Los temas que la gran prensa bogotana y los candidatos presidenciales intentan posicionar en la actual coyuntura electoral de 2018, tienen que ver con combatir la corrupción, la inseguridad en las calles, ajustar el modelo de desarrollo extractivo y mejoramiento del aparato productivo que finalmente lleve al país a detener el proceso de reprimarización de la economía; la calidad de la educación, disminuir la pobreza y avanzar en equidad; y finalmente, y perdiendo cada vez más fuerza en la opinión pública y publicada, asegurar el éxito del proceso de implementación del Acuerdo Final, firmado con las Farc.
Si miramos con atención las posibilidades de avanzar en cada uno de los temas-problemas propuestos por los candidatos a la Presidencia, así como las formas y los procedimientos para asegurar la superación de las dificultades más apremiantes del país, pasan por la construcción y consolidación de un Estado-nación que le sirva a todos, sobre la base de una compartida idea de lo colectivo y de lo público.
Si en algo parece haber consenso académico es que Colombia es un Estado débil, precario, en proceso de consolidación por las formas diferenciadas en las que hace presencia en determinados territorios, y cooptado y capturado por mafias de todo tipo, sostenidas en muchas ocasiones por los propios Partidos Políticos. Al escuchar a los candidatos, pocos o casi que ninguno alude a la imperiosa necesidad de consolidar un Estado eficiente, decente, moralmente superior a sus asociados; y capaz de proponer un orden jurídico-político legítimo, justo, viable y perenne.
A lo mejor, saben que asumir esa tarea implicaría desmontar el actual régimen de poder y ninguno está dispuesto a proponerlo y mucho menos, a intentarlo si alguno de los presentes candidatos llega a la Casa de Nariño. Quizás recuerdan lo que sucedió con Álvaro Gómez Hurtado, quien habló, en el contexto del Proceso 8.000, de desmontar el Régimen de Poder. El ex designado a la Presidencia señaló: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va a Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mi me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente«.(Revista Diners 303, junio de 1995).
Así entonces, cada candidato a la Presidencia habla de los temas que cree que maneja, o supone que les preocupan a las grandes mayorías. Por ejemplo, Vargas Lleras habla de recuperar la seguridad con sus frentes ciudadanos (¿nuevas Convivir?), pero no advierte varios asuntos problemáticos: el Estado colombiano no conserva, para sí, el monopolio de la renta, de la justicia y de la violencia. La solución que expone el candidato de la Derecha y la ultraderecha, la piensa asentar sobre debilidades estructurales del Estado[1], que se expresan en la lábil institucionalidad que exhiben las instituciones comprometidas en los objetivos que se propone alcanzar Vargas Lleras: la Policía y la propia Fiscalía, por ejemplo.
Los demás candidatos aluden a temas similares, sin entrar en la discusión alrededor del tipo de Estado[2] que tenemos y hemos construido entre todos los colombianos, por acción u omisión. De la debilidad y de la precariedad del orden político establecido se han beneficiado, históricamente, una clase dominante a la que jamás le interesó consolidar un orden justo, con sentido de lo colectivo. Por el contrario, a esa misma élite le conviene mantener la labilidad estatal porque su riqueza. fortuna y su poder político lo han alcanzado gracias a esa circunstancia contextual.
Colombia, Bucaramanga, octubre 25 de 2015. Los bumangueses acudieron a las urnas para elegir los pr
Marco Palacios, en su libro Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994, señala que “desde sus orígenes el Estado republicano se había mostrado incapaz de asegurar la estabilidad política. Los partidos y sus facciones luchaban por conducir administraciones en bancarrota crónica… la fragilidad de la administración pública puede explicarse en buena medida por su incapacidad de extraer impuestos a las clases propietarias que, con diversas razones y ardides, redujeron el reino de la ciudadanía a los electores calificados y ampliaron el universo de contribuyentes a todos los consumidores. El Estado colombiano, al igual que todos los latinoamericanos y aun muchos europeos, puso patas arriba uno de los principios clásicos de la democracia que pretendía practicar: <<no hay impuestos sin representación>>. La abrumadora mayoría de los habitantes tenía sus derechos políticos recortados y sostenía con sus impuestos un Estado que representaba los intereses de las clases altas” (Norma- Vitral. 1994. págs. 44-46).
Por lo anterior, ni Vargas Lleras, De la Calle, Fajardo, Petro, Caicedo y mucho menos Ordóñez, Duque y Ramírez, se atreven a cuestionar a quienes haciendo parte del Establecimiento, solo han trabajado para mantener la flaqueza estatal. Por ello no cuestionan al banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y a las cabezas visibles de los otros emporios económicos que se han fortalecido a costa del Estado y de su negativo proceso de consolidación como un tipo de orden justo.
Así entonces, al escuchar las “propuestas” de los candidatos presidenciales, queda la sensación de que sus aspiraciones políticas no solo son de corto plazo o coyunturales, sino que la eventual llegada de cualquiera de ellos al Solio de Bolívar, obedecería más a la aspiración, propia de ególatras, de “quedar” en la historia política del país, que realmente buscar la transformación de lo que por años viene funcionando mal a lo largo y ancho del territorio nacional.
El primer paso para consolidar un Estado justo, legítimo y viable, pasa por la necesidad de proscribir el ethos mafioso que ha guiado a los políticos profesionales en Colombia, a gran parte de la clase empresarial y al grueso de agentes de la sociedad civil y a una parte importante de la sociedad. El segundo, se daría a partir de la firma de un real Pacto Político entre los verdaderos dueños del país, quien gane la Presidencia y el grueso de la sociedad. Para dar ese segundo paso, todos tenemos que sentirnos avergonzados del tipo de Estado que hemos construido y asumido.
Imagen tomada de El Tiempo
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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2012/04/quien-la-conviene-la-debilidad-del.html
[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2012/04/quien-le-conviene-la-debilidad-del.html
