A diferencia de años anteriores, en la actual coyuntura electoral la variable ambiental aparece con mayor fuerza y visibilidad dentro de la agenda de los candidatos presidenciales y la opinión pública que sigue con interés lo expuesto por los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.
Y es así, por las evidencias y las preocupaciones que deja el Cambio Climático, pero especialmente, por las diferencias que se marcan entre los candidatos a la Presidencia en relación con el mantenimiento o no de la política minero-energética y en general el modelo de desarrollo y de propiedad rural que se vienen aplicando en Colombia, especialmente desde Pastrana, pasando por Uribe y terminando con el gobierno de Santos.
En un reciente foro[2] organizado por la Andi[3], tres candidatos a la Presidencia de Colombia se encontraron para debatir sobre la viabilidad técnica y socio ambiental del fracking[4]. Germán Vargas Lleras (Cambio Radical[5]), Juan Carlos Pinzón[6] e Iván Duque Márquez[7], únicos presentes en el evento, coincidieron en reconocer en dicha técnica la posibilidad de obtener recursos económicos para que Colombia continúe el camino de convertirse en “un país desarrollado”.
Con algunos matices y el llamado a adoptar precauciones y a mantener la exploración “tradicional” de hidrocarburos, los tres candidatos de la derecha y la ultraderecha claramente apoyan la actual locomotora minero-energética de Santos y es claro que de llegar a la Presidencia, cada uno sostendrá las actividades extractivas y consolidaría el modelo de reprimarización de la economía.
Aunque no asistió a dicho foro, el también candidato presidencial, Gustavo Francisco Petro (Movimiento Progresistas), plantea un cambio rotundo en el modelo y en varias ocasiones ha hecho referencia a re iniciar el proceso de industrialización para generar riqueza y financiar los proyectos sociales de la “Colombia Humana”[8], al tiempo que se disminuyen los niveles de producción de gases de efecto invernadero y se adoptan otras medidas para evitar seguir contribuyendo al agravamiento de las circunstancias que ya impone el Cambio Climático.
Así entonces, sobre la arena electoral aparecen dos perspectivas de desarrollo. De un lado, los candidatos del Establecimiento[9], Vargas Lleras, Iván Duque Márquez y Juan Carlos Pinzón, que, bajo el discurso de la sostenibilidad débil, insisten en mantener las condiciones en las que se viene realizando la extracción de materias primas y recursos del subsuelo; y del otro lado, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro Urrego, quien, bajo una idea de sostenibilidad fuerte, abiertamente se opone a mantener y extender en el tiempo la política minero-energética.
Al diario La República, Petro[10] le dijo: “sostengo que impulsar un serio proceso de industrialización implica reformar el agro, incentivar el cooperativismo y la asociatividad, fortalecer la banca pública, disminuir las rentas, hacer una reforma tributaria pro producción, hacer saltar sustancialmente el presupuesto de la educación pública, reformar el sistema pensional, y fortalecer el mercado interno y latinoamericano”[11]. Para hacerlo, el ex alcalde de Bogotá señala que “para reemplazar las rentas petroleras, la propuesta es explotar el campo colombiano, hacer que las 15 millones de hectáreas fértiles, de las cuales solo se usan seis, se puedan utilizar de forma correcta”[12].
Lo cierto es que Colombia tiene un débil aparato productivo, hecho que se explica por el carácter precapitalista de las élites de poder, en tanto que creen en el mercado, pero en condiciones controladas. Es decir, no creen en la libre competencia, y por el contrario, promueven prácticas monopólicas, que terminan dando vida a acciones de “cartelización empresarial”. Lo hizo en su momento el sector de los ingenios azucareros, hecho por el que la Superintendencia de Industria y Comercio[13] les impuso en 2015 una millonaria multa.
Por encima de la apuesta de una ética ambiental distinta, tal y como la sostenibilidad fuerte, huelga recordar las acciones del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien adoptó una política conducente a explotar los recursos del subsuelo de manera sistemática, sin mayor vigilancia y supervisión por parte de los órganos de control (Contraloría y Procuraduría), y en general una política agraria de claro favorecimiento a la agroindustria cañera y palmicultora.
“La política que se pretende implantar – y se dan pasos firmes en ese sentido- es un modelo agro-business que implica, entre otros, una mayor concentración de la tierra, una explotación intensiva poco preocupada de un desarrollo sostenible y la expulsión de la población campesina…La explotación intensiva de zonas de amplia biodiversidad como son los bosques tropicales y semi tropicales conllevará su destrucción…Reprimarizar la economía colombiana conducirá –inexorablemente- a elevar la renta de la propiedad rural, aumentar su participación en el ingreso nacional, particularmente en aquellas áreas donde se realicen los cultivos de exportación: plátano, palma africana, biocombustibles y madera aserrada…”[14]
A lo anterior se suma, una precaria institucionalidad estatal, sujeta históricamente a los intereses de una reducida élite que de tiempo atrás se alzó con el Estado para controlar la política económica y, por esa vía, mantener las condiciones de domesticación socio ambiental y conservar el poder político.
Enfrentar esa realidad, tal y como lo propone Petro Urrego, constituiría no solo un cisma político en las entrañas del poder tradicional, sino que exigiría un profundo cambio cultural que rebasa los alcances de un periodo presidencial de cuatro años.
Si bien son enormes e inocultables los estragos medio ambientales que deja el extractivismo en los diferentes sectores (oro, carbón y petróleo, entre otros), no son menos las pérdidas de biodiversidad que deja la agroindustria, en particular aquella asociada a los monocultivos de la caña de azúcar y la palma africana, recientemente. Es decir, la producción de biocombustibles tampoco se puede mirar como la panacea para desarrollar el país, especialmente, a costa de ecosistemas valiosos que terminan degradados por la acción de dichas actividades económicas.
Es claro entonces que poco importa cuál perspectiva del desarrollo triunfe, mientras se mantengan las condiciones en las que opera el Estado, especialmente cuando a las élites de poder las guía un ethos mafioso que se entronizó en la sociedad y en la burocracia estatal. Se suma también, que las relaciones entre sociedad y naturaleza poco responden a consideraciones de sustentabilidad, dado que los mismos problemas de gobernanza ambiental se agravan por la pobreza extrema que agobia a millones de ciudadanos que sobreviven en zonas selváticas, de montaña, en pueblos y ciudades capitales.
Valdría la pena, antes de discutir qué tipo de desarrollo es el que más se adecúa a las condiciones socio ambientales y culturales y a las realidades políticas de un Estado que tiene graves problemas de legitimidad y de presencia homogénea en el territorio. Hay que revisar muy bien qué significa para cada uno de nosotros esa condición de país biodiverso, el lugar que le damos a los ecosistemas y a las especies vegetales y animales que allí conviven. Cuando resolvamos estas inquietudes, quizás entonces, y sin la mezquindad de unos y otros, podamos llegar a consensos que hagan viable eso que llaman el “desarrollo sustentable”.
Eso sí, esa discusión no podrá adelantarse sin aceptar que la humanidad afronta graves dificultades para mantener el actual modelo de sociedad capitalista. Hay que leer y escuchar a Enrique Leff, quien claramente califica como crisis ambiental-civilizatoria, el actual estado de las relaciones entre sociedad y naturaleza:
“La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobre explotación de la naturaleza; es la perdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad”[15].
Por supuesto que será mucho pedir para los candidatos Duque, Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado y Ramírez, quienes solo piensan en llegar al Estado para consolidar el actual Régimen de poder y el “estado de cosas inconstitucional” en el que sobrevive Colombia de tiempo atrás. Por el contrario, Petro está planteando la discusión en los términos de la ecología política, pero muy pocos en el país están en capacidad y en el interés de dar el debate. Por ahora, la urgencia para todos los candidatos presidenciales es llegar a la Casa de Nariño. Mientras tanto, las sistémicas problemáticas ambientales deberán esperar.
[2] Véase: http://www.portafolio.co/economia/candidatos-presidenciales-debatieron-sobre-petroleo-fracking-mineria-y-regalias-514787
[3] Asociación Nacional de Industriales. Agente de la sociedad civil, que de manera continúa apoya al actual Régimen de poder.
[4] Véase: http://elpueblo.com.co/el-lugar-del-fracking/
[5] Registró su candidatura como un movimiento ciudadano por firmas, para ocultar que es el jefe y propietario del Partido Cambio Radical. Varios miembros de dicha colectividad afrontan investigaciones por corrupción y disímiles delitos
[6] Inscribió su candidatura por firmas. Ideológicamente es cercano al ex presidente, ganadero, caballista y latifundista, Álvaro Uribe Vélez.
[7] Es el ungido de Uribe Vélez y hace parte del movimiento Centro Democrático (CD. Aunque este 11 de marzo se someterá a una consulta, en la que se definirá si él será el candidato del CD y de una parte de la derecha colombiana. Compite con el anulado ex procurador general de la nación y fanático religioso, Alejandro Ordóñez Maldonado y la conservadora, Martha Lucía Ramírez.
[8] Nombre que aglutina el proyecto social, económico y ético-político que Petro implementó en su paso por la alcaldía de Bogotá.
[9] Incluye a Humberto de la Calle Lombana, candidato por el Partido Liberal.
[10] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/191239
[11] Tomado de: https://www.larepublica.co/especiales/propuestas-gustavo-petro/una-economia-que-no-dependa-de-la-mineria-y-extraccion-de-hidrocarburos-2601171
[12] Ibid. https://www.larepublica.co/especiales/propuestas-gustavo-petro/una-economia-que-no-dependa-de-la-mineria-y-extraccion-de-hidrocarburos-2601171
[13] Véase: http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-empresarial
[14] Misas Arango, Gabriel. Régimen político, corrupción y organizaciones criminales. EN: Políticas públicas para Colombia. Cerec. Fescol. 2006. Págs. 94-95.
[15] Leff, Enrique. Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores. 2004. p. ix.
