y que, por desgracia, empañan la labor del órgano nacional.
El primero tiene que ver con la falta de una buena logística a la hora de repartir los tarjetones de las consultas, ya que en 26 puestos de votación escasearon y la solución fue el tomar fotocopias para así garantizar el cubrimiento faltante, lo que conllevó a que algunos electores manifestasen su descontento. Y el segundo tiene que ver con los tarjetones dispuestos para las personas con discapacidad visual, en aras de garantizarles sus derechos políticos en igualdad de condiciones.
Pero ¿Cómo votan los ciegos? La Ley 163 de 1994, en su artículo 16, consagra que las personas con discapacidad visual podrán votar de dos maneras a saber: apoyándose en una persona de confianza que les prestará asistencia al momento de la marcación electoral o mediante un tarjetón impreso en el sistema de lectoescritura Braille, que tendrá como especificaciones técnicas, escritura en macro tipo, para las personas con baja visión y en Braille propiamente dicho.
Y es este el punto álgido, pues se imprimieron según datos del registrador, 86 mil tarjetones en Braille repartidos supuestamente por todo el país. El problema que se empezó a detectar al medio día de ese domingo electoral, era que la escritura en Braille no coincidía con lo escrito en tinta. Así pues, la persona leía el tarjetón y en el candidato de su preferencia marcaba una X o algún grafema, pero en realidad visualmente, estaba anulando su voto, pues marcaba la X o el grafema entre dos candidatos gracias a que no se tenía certeza plena sobre cual había sido su real elección.
En varios puntos de votación en Bogotá se prendieron las alarmas, pues aunque la gran mayoría de personas ciegas acudimos a votar en compañía de familia o personas de alta confianza, otros por preferencia o simple autonomía, lo hicieron solos y allí fue donde a más de uno le anularon el voto, o simplemente no pudieron hacerlo pues hay datos de compañeros en ciudades y municipios distintos de la capital, donde ni siquiera sabían qué era un tarjetón en Braille; peor aún. Existe un caso en el que a una persona no la dejaron votar y como premio de consolación o para que no molestase más, le expidieron el certificado electoral sin haber ejercido su derecho.
¿Quién responde? El instituto Nacional para Ciegos- INCI- es el encargado de la imprenta nacional en Braille y fue a dicha agencia estatal, a quien la Registraduría le encomendó la misión de imprimir los tarjetones en dicho sistema. Más de 9.000 tarjetones quedaron mal impresos y se dice que se anularon más de 3.000 votos de personas ciegas en todo el país. Al respecto el Consejero Nacional de Discapacidad Visual y presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales de Colombia (CONALIVI) el ingeniero Jorge Muñoz explica en diálogo con La FM, que el voto es susceptible de nulidad, al entenderse marcado por dos candidatos a la vez, o al no poderse distinguir con claridad por cuál de los dos se quería votar. “Es un voto que nosotros como personas ciegas no vamos a tener ni la plena seguridad ni la confianza si realmente por el número que seleccionamos es el que va a ser válido”
Puntualiza el consejero que hay una evidente corresponsabilidad de la Registraduría con el INCI, pues el encargado directamente de la impresión fue el instituto, pero la Registraduría tampoco revisó ni exigió algún tipo de garantía sobre las mencionadas impresiones. En el mismo diálogo se escuchó la respuesta del INCI, quien por medio de su director Carlos Parra manifestó que la buena noticia era que los ciegos habían podido votar.
Ignora el funcionario que las tarjetas electorales en Braille existen en Colombia hace ya 30 años y que no es una noticia el que los ciegos voten, sencillamente porque es un derecho que como ciudadanos tienen. El INCI no está haciendo ningún favor ni los contratos estatales se cumplen con solo la buena voluntad. El INCI debería reconocer públicamente que hubo un error y que hay que revisar ciertos procesos al interior de la institución para devolverle la confianza a cientos de miles de personas ciegas y con baja visión en el país, que hoy se encuentran abandonados por el gobierno nacional.
Por otro lado, es elocuente el silencio de la Registraduría, quien 8 días después no se ha pronunciado sobre el tema. A mitad de la semana el instituto se apresuró a montar en sus redes sociales una compilación de testimonios de personas ciegas, que corroboran la “buena labor de la institución” pero de las carreras solo quedó la chambonada, pues entre los testimonios de los ciegos que votaron contentos y bien, se encuentra el de una persona que ni siquiera sabe el sistema de lectoescritura Braille.
Lo que queda claro de todo este ejercicio es que el instituto necesita un revolcón y si el señor Parra es una persona sensata, debería renunciar, pues no es posible que ante los medios siga dando respuestas políticamente correctas, pero que en nada aportan a la real solución a los problemas que plantea la población a la cual se supone, sirve el instituto.
He insistido en varios escenarios que la población tiene que pronunciarse no solamente en redes sociales, sino jurídica y políticamente para que estas cosas no sigan ocurriendo. El ciudadano tiene el deber de realizar control social, fiscal y político a las actuaciones de los servidores públicos pues ellos, se deben al ciudadano y no están puestos allí por casualidad. Es urgente la revisión a las actuaciones del INCI y es un llamado a los conglomerados de personas ciegas en el país, pues el INCI, es parte del Estado y como tal, debe rendirle cuentas y representar bien, a la población objeto de su existencia.
Adenda: Avanza silenciosamente en el Senado el trámite de aprobación de la ley Lleras. Ley que perjudica directamente a las personas ciegas y con baja visión en el país y el INCI no dice nada.
