De fueros y desafueros

Que Ernesto Samper Pizano esté dispuesto a “renunciar” al fuero presidencial que el Acuerdo Final reconoció a los ex presidentes, y que por condición de expresidente tiene, corresponde a una estrategia política con la que el ex mandatario renueva su apoyo a la JEP, en medio de las acciones legislativas al interior del Congreso con las que las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático y del Partido Conservador, buscan dilatar y modificar sustancialmente el Acuerdo Final de Paz.

Pero también, con su disposición de presentarse ante los magistrados de la jurisdicción especial de paz, busca provocar y hacer reaccionar, en particular, a los ex presidentes Uribe y Pastrana, hoy aliados para torpedear el proceso legislativo que busca aprobar la Ley Estatutaria que dará vida jurídica y política al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y para acabar de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”, llevando a la Casa de Nariño a quien ellos consideren que puede cumplir con la tarea de incumplir lo que se pactó en La Habana, a nombre del Estado colombiano.

El diario El Espectador recoge apartes de la misiva enviada por Samper Pizano (1994-1998) a la Presidenta de la JEP, Patricia Linares: “No me escudaré en el fuero que nos han extendido a los expresidentes en los acuerdos de paz para excusar mi participación y responsabilidad en la búsqueda de la verdad de las víctimas, que es la razón de ser de la justicia con verdad, que ustedes presiden y la que necesita este país para recuperar la paz de su conciencia… Invito a mis colegas expresidentes a que hagan lo propio: sería un acto de transparencia histórica que agradecerán las nuevas generaciones de Colombia”[1].

Más allá de si se trata de una estrategia o de una provocación política, en la propuesta de Samper Pizano se pueden vislumbrar, entre otros asuntos, una postura ética que, aunque tardía, bien puede servir para instaurar en Colombia una ética pública que reivindique el papel del Presidente de la República y de la Presidencia como institución política, afectados en gran medida por la entronización de ese ethos mafioso que la sociedad colombiana en su conjunto acogió y del que sectores de poder económico de la sociedad civil (empresarios y banqueros) supieron sacar provecho y sobre el que han soportado sus decisiones electorales al apoyar no solo las candidaturas de Samper, sino las de López Michelsen, Belisario Betancur, Turbay Ayala, Pastrana Arango y por supuesto, las de Álvaro Uribe Vélez; sobre este último, huelga recordar que los grandes ricos respaldaron la fina cirugía constitucional con la que se logró la reelección presidencial inmediata, modificación constitucional lograda sobre la base de las prácticas del señalado ethos mafioso. Recuérdese que dicha reelección fue comprada al interior del Congreso (Yidis política) y legitimada por empresarios, banqueros, militares, Iglesias, los medios masivos y la Academia.

En el mismo anuncio del ex mandatario, involucrado en el escándalo del Proceso 8.000, se expone con claridad el enorme error que se cometió en la mesa de diálogo de La Habana al no acordar las partes, llevar ante la JEP a quienes en su calidad de Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas, son responsables, política y jurídicamente, de lo que hicieron o dejaron de hacer los hombres y mujeres que estuvieron bajo sus mandos a lo largo de 53 años de guerra.

Todos los ex presidentes colombianos deberían de pasar por la JEP, y de esta manera, proponerle al país más que un nuevo pacto de paz, un Pacto Ético-Político que permita a todos los actores sociales, económicos y políticos proscribir actitudes, acciones y decisiones cercanas al ethos mafioso con el que mantenemos hoy no solo relaciones y transacciones de todo tipo, sino con el que camina, a pesar de todo, las institucionalidades estatal y privadas. Se cree que solo existe corrupción en las institucionales estatales, cuando es claro y evidente que en empresas privadas el ethos mafioso guía la acción de presidentes de corporaciones, gerentes y administradores de todo tipo.

Así entonces, lo expresado por Samper debería de servir para convocar a un gran debate ético, con el objetivo estratégico de desmontar el clientelismo, las prácticas mafiosas, el dolo y todo aquello que nos hace ver ante el mundo como una sociedad corrupta, un Estado moralmente cuestionado e inviable y una institución presidencial sostenida en buena medida por los mezquinos intereses de una clase dirigente y empresarial sucia, cicatera y criminal; la misma que hoy, haciendo uso de sus fichas en el Congreso, quiere impedir la entrada en funcionamiento de la JEP porque saben que varios de sus miembros tienen mucho que esconder por la responsabilidad que les cabe por los crímenes de lesa humanidad que auparon, al apoyar a los grupos paramilitares, el brazo armado de la Derecha de este país.

Es hora de abandonar fueros y empezar a contribuir con la Verdad Histórica de lo sucedido en 53 años de guerra, reconociendo la comisión de todo tipo de desafueros. A lo mejor así, se confirma que un ex presidente, en especial para el caso de Colombia, no es más que un testigo protegido de las redes de corrupción.