No es que sea algo nuevo en nuestro país, de hecho frases como «Me acabo de enterar» o «Reducir la corrupción a sus justas proporciones» son la prueba de que este fenómeno está arraigado en nuestra cultura desde hace mucho. Pero en 2017 y gracias a todas las nuevas formas de comunicación, se nos hizo mucho más evidente que el problema más grave que tiene el país es la costumbre de quienes eobastán en el poder para apoderarse de nuestros recursos.
Transparencia Internacional estimaba el costo de la corrupción en Colombia en cerca del 1% del PIB por año, antes de los escándalos recientes. Y, en 2016, Colombia ocupó el puesto 90 entre 176 países en su Índice de Corrupción, algo que no mejorará después de este año.
Estos fueron algunos de los casos más sonados de este año:
- Odebrecht: Sin lugar a dudas el máximo escándalo de corrupción de este año que involucró a senadores, empresarios, ministros, candidatos y hasta el mismo presidente de la República. En este caso la multinacional brasileña pagó US $4.6 millones en coimas a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia. Igualmente, el único banco público en Colombia, el Banco Agrario, también se vio involucrado por un crédito de $120.000 millones otorgado a Navelena.
Algunos de los implicados fueron: El exiveministro de Transporte Gabriel García quien aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y celebración indebida de contratos, fue condenado a cinco años de prisión y, pese a que recibió US$6.5 millones de la firma brasileña, solo deberá pagar 63 millones de pesos. El exsenador Otto Bula a quien se investiga por hacer lobby para beneficiar a Odebrecht, actualmente está pendiente de la confirmación de verificación de preacuerdo con la Fiscalía a cambio de información. Las investigaciones contra Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos por recibir dineros durante las campañas fueron archivadas por el ente investigador en cabeza de Néstor Humberto Martínez. Igualmente, el parlamentario Bernardo Miguel Elías Vidal, Ñoño Elías, está siendo investigado por los sobornos recibidos.
2. Luis Gustavo Moreno: Al zar anticorrupción de la Fiscalía, se le acusó de recibir dinero a cambio de entorpecer las investigaciones al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Moreno quien ha aceptado cargos, ha decidido colaborar con la justicia y destapó el que luego se conocería como el Cartel de la Toga, ya que él era pieza clave dentro de un grupo que direccionaba expedientes de personas investigadas por el alto tribunal a cambio de millonarias sumas de dinero.
3. Cartel de la Toga: De la investigación contra Moreno se conoció otro caso más de corrupción que involucrada a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino; y al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo. Todos investigados por presunta responsabilidad en la exigencia de millonarias sumas de dinero para archivar, desviar o anular procesos penales, entre los que se encuentran algunos de parapolítica, el escándalo de la DNE y otros de corrupción.
4. Gustavo Villegas: El exsecretario de Seguridad de Medellín fue capturado y acusado por presuntos nexos con la ‘oficina de Envigado’. villegas buscaba hacer un proceso de sometimiento de las bandas criminales ante la justicia ordinaria. que implicaba beneficios para los criminales diferentes a los que establece la justicia ordinaria. Por el momento Villegas tiene medida de aseguramiento intramural en la cárcel el Yarumito.
5. Cartel de la Hemofilia: En Monteria, funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación se habrían apropiado de al menos $44.000 millones por medio de falsos tratamientos No POS a enfermos ficticios con la citada patología entre 2013 y 2015. Alfredo Ceballos Blanco, ex coordinador del Programa Ampliado de Inmunización de Córdoba fue condenado a solo 8 años y 8 meses de prisión. Este caso se relaciona con Luis Gustavo moreno, ya que el entonces Fiscal anticorrupción estaría entorpeciendo las investigaciones al cambiar a la fiscal que adelantaba el caso, Marta Inés Sepulveda, por Daniel Fernando Díaz Torres, a quien le había designado, al parecer, la misión de frenar las investigaciones; además que estar cobrando 1.500 millones de pesos para no judicializar a los implicados.
6. Musa Besaile: Al senador del Partido de la U, capturado por la Fiscalía, se le acusa de haber pagado cerca de 2 mil millones de pesos a cambio de evitar una orden de captura en su contra por parapolítica.Contra Musa Besaile pesan 19 anotaciones en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales 13 fueron archivadas, cinco siguen activas y está por definirse una más por parapolítica.
7. Programa de Alimentación Escolar: La Fiscalía adelanta investigaciones en 13 departamentos del país en los que se detectaron posibles actos de corrupción en el PAE, el programa que promueve el complemento alimenticio de niños y jóvenes en los colegios vulnerables del país. En este caso, el desfalco superaría los 140 mil millones, ya que en los contratos se encontraron sobrecostos en alimentos como pechugas de pollo a $40.000, panes a $400 y huevos a $900. Los departamentos más afectados han sido Norte de Santander, Santander, La Guajira, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Amazonas y Sucre. En 2016 más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de servicios, según la Contraloría.
8. Justicia en Meta: Tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio y 24 funcionarios judiciales del Meta señalados de hacer parte de una red de corrupción judicial que favorecía a delincuentes a cambio de fuertes sumas de dinero. Las investigaciones aseguran que los integrantes de esta red operaban desde el 2013 en los distritos judiciales del Meta y Cundinamarca.
9. Regalías en La Guajira y Córdoba: En los dos departamentos la Contraloría dijo encontrar irregularidades en la celebración de contratos para la ejecución de dineros provenientes de las regalías y que debían ser destinados a salud, educación y agua. En Córdoba por ejemplo se utilizó la figura de la contratación directa por Ciencia y Tecnología para desviar al menos 60.000 millones de pesos, y en La Guajira la inversión para agua potable y saneamiento solo ha sido de 9% durante los últimos 10 años.
